Pese a que el colapso prematuro de las calzadas asfálticas es un problema de larga data, la solución “de rigor” del Ministerio pasa por la clásica “política del recapado”, sin importar que las sucesivas reparaciones de U$S 100.000 el km, continúen incrementando el costo final de las rutas hasta convertirse en formidables agujeros negros para los contribuyentes, lo que demostraría que el pingüe negocio del recapado podría seguir vigente hasta que el MOPC implemente tecnologías constructivas que superen la durabilidad actual de las calzadas asfálticas.
No resulta extraño que el MOPC históricamente se haya aferrado a un patrón de diseño basado en el empleo a ultranza del asfalto (cuyo precio se fija en otros escenarios), “industria” que solo termina por beneficiar a un grupo bien específico de constructores, más a la cadena de comercialización que hay detrás. Y teniendo en cuenta que los imparables deterioros (por lo general prematuros) que se dan en las costosas rutas asfálticas es una historia de nunca acabar, podría atribuirse fundamentalmente a la política vial errada que fue tozudamente implementada en el MOPC a favor de los intereses de las asfalteras, que cargarán sobre las espaldas de las futuras generaciones.
Rutas que resisten el sobrepeso y el tiempo
En 1989, durante la gestión del exministro Porfirio Pereyra Ruiz Díaz al frente de MOPC, se construyó en la Ruta IV, desde San Ignacio al Km 29 (en un tramo experimental de 18 km), una calzada de hormigón simple (sin armaduras) de 18 cm de espesor y 6,5 m de ancho (que también soporta la circulación de camiones con exceso de cargas), característico en nuestras rutas.
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Hoy, a más de dos décadas de su entrada en servicio, el comportamiento de este tramo experimental de hormigón es inobjetable; su estado es impecable, no presenta deficiencia alguna y a la fecha el MOPC no invirtió un guaraní en su conservación. La durabilidad demostrada por este tramo experimental podría sincerar los programas carreteros y significar el fin de los negociados viales.
Esta tecnología constructiva atentaría contra los intereses de la vialeras, cuyo “negocio” se basa en “repetir” los recapados (bacheos, reparaciones, restitución, reconstrucción, etc.), y demostraría que el negocio de las asfalteras “depende” de las decisiones de los funcionarios técnicos, y del papel que desempeñan los políticos responsables de turno del MOPC, obstinados en mantener el “sistema” de recapados (cada 2 o 3 años a más de 100.000 dólares el km), a favor de empresas que “expolian” al Estado paraguayo, y que sumado las “intermediaciones” en torno a los préstamos que alimentan el sistema, explicaría por qué el negocio asfaltero en nuestro país está profundamente enraizado.
Un viso de solución
En su momento, el exviceministro, Ing. Samuel González anunció que se hormigonaría parte de esta Ruta IV a un costo de US$ 350.000 el km. Esta decisión pudo haber cambiado la historia en el Paraguay en lo referente al “negocio” del recapado, más teniendo en cuenta que el precio del cemento, principal insumo en este tipo de calzadas, no está sujeto a los impredecibles vaivenes que imprevistamente agita al mercado mundial del crudo
Pero semejante atrevimiento al parecer tuvo su precio. La gigantesca ganancia de las asfalteras no sería posible sin la conveniente “miopía” de los funcionarios técnicos, y a la indolencia de gerenciadores políticos de turno, si decidieran prestarse a este macabro negociado en detrimento del pueblo.