Las tierras que hoy se conocen como “Chino Cue” pertenecieron a un grupo de 12 orientales, quienes en 1977 compraron 18.732 hectáreas ubicadas en el distrito altoparanaense de Itakyry. La adquisición se hizo de la firma Palo Verde SA, según la escritura pública.
Como estas personas nunca llegaron a ocupar la propiedad, se generó un escenario propicio para que a lo largo de los años aparezcan supuestos apoderados de los orientales para transferir fracciones en compraventas de dudosa legitimidad (ver historial de fechas).
Así también, con el tiempo fueron ingresando campesinos paraguayos a este inmueble, porque la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario establece mecanismos legales para recuperar tierras (anulación de títulos, expropiación, compra, etc).
Debido a esa ocupación, en el 2003 se promulga la Ley 2327, por la cual el Estado declara latifundio improductivo y expropia 4500 hectáreas del sitio en cuestión y, a partir de ese momento, más campesinos fueron ingresando a las tierras.
Tras la promulgación de la ley de referencia, dos orientales, propietarios de 10.000 hectáreas de Chino Cue, efectúan un primer intento de cobrar al Estado paraguayo, ya que del total expropiado, 3.500 hectáreas estaban a nombre de esas personas. Se trata de Zuisho Hayashi, ciudadano japonés, y el chino Lai Ching Tuenn.
Desde Tokio (Japón), Hayashi otorga en junio de 2004 un poder especial a Ching Tuenn, para que este gestione la indemnización correspondiente. A su vez, el chino da un mandato en julio del mismo año a la Abog. paraguaya Mirta Aguayo, para que sea esta quien realice los trámites a nivel local, ya que él vivía en EE.UU.
Los intentos de cobrar a Paraguay la indemnización fueron infructuosos, según lo que había explicado Aguayo a ABC, con quien contactamos hace unos meses. La excusa que le daban en Indert era la falta de recursos, aunque la sospecha era que en el ente esperaban algún tipo de “incentivo”, es decir, coima.
En diciembre de 2007, el japonés vuelve a dar un poder al chino desde Tokio, no para gestionar la indemnización, sino para que venda el total de las 10.000 hectáreas de Itakyry. Extrañamente, en este caso la firma de Hayashi es radicalmente diferente, lo cual hasta hoy nadie pudo explicar. Haciendo uso de este nuevo mandato, Ching Tuenn se encargó personalmente de gestionar las compraventas en Paraguay. La abogada Aguayo había explicado que nada sabía al respecto, ya que a ella no le informaron que dejó de ser la apoderada de los orientales.
La historia se complica todavía más cuando aparece un nuevo mandato, firmado el mismo mes, exactamente diez días después, pero en la ciudad de Iracema, Brasil. El documento, que revoca automáticamente al anterior, transfiere derechos sobre las mismas tierras a una escribana paraguaya de nombre Wilma Cabrera. El poder fue firmado por el japonés, el chino y otros orientales que eran dueños de más fracciones de la propiedad.
Si bien el poder otorgado en Tokio fue invalidado automáticamente por el segundo, que fue otorgado en Iracema, ambos mandatos se siguieron usando por vías diferentes.
En abril de 2008 se registra la primera transacción de 5.604 hectáreas, que supuestamente Ching Tuenn vende personalmente en Paraguay (con base en el poder caduco) a un ingeniero agrónomo llamado Héctor Vidal Garay. En el mismo mes, el chino transfiere otras 3.500 hectáreas a la misma persona.
Los orientales venden también 1.175 hectáreas a familiares y allegados de Garay. Al igual que en las escrituras públicas anteriores, se desconoce la legitimidad de estos documentos. Estas personas, a su vez, supuestamente vuelven a transferir en un corto lapso esta superficie al abogado Amilcar Marecos Reyes.
A esas alturas, Tierra de Negocios SA (TNSA) era una empresa nueva, creada en marzo de 2008 (un mes antes de las ventas señaladas) exclusivamente para comprar las tierras en cuestión, como se supo después.
En abril del mismo año, los entonces senadores Silvio Ovelar, Mirtha Vergara de Franco y Enrique González Quintana presentaron un nuevo proyecto de expropiación de otra parte de Chino Cue, 6.715 hectáreas, de las cuales 5.604 hectáreas afectan a la superficie transferida.
Entre noviembre y diciembre del mismo año, aparece en escena TNSA, que forma parte del grupo empresarial Agrofértil, propiedad de los hermanos Sarabia. Esta empresa compra el total de 10.300 hectáreas de Garay, Marecos y un tercero, presunto pariente de Garay.
¿Pero quiénes son estos supuestos vendedores? Tanto Garay como Marecos trabajaban en Agrofértil. Es decir, TNSA compra las tierras de intermediarios, sus propios empleados, y crea así la figura del tercer comprador “de buena fe”.
En abril de 2010 se promulga la Ley 4040 y se expropia la otra parte de las tierras supuestamente compradas por esta firma, como si la única intención fuese montar todas estas dudosas transferencias para cobrar al Estado indemnizaciones por expropiación.