El abogado agregó que si bien en principio el proyecto tenía como objetivo proteger la salud de la población infantil y adolescente, promoviendo una alimentación saludable y nutricional en establecimientos de educación inicial, escolar básica y educación media de instituciones públicas y privadas, derivó en un proyecto que abarca mucho más, ya que, según su art. 1º, tiene por finalidad la prevención y control de la malnutrición y las enfermedades asociadas a ella, en niños y adolescentes, a través de “estrategias integrales y medidas regulatorias pertinentes”.
Además, sus disposiciones son “de aplicación obligatoria” a todas las personas naturales o jurídicas que producen, fabriquen, importen, suministren, distribuyen y/o comercialicen alimentos destinados al consumo humano, así como a los responsables de la publicidad de dichos productos.
Añade que el proyecto establece también medidas para la protección del público objetivo contra la “malnutrición y enfermedades asociadas a ella”, la adopción de “medidas regulatorias y fiscales que permitan aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y reducir el acceso a productos no saludables” y el establecimiento de “aranceles impositivos diferenciados para alimentos con alto contenido calórico y/o en sodio y de bajo valor nutricional entre otros”.
El abogado agregó que preocupa al gremio el hecho de que se desconocen cuáles serán estas medidas regulatorias y fiscales, así como las tasas y los “aranceles impositivos diferenciados” que gravarían los alimentos con alto contenido calórico y/o en sodio y bajo valor nutricional.
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“Este último es de particular importancia, ya que debemos recordar que, por disposición constitucional, “nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley”, manifestó.