Supuesta triple corrupción en una posible compra de tierras del Indert

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Una presunta triple línea de corrupción existe en un posible pago de G. 1.731.555.051 por tierras, en este caso por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, según una denuncia del abogado Felino Amarilla, quien dijo que en el ente presidido por el Abog. Luis Ortigoza hay un grupo de funcionarios que reflotan expedientes viejos no finiquitados para ganancias irregulares.

Los documentos del caso demuestran que dichas fincas fueron expropiadas el 8 de julio de 1997, pero el propietario falleció y entonces nadie gestionó el cobro del Estado.

La finca 3.828, que figuraba a nombre de Hans Ulrich Rohde (fallecido), fue embargada por una inventada deuda impositiva de G. 1.795.800 y rematadas irregularmente por un juez de Paz de San Estanislao, por G. 28.581.800, el 4 de mayo de este año. El adjudicado en el remate fue el cuestionado político colorado y exjuez Benjamín Adaro Monzón.

Es importante poner en contexto que Adaro Monzón fue herido de bala el 27 de julio de este año, durante un atentado perpetrado por dos hombres en motocicleta, en Yuty (Caazapá).

“La propiedad ya estaba totalmente invadida antes de ser expropiada en 1997, pero como el dueño ya murió no se hicieron los trámites para que el Estado le pague”, señaló Amarilla.

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Explicó que, según se puede constatar en los documentos, para intentar el cobro irregular, Adaro Monzón se pone de acuerdo con la Municipalidad de Yryvukua, San Pedro, al que pertenece la finca 3.828, e inventan una cuenta catastral y declaran en mora administrativa al contribuyente Hans Adolf Ulrich Rhode (fallecido).

Entonces, el 25 de junio de 2011, el municipio cede todos sus supuestos derechos en concepto de obligaciones tributarias a favor de Adaro Monzón, un año antes de que este compre en remate dicha finca.

El Municipio de Yryvukua fue creado en el año 2000 y no existía cuando las fincas en cuestión fueron expropiadas por el Estado, por lo tanto, no puede generar tributo, deuda ni mora impositiva, y menos sobre una propiedad que ya pertenece al Estado, porque el Estado no puede pagar impuesto inmobiliario.

“Aquí se tiene corrupción municipal, corrupción judicial y corrupción del Indert, que trabajaron coordinadamente en este caso, los otros que se están estudiando dan a sospechar de que conllevan coimas directas”, señaló.

Amarilla recomienda que ante estas situaciones que están saliendo a luz, se investiguen todos los pagos efectuados por el Indert en los últimos cinco años para constatar posibles casos similares como el de Adaro Monzón.

El informe del Indert indica que las tierras de las citadas fincas son aptas para agricultura, ganadería y actividad forestal.

Añade que los ocupantes son 32 familias de campesinos que han raleado totalmente el bosque nativo, los mismos poseen casas y sus chacras cuentan con cultivos de maíz, mandioca y otros rubros de consumo.

“La propiedad tiene una buena ubicación estratégica por encontrarse sobre ruta asfaltada, cercana al distrito de Yryvukua, a 40 kilómetros de San Estanislao y 35 kilómetros de Yasy Kañy. Está casi pegada a varias colonias del Indert y otras poblaciones importantes.

Los valores referenciales de la zona oscilan entre G. 4 millones y 12 millones la hectárea.

El Indert analizó este caso en la última sesión de su consejo asesor como primer punto el expediente N° 800.588/12, de las fincas 3.828 y 6.188 de San Pedro, de 302 hectáreas, que fueron expropiadas en 1997.

De acuerdo con la información, el expediente será estudiado por la asesoría jurídica de la institución y lleva el nombre de Benjamín Adaro Monzón.

Fincas 3828 y 6188

La Municipalidad de Yrybucuá cedió a Adaro Monzón el 25 de junio del 2011 la “deuda impositiva” de la finca 3828, que había sido expropiada de Hans Adolf Ulrich Rhode (fallecido) en el 1997, tres años antes de que se creara dicho municipio, y pasó a favor del IBR (Indert). El ex juez (colorado) Benjamín Adaro Monzón compró la finca 3828 en un remate por G. 28.581.800 el 4 de mayo del 2012, acto judicial “aprobado” en la Circunscripción de San Pedro, el 29 de mayo del corriente. De acuerdo con el informe del Ing. Agr. Darío Clemote, funcionario del Indert, la propiedad costaría entre G. 4 millones y 12 millones la hectárea. Cerca de G. 1.731.555.051, sumando con la finca 6188.