El decreto que establece los lineamientos generales para la programación, elaboración y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales se emite anualmente para el 30 de abril y se constituye en la base del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que será remitido al Congreso para su aprobación.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, dijo ayer a periodistas que este proceso en donde se definen los lineamientos va a ser muy importante llevarlo adelante con el equipo de transición del gobierno electo y es por eso que desde la cartera se pusieron a disposición.

Todas las instituciones deberían hacer lo mismo porque ya entramos en un proceso de transición y el traspaso de mando es clave para que continúen implementándose las políticas y evitar una situación de paro, dijo la ministra luego de participar de la presentación del primer “Glosario Financiero del país”, evento llevado a cabo en el Citicenter.

Técnicos de la cartera informaron luego que el proyecto de decreto de lineamientos ya se envió a consideración de la Presidencia de la República, porque por una cuestión de plazo legal están obligados a que se emita antes de finalizar abril.

En principio, explicaron los técnicos, es similar a lo que se dio a conocer para la elaboración del proyecto de presupuesto 2018, que hoy está en vigencia. Sin embargo, indicaron que se aguardará al equipo de transición para introducir los cambios que reflejen los planes del gobierno electo.

Esto teniendo en cuenta que el gobierno de Mario Abdo Benítez será el encargado de presentar el proyecto de presupuesto 2019 al Congreso. El plazo para ello vence el 1 de setiembre.

Los lineamientos generalmente cierran la posibilidad de que las entidades introduzcan aumentos salariales, ya que esto se define a nivel político en la última etapa de elaboración del presupuesto. En cambio, introducen pautas para el área de consumo de servicios públicos, combustibles, telefonía y servicios de alimentos, más los límites para los gastos corrientes, como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otros.

Un motivo de líos

En los últimos dos años, el estudio del presupuesto en el Congreso generó fuertes roces con el Ejecutivo, porque en 2016 el presidente Horacio Cartes vetó totalmente el plan de gasto 2017 aprobado por el Legislativo y esto obligó a repetir el presupuesto 2016; y el año pasado vetó parcialmente los aumentos salariales que se incluyeron en el Legislativo para 2018, aunque esta vez los parlamentarios rechazaron la objeción.

Con esta decisión adoptada, el presupuesto vigente asciende a G. 73,5 billones (US$ 13.375 millones) y tienen asignados 298.183 cargos públicos.