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La determinación de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, tras la infracción, fue de aplicar un pago impositivo que rondaría los G. 50.000.000 en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicio (Iracis), más multas, por considerar en sus registros, facturas de proveedores cuestionados, de acuerdo con un dictamen de los auditores de Tributación que acercaron hasta nuestro diario.
Según el reporte, las facturas fueron emitidas por Global Sales & Service SRL, Treo Mencantil e Industrial SRL, Lone Star Com. e Ind. y Serv SRL, y fueron cuestionadas por Tributación ya que las mismas integraban un esquema para evadir impuestos.
Las mismas también fueron proveedoras de Panal. Durante las pericias de la SET se confirmaron que estas empresas nunca contaron con una estructura para prestar servicios y tampoco con las mercaderías referidas en los conceptos de las propias facturas.
Notificación
Hasta ayer los directivos de Cabal no recibieron aún la notificación de la SET sobre la aplicación impositiva, según confirmó a nuestro diario el Lic. Rubén Alvarenga, gerente general de la entidad, quien confirmó la existencia de facturas de los proveedores citados por prestaciones de servicios a la entidad, y que fueron auditados por la SET a raíz de estas conexiones.
Acotó que todos los proveedores de la entidad pasan por un proceso de verificación de validez de las facturas, como los vencimientos del timbrado, fecha de emisión. Empero, agregó que resulta imposible verificar la conexión que pueden tener sus proveedores o el grado de cumplimiento con el fisco.
Agregó que las empresas de buena fe son víctimas al caer en este tipo de errores involuntarios a falta de un sistema más efectivo para detectar a las empresas que no están en regla.
El caso conocido como megaevasión es un esquema montado por Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Berhtand G. para evadir tributos. El perjuicio en este caso trepa a G. 340.000 millones. De las 310 empresas implicadas, la SET ya aplicó medidas contra varias, lo que derivó en más de G. 54.000 millones en concepto de recargos y multas.