El pacto se plantea como un acuerdo serio y responsable, en el que los partidos políticos que están pugnando por una banca en el Congreso Nacional se comprometan ante la ciudadanía a cinco puntos como mínimo (ver infografía), que podrían ser más.
Rojas sostiene que la iniciativa tendría como objetivo principal la responsabilidad fiscal, la transparencia y seriedad en el estudio y discusión del presupuesto público.
La analista propone que el pacto social, entre otros, establezca que toda las iniciativas de gastos permanentes que nacen en el Parlamento sean financiadas con nuevos ingresos permanentes y los de carácter no permanentes, con ingresos no permanentes. Además, que las modificaciones de cada línea del anexo de personal deban estar sustentadas en un protocolo, de modo que puedan ser monitoreadas por la ciudadanía en general.
También plantea que el proyecto estatal se formule bajo la técnica de presupuesto por resultados, que el Poder Legislativo tenga la función de contralor de los recursos distribuidos en el presupuesto y que al Poder Judicial se le asigne el 3% del presupuesto de la administración central.
Rojas sostiene que la ciudadanía tendrá el poder de efectuar el seguimiento y control de cumplimiento de las acciones pactadas entre los partidos políticos.
Leyes prioritarias
Asimismo, se sugiere que el pacto social incluya leyes que son prioritarias para el desarrollo económico-social que ameritan sean estudiados con celeridad a nivel del Legislativo, dictámenes emanados de la Corte Suprema de Justicia que vulnera la acción del Estado (acciones de inconstitucionalidad, interpretaciones sobre la tributación, entre otros); medidas de políticas y métodos para abordar los problemas sociales y económicos a los que debe enfrentarse en el país para combatir la pobreza y la exclusión social, de niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad.
Igualmente, se recomienda lograr consensos entre los principales actores respecto de la orientación de las principales políticas económicas y sociales que son ámbitos que interesan a la negociación colectiva.
La analista puntualiza que los beneficios del pacto social permitirían al país conciliar intereses diferentes en los que los retos económicos y sociales son de gran importancia; un manejo previsible de problemas socioeconómicos al conseguir equilibrar en alguna medida las dimensiones sociales y las económicas; oportunidad interesante para impulsar una mayor participación de las organizaciones sociales y ciudadana en general al entregarles el poder de seguimiento y control de cumplimiento; transparencia y rendición de cuentas.
Sostiene que Paraguay se convertiría en un país que tiene claro los objetivos a alcanzar, con metas claras y resultados logrables.
Considera que las diferencias políticas no deben incidir en las reformas que el país necesita para crecer, generar empleos y reducir la pobreza.
Alternativas para calzar
Un análisis señala que los presupuestos se entienden como instrumentos incrementales que tienen importantes componentes inerciales, es decir, el grueso del presupuesto son fondos comprometidos ya sea por aspectos legales, por promesas políticas o por continuidad y operatividad del sector público. En el estudio se sostiene que así como se plantea la situación, el nuevo gobierno tiene dos alternativas para calzar su propio programa: hacer crecer el presupuesto o recortar gastos. Este trabajo cree que Paraguay debe crear las condiciones para transitar de forma sostenible hacia el crecimiento económico y el desarrollo humano, en el que el presupuesto es una herramienta que viabiliza objetivos.