Harán lobby con inversionistas por emisión forzada de bonos soberanos

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, y el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, irán a los Estados Unidos para realizar lobby con los inversionistas y tratar de contrarrestar las críticas en torno a la ilegalidad de los bonos soberanos que serán colocados en marzo.

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Las autoridades económicas están preocupadas porque el fuego cruzado entre el Ejecutivo y la oposición en el Congreso genere dudas en los inversionistas y termine impactando en las tasas de interés que deberá pagar el Estado por la colocación de los bonos soberanos (por las realizadas anteriormente se pagan entre 4,62% y 6,10%).

El ministro Peña y el titular del BCP, Fernández Valdovinos, encabezarán una delegación esta semana para realizar lo que se denomina el “roadshow” o presentación ante los inversionistas para promocionar los bonos.

El viaje a Estados Unidos fue confirmado a través del Departamento de Prensa del Ministerio de Hacienda, desde donde se señaló que sería en las próximas semanas.

El evento con las autoridades se realizó para la primera colocación de 2013, por US$ 500 millones, porque en aquel entonces Paraguay salía por primera vez al mercado internacional bajo la presidencia de Federico Franco (PLRA). Luego se repitió para la segunda en 2014, cuando se emitieron US$ 1.000 millones ya con el Gobierno de Horacio Cartes (ANR).

Para la emisión de 2015, por US$ 280 millones, y del año pasado por US$ 600 millones, las autoridades no necesitaron trasladarse a dicho país porque Paraguay ya era conocido y las colocaciones se hicieron desde la oficina de Hacienda.

El Gobierno emitirá este año hasta US$ 558 millones; de esto, US$ 500 millones en el mercado internacional y US$ 58 millones a nivel local. El 57% será para “bicicletear” la deuda vencida y el resto, para pagar obras de infraestructura.

La emisión no tiene la autorización del Congreso y se respalda en una medida cautelar de la Corte Suprema, emitida tras una solicitud de “certeza constitucional”, figura inexistente en la Constitución.

Legisladores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado sostienen que el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley al Congreso para su aprobación, caso contrario la operación será ilegal y no obliga al Estado.

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