La semana pasada, y en el marco de una despiadada interna colorada por presidir la Junta de Gobierno de la ANR, un grupo de senadores rechazó el “proyecto de ley de garantías para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico”.
Cabe señalar que ese grupo de legisladores colorados tiene como candidato a ocupar la silla de la citada organización partidaria a Mario Abdo Benítez, hijo del ex “secretario privado” del dictador Alfredo Stroessner, quien manejó el país como su estancia particular durante 35 años.
Con el proyecto, devuelto a la Cámara de Diputados prácticamente sin debate, el Estado paraguayo busca otorgar a aquellas inversiones superiores a US$ 100 millones hasta 20 años de “invariabilidad” de la tasa del Impuesto a la Renta, lo que equivaldría a una estabilidad jurídica por ese plazo, previendo que la tendencia legislativa es, generalmente, al cambio intempestivo de las reglas del juego, con la entrada de un nuevo Gobierno.
Consultado sobre el particular, el presidente de la UIP, Ing. Eduardo Felippo, manifestó: “Respetamos a los políticos y sus diferencias, pero lo económico que afecta a todo el país está por encima de intereses sectarios, y por eso debería tener prioridad absoluta”.
Añadió que se debe tener en cuenta la imagen-país, porque esta ley busca justamente dar confianza y convencer a los extranjeros de que vengan. “Pero si se enteran de que el Legislativo y el Ejecutivo no están en la misma línea de proteger a las grandes inversiones, estamos dando señales equivocadas. Este tipo de temas deberían ser publicados, discutidos y acordados por la sociedad antes de llegar al Parlamento”, afirmó.
El Art. 12 del proyecto presentado al Parlamento nacional hacia finales del año pasado establece que cuando la inversión oscila entre US$ 50 millones y menos de US$ 100 millones, y que tengan por objeto el desarrollo de proyectos industriales y productivos, podrá aumentarse el plazo de 10 años previsto para la “invariabilidad tributaria” del impuesto a la renta; y cuando el monto es igual o superior a US$ 100 millones, el plazo máximo es de 20 años.