La empresa de telefonía móvil Tigo y Saturno SA, la operadora de televisión por cable de Fernando de la Mora, se estarían exponiendo a la anulación de sus licencias porque el artículo 66 de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, establece claramente que “los derechos otorgados por el Estado (licencias o autorizaciones) son intransferibles, salvo previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“La inobservancia de esta condición produce la anulación automática de la autorización o licencia”, dice taxativamente el artículo en referencia.
Como la norma no menciona la venta de clientes, Tigo firmó un acuerdo con Saturno SA, propiedad de Ignacio Viveros, para absorber la cartera de clientes de esta última (alrededor de 1.700 usuarios de televisión por cable). La transacción comercial se habría cerrado en US$ 500.000.
De esta manera, Tigo evitó pedir la transferencia de licencia como hizo en 2012 al comprar CVC (Cable Visión Comunicaciones), que tenía la exclusividad de la transmisión del fútbol local.
Eduardo González, titular de Conatel, anunció el lunes la apertura de una investigación para determinar si el negocio fue legal o no. Ratificó que ninguna empresa se puede vender sin permiso de Conatel. En dos semanas estaría listo el resultado, según dijo.