La nueva legislación pasará esta semana a consideración de la Presidencia de la República para su promulgación o veto, aunque el Ministerio de Hacienda ya anticipó que presentará esta tarde al Equipo Económico Nacional (EEN) la recomendación de objetar la ley.
Uno de los puntos cuestionados por los técnicos de la cartera fiscal es que el gremio docente solicita que a partir de los 20 años de servicio se puedan sumar hasta tres hijos como años de servicio. Esto, añaden los técnicos, implica que la intención de fondo es poder acceder a la jubilación anticipada a los 42 años de edad, con solo 22 años de aporte.
Sostienen que con este panorama habrá que cubrir un periodo de pasividad del orden de los 28 años, cuando la tendencia mundial es a jubilarse a partir de 65 años para arriba.
Otro de los cuestionamientos señala que con la nueva ley se busca que el periodo considerado para la remuneración base (salarios y otros ingresos), que se considera para el cálculo de su jubilación, se reduzca a los últimos tres años de salarios, en lugar de los últimos cinco como rige para todos los demás sectores.
Dicen que esto va en contra de la intención generalizada de extender el periodo considerado para la remuneración base, dada la tendencia demográfica y que aceleraría la insostenibilidad de la Caja Fiscal.
Además, generaría “incentivos perversos” en los últimos años de trabajo con menores incentivos al aporte y esfuerzo laboral. Además, prevé el aumento de la tasa de sustitución del 83% al 90% y del 87% al 93% de su remuneración base (porcentaje de la remuneración base que se llevan como jubilación), señalaron.
Agregan que el objetivo primordial del sistema jubilatorio es mantener el consumo en la etapa pasiva, con lo cual la tasa de sustitución, normalmente, se ubica en alrededor del 70%; una pretensión excesiva que significa más beneficios, pero con los mismos aportes.
Alertan que en un periodo de 40 años, el déficit actuarial de la Caja Fiscal llegaría a los 13.241 millones de dólares, de otorgarse los mayores beneficios, lo que representa el 53,6% del PIB.