ITAKYRY (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El abogado Lugo afirmó que unos 15 hombres permanecen armados en la zona, pese a la intervención de la Policía. Lo que hacen es simplemente internarse en el monte cada vez que aparecen los efectivos policiales, para luego volver al lugar del conflicto, acotó.
Los aborígenes están desamparados de acuerdo con los datos, porque ni el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ni otra institución pública les ha dado aún ayuda efectiva, y lo más precupante, según las fuentes, es que los afectados no tienen techo ni carpa bajo los cuales refugiarse. El comisario zonal, Jorge Luis López, confirmó ayer que las víctimas están temerosas e indefensas.
Ante esto, pasarán la noche en comunidades vecinas, cuyos líderes se solidarizaron con ellos. Lugo anunció que hoy denunciarán a Marcos Torales, abogado de la firma acusada del desalojo, INPASA, y a Roberto de Souza, gerente de la empresa. Será ante la Fiscalía Adjunta en Ciudad del Este. Paralelamente, los fiscales Adolfo Santander, de Minga Porã, y Alfredo Acosta, de Hernandarias, investigan el hecho.
En contacto con ABC Cardinal, el titular del Indi, Aldo Zaldívar, dijo ayer que el equipo jurídico de la institución tomó cartas en el asunto.
Nuestro diario intentó comunicarse también con el representante de INPASA, Roberto de Souza, pero su celular (con terminación 257) daba apagado. Quedamos abiertos a recibir su versión.
El sitio del conflicto está cerca de un área conocida como “Colonia Colorado’i”, a unos 10 km de Itakyry, hacia San Alberto, en Alto Paraná. Fuentes policiales dijeron a nuestro diario que en esa misma zona hay varios asentamientos indígenas, con diversas denominaciones, y que la afectada (3 de Julio) tenía al parecer otros ocupantes, cuyo cacique habría llegado a un acuerdo con INPASA para trasladarse hacia Hernandarias, para lo que incluso se desarmó la escuelita que funcionaba allí para reconstruirlo en el lugar acordado. Sin embargo, otro grupo de nativos habría reocupado la parcela hoy en conflicto.
Las fuentes admitieron que esos datos surgen de versiones dadas por la empresa, que alega también que tiene documentos que acreditan que esa parte del terreno les pertenece y no forma parte de las reservas indígenas. La Policía admite que este caso solo lo pueden definir el Indi y la Fiscalía.
A últimas horas de ayer, una patrullera hizo otro recorrido por la zona, y la situación estaba en cierta calma. No se ha agravado, según las fuentes consultadas anoche.