En enero pasado, el diputado liberal presentó el proyecto de ley de “casco inteligente”, tecnología aún no aprobada por organismos nacionales, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), según se informó.
El objetivo del proyecto es obligar a los motociclistas a comprar un casco y una motocicleta compatible con la tecnología propuesta por el Ing. Mario Jara. El casco y el biciclo estarán conectados electrónicamente, por lo que será imposible que arranque el motor sin que el motociclista tenga puesto su equipo protector.
El tema preocupa a los fabricantes de motos, pues el diputado Buzarquis aún no ha informado sobre la disponibilidad del equipo tecnológico a los socios de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores. La audiencia programada se postergó para una fecha indefinida.
La nota del gremio dirigida a Buzarquis dice que la tecnología debe tener una patente “genérica”, porque, de lo contrario, se estará propiciando un monopolio tecnológico. Si esto es así, las fábricas tendrían que pagar un canon o regalía a la empresa o a la persona que inventó el casco inteligente.
Además, las empresas señalan que las ordenanzas municipales ya obligan a los motociclistas a usar el casco convencional. Por lo tanto, es cuestión que las autoridades hagan el control callejero, ya que el problema es la falta de su uso.
Los asesores técnicos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal también expresaron su inquietud, porque el proyecto impone una obligatoriedad a las comunas pese a que tienen autonomía.
El diputado dijo que estar consciente sobre la importancia de lo planteado, por ello convocará de nuevo a otra audiencia para analizar el proyecto, pues considera que es de vida o muerte para miles de motociclistas.
Prevenir accidentes
Burzarquis elude una respuesta directa a estos cuestionamientos, pero reconoció que su proyecto tiene puntos de difícil solución, ya que existen los antecedentes de las leyes de seguro obligatorio y de inspección técnica vehicular. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 3850/09 de ITV y la del SOAT fue derogada.
El diputado liberal precisó que hay que debatir sobre el tema, porque su intención es reducir las muertes por accidentes de tránsito. Aseguró que el Estado invierte mucho dinero para combatir el dengue, pero muy poco para prevenir accidentes, que ocasiona más muertes.
Afirma que el Estado gasta entre US$ 80 a 100 millones por año para atender a accidentados y casi nada en prevención.
Aclaró que el 70% de los accidentados atendidos en Emergencias Médicas son motociclistas. Los médicos indican que muchos de ellos conducen alcoholizados, pero no pueden demostrar con estadísticas porque no someten a un análisis de alcoholemia a los pacientes.
El legislador dijo que es hora de que las autoridades municipales, la Policía Caminera, Emergencias Médicas y los fabricantes de motos analicen este problema, porque no se debe seguir permitiendo la muerte o la mutilación de miles de motociclistas.