Lamentan utilización del PGN 2018 para buscar votos, violentando la ley

“No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal”, se lee en el artículo 7° inciso 3 de la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal.

Al respecto, Ferreira sostiene que con la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, cuyo tratamiento se prevé hoy en el Senado, “virtualmente se estaría derogando de hecho otra ley, la de responsabilidad fiscal”. El artículo citado, que aprobó este Gobierno, “dice que los aumentos salariales (públicos) pueden aprobarse en la misma medida en que existan aumentos del salario mínimo. Pero el mismo Ejecutivo plantea una derogación de facto, al permitir aumentos salariales mayores en el PGN 2018”, señaló.

Hizo luego referencia a una publicación del titular de Diputados y de la ANR, Pedro Alliana, en su cuenta de Twitter, acerca de que este el primer Gobierno “que dignificó verdaderamente a los docentes” al aprobar que cobren salario mínimo, lo cual no es cierto. “No es que no ganaban el mínimo, sino que no trabajaban las ocho horas, trabajaban seis y cobraban un salario proporcional. Entonces, lo que preocupa es que desde el propio Gobierno se impulse la derogación de facto de la ley de responsabilidad fiscal y que nadie está protestando”, alegó.

También recordó que en el 2012 se generó un déficit de 1,7% en relación al PIB, tras aprobarse un aumento de 38% en promedio en el sector público, que le costó al Estado US$ 800 millones por año. “En ese entonces no se le jodió a (Fernando) Lugo como se pretendía, sino que nos jodieron a todos, porque el país entró en déficit y nunca volvió a salir. Y para que no pase más, se impulsó una ley de responsabilidad fiscal y el Gobierno de Cartes consiguió la sanción y ahora se olvidó de que eso existe”, añadió.

Para Ferreira “es muy preocupante” que la ministra de Hacienda, Lea Giménez, no esté saliendo al paso de todo esto y que, al contrario, haya consentido los aumentos violatorios.

Por el electoralismo

A su vez, Barreto advirtió que es probable que aprueben un presupuesto con fuertes ajustes salariales y ampliaciones en gastos corrientes. “El electoralismo es cada día más fuerte y la polarización va creciendo. Es una pena que se utilice el presupuesto para buscar votos cuando el presupuesto ya está desfinanciado”, lamentó.

Según lo explicado, no hay margen para seguir aumentando el PGN 2018, pues el déficit fiscal es muy elevado y la deuda crece continuamente. Por eso, lo más probable es que, al no haber mayor recaudación, se terminen reduciendo la inversión y gastos sociales para cubrir los incrementos proyectados. No obstante, acotó que no pierde la esperanza de que en el Senado “prime un mínimo de racionalidad”.

Ayer, al final de la tarde, Hacienda sacó un comunicado para decir que “el Equipo Económico pide al Congreso no afectar compromisos del Estado en materia social e inversiones para el 2018” y que “el 8% adicional solicitado por los docentes tiene un costo anual de US$ 56 millones, lo cual no afecta solo al 2018, sino que se traslada a años siguientes”. Aboga también por los bonos, pues “una disminución de las partidas presupuestarias de los bonos soberanos destinados a la administración de pasivos, por US$ 300 millones, también implicará que estos compromisos asumidos en el pasado por el Estado sean cubiertos con Ingresos Tributarios”.

Analizan hoy presupuesto

Desde las 9:00, el Senado analizará en sesión extraordinaria el proyecto de ley de PGN 2018, que tiene media sanción de Diputados y que quedó en G. 73,6 billones tras modificaciones introducidas al proyecto del Ejecutivo.

La senadora Blanca Lila Mignarro, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, señaló ayer al término de una reunión con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, que las citadas ampliaciones se han corregido en base a una reestructuración realizada en esta instancia. Con estas modificaciones, el proyecto volverá a la Cámara Baja donde necesitarán mayoría absoluta (41 de 80) para ratificar su versión. En cuanto a los bonos, el Senado mantendría el proyecto del Ejecutivo de emitir por US$ 600 millones.