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Falleció en misión del Indert y el ente sigue sin responsabilizarse

Este artículo tiene 8 años de antigüedad

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sigue sin tomar medidas de seguridad para los funcionarios que viajan al Chaco en misión de trabajo, pese a que hace dos años el topógrafo Carlos Perrens falleció en condiciones que pudieron haber sido evitadas. Así informaron fuentes del sindicato de la institución, en conversación con este diario.

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Perrens había perdido la vida en Nueva Asunción, de Mariscal Estigarribia (Boquerón), zona Miguelete (a 315 km al norte de Filadelfia), tras haber caminado unos 50 kilómetros en busca de ayuda luego de que se averiara la camioneta en la que viajaba con otros funcionarios. Tuvo que hacer ese recorrido pues el ente envió la misión en un solo vehículo, no en dos, como recomienda el protocolo de trabajo, y la camioneta ni siquiera contaba con radio comunicador.

En conversación con este diario, el interventor de la Dirección de Región Occidental del Indert, Carlos Soler, dijo que hace más de un mes no se envían comisionados al Chaco y que anteriormente estaban haciéndolo con dos camionetas y ambas con intercomunicadores. Soler interviene hasta el 22 próximo la dependencia mencionada, cuya titular es la abogada María José Acuña, supuestamente a los fines de mejorar la recaudación, verificando los lotes por los que aún no se han pagado.

Presionan a la familia

Nuestro diario se comunicó también ayer con los familiares del funcionario fallecido, y estos lamentaron que hasta hoy –dos años después– la administración del ente, presidida por Justo Cárdenas, sigue sin pagar la indemnización correspondiente, considerando que la muerte fue en plena misión laboral y, según los datos, por una “criminal negligencia” del instituto.

Karina Perrens, hija del exfuncionario, informó que, pese a haber recurrido a instancias judiciales, que salieron favorables a las pretensiones de la familia, el Indert sigue sin hacerse responsable del fallecimiento y del pago de la indemnización de G. 294 millones, más intereses y costas, fijadas por el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, Arnaldo Martínez (Asunción).

Ya en abril del año pasado había salido la resolución de pago de la indemnización, pero en el Indert se negaron a cumplir; al contrario, según los datos, lo que hicieron fue condicionar a la familia con el desistimiento de su demanda para el desembolso. La familia se negó a firmar el acuerdo que plantearon en el ente.

“Este año, otra vez fuimos convocados para recibir la indemnización, bajo el mismo acuerdo; o sea, plantearon lo mismo. Nos volvimos a negar, y fue por eso que le demandamos, por ese reclamo del pago”, señaló.

Otra intervención

Soler fue consultado acerca de esta diferencia con la familia Perrens, y el funcionario se excusó diciendo que desconoce el proceso. Entre tanto, informó que desde hoy se intervendrá la Dirección Jurídica de la institución, “por negligencia”, tras una reciente imputación contra Cárdenas.

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