Legisladores recargan a ciudadanía con la nueva jubilación de médicos

El Ministerio de Hacienda asegura que el régimen de jubilaciones para profesionales médicos aumentará el déficit de la Caja Fiscal y su financiamiento recaerá en el futuro sobre toda la ciudadanía que paga los impuestos.

En los últimos cinco años la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal acumula un déficit de US$ 813 millones, según informe del Ministerio de Hacienda. Ese saldo rojo se financia de la siguiente manera: US$ 624 millones, que corresponden al sector de militares y policías, con recursos genuinos del Estado (dinero de todos los paraguayos), mientras que el restante US$ 189 millones, que corresponden a docentes, con el superávit del sector civil, conformado por administración pública, docentes universitarios y magistrados judiciales.

El informe de Hacienda, remitido en su oportunidad al Senado para pedir que se rechace el proyecto de ley, dice que el régimen de jubilación de médicos acelerará el deterioro de las finanzas de la Caja Fiscal, ya que pagarán más beneficios con el mismo aporte del 16% y no se identifica ninguna otra fuente de ingresos.

Además, en los últimos cinco años el superávit del sector civil ya cayó 73% y las proyecciones indican, según el viceministro de Economía, Humberto Colmán, que si no se toman medidas, este sector entraría también en déficit desde el 2021.

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Hacienda había advertido al Congreso que con el nuevo régimen para médicos, el pasivo no financiado de la Caja Fiscal se incrementaría en el futuro en 3,5% del PIB en valores de 2019, lo que equivale a unos US$ 1.400 millones, y esa situación es insostenible, afirma.

A pesar de toda esta advertencia, Diputados y el Senado decidieron rechazar el veto parcial del Ejecutivo y promulgar la ley para su implementación. La ley que será promulgada, entre otros puntos, reduce la edad mínima de retiro vigente de 62 a 55 años, aumenta la tasa de sustitución del 47% al 90%, que es lo que directamente implicarían mayores recursos para cubrir la jubilación por lapsos mayores.

Aporte de 12,5 años

La nueva ley permitirá a los médicos, si así lo desean, jubilarse con 12,5 años de aporte y sin edad mínima, llevando 50% de su salario. El Estado asumirá no solo el déficit, sino también el costo de contratar otro profesional que reemplace al jubilado.

A esto se suma otro proyecto de ley que está pendiente en el Legislativo, impulsado por los jubilados del sector administrativo, que piden actualización de haberes al nivel del salario de funcionarios activos, que se cubriría también con el superávit del sector civil.

El Ejecutivo, en su argumentación del veto, dejó en claro que el Estado es el garante implícito de la seguridad social; los déficits que se generan por desequilibrios entre beneficios otorgados y aportes, finalmente serán cubiertos con impuestos pagados por todos, lo que es muy regresivo, dado que solo el 22% de la población ocupada tiene acceso a seguridad social.

En tanto los médicos y algunos legisladores, como la senadora Desirée Masi (PDP), alegan que el régimen no generará ningún déficit “en la primera década”, aunque sí después, por unos US$ 2 millones.

El analista Amílcar Ferreira también sostuvo que esta jubilación no generará déficit. “Son 295 médicos nada más, del total de 7.500 que trabaja para el sistema público, los que estarían jubilándose. Después tenés un promedio de 75 médicos por año”, dijo. Según Hacienda, hay 7.105 médicos dependientes del Ministerio de Salud (contratados 3.232 y nombrados, 3.873).

Proyecto de reforma

El Ejecutivo ante el nuevo escenario en materia de jubilaciones en el sector público, decidió acelerar el proceso de presentación de un proyecto de ley de reforma integral de la Caja Fiscal, que hoy cuenta con 60.519 jubilados de diferentes instituciones públicas. A través de un comunicado difundido anoche, Hacienda informó que la propuesta se presentaría este año, “con el propósito de asegurar la sostenibilidad financiera y permitir el aumento de la cobertura”. Además, se estará presentando una propuesta que permitirá dotar al sistema de una entidad especializada de regulación y supervisión. Con esto, dice la cartera, buscarán frenar otras iniciativas de modificación de la ley que profundizarían aún más las finanzas de la Caja de Jubilaciones.

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