En el 2001, cuando la presidencia de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) era ocupada por Carlos Antonio López, la estatal contrató a Ariel Blanco Amarilla, que en ese entonces contaba con la edad de 29 años, según los antecedentes. Algunas fuentes indican que Blanco Amarilla siempre fue un funcionario privilegiado, porque además de no cumplir el horario de 07:00 a 15:00 como figura en su contrato, tampoco está obligado a registrar entrada y salida de la institución.
Al respecto, el exjefe de la asesoría jurídica de Essap, que ahora es síndico, Eduardo González Báez, explicó que los abogados no están obligados a cumplir horario porque se les asignan casos judiciales que deben atender fuera de la institución.
Refirió que Blanco Amarilla es de familia liberal, no es del Partido Colorado como la administración actual, y además cumple su trabajo. Es un profesional experto en derecho Civil, argumentó.
Por su parte César González, actual jefe de la sección, dijo que hasta hace poco Blanco Amarilla atendía 15 causas judiciales y hoy tiene a su cargo 21, además de sumarios administrativos a funcionarios.
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Facilitó una lista de casos a cargo de Blanco A., entre ellos varios juicios sobre un mismo tema, como es el caso de “Aguas de San Lorenzo SA”, sobre “ejecución de sentencia” y “acción de amparo”, además de juicios por regulación de honorarios.
“Si bien no cumplo horario, hago mi trabajo. Atiendo varios juicios, sumarios administrativos a los funcionarios. Hago dictámenes internos sobre casos específicos que me piden”, señaló ayer a ABC el citado abogado. Reconoció que también atiende casos particulares, porque trabaja en una oficina de abogados, lo que no le impide atender los casos de la Essap, afirmó.
Por otro lado, los antecedentes dan cuenta de un raro caso en 2011 que involucra a Blanco, publicado en los medios cuando Essap salió beneficiada en una demanda que le entabló el Banco Central por una deuda de US$ 34 millones. El juez Miguel Ángel Rodas dispuso el finiquito, archivamiento de la causa y la exoneración de las costas.
Blanco Amarilla y Jorge Gómez Buongermini, otro abogado de la Essap, recurrieron a la justicia para pedir la nulidad de la sentencia judicial favorable a Essap. La calificaron de arbitraria y violatoria del debido proceso, ya que se dictó antes de resolverse distintos recursos planteados por las partes. El abogado fiscal de Hacienda, Walter Canclini, argumentó en un escrito en el mismo caso que resultaba “inaudito e increíble” que la Essap apele un fallo que le exoneraba de pagar una deuda millonaria. Solicitó enviar los antecedentes a la Contraloría, Función Pública, al Ejecutivo y la Essap.