Violando ley de APP, MOPC se dispone a firmar el contrato de las rutas 2 y 7

La constatación de que Sacyr, principal oferente de la modernización del aeropuerto, hizo una declaración jurada falsa, afecta no solo a esta APP, sino también al ensanche de las rutas 2 y 7, en la que Sacyr nunca debió ser oferente, pues la Ley de APP impide concursar a cualquier empresa con trámites judiciales a cuestas. La intención, según revelaron fuentes consultadas, apunta a acelerar la firma de contrato del ensanche de las citadas rutas para asegurar ese negocio, mientras se define la adjudicación del aeropuerto.

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La definición de la adjudicación del contrato de alianza público-privada (APP) para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi debía darse esta semana, pero todo indica que no será así. Fuentes cercanas a la Contraloría y del Ministerio de Obras Públicas creen que el contralor, Enrique García, se “lavará las manos” con un dictamen que no será concluyente, pues “no cuenta con toda la información oficial que revele el incumplimiento de Sacyr”. Ese sería el principal argumento del informe.

En contrapartida, el ministro Ramón Jiménez Gaona y la directora de Proyectos Estratégicos, Claudia Centurión, acelerarían la firma del contrato con Sacyr para la APP del ensanche de las rutas 2 y 7, que ya le habían adjudicado pero la firma del convenio estaba pendiente. Recordemos que el pliego dice que el MOPC puede cancelar una licitación en cualquier etapa antes de la firma del contrato sin incurrir en responsabilidad para el Estado. Aún así, y pese a las múltiples denuncias contra Sacyr, Jiménez Gaona y Centurión quieren asegurar ese negocio con Sacyr, según las fuentes.

En las rutas 2 y 7 se supone que se hará una inversión de 527 millones de dólares, a cambio de la cual le entregarán su explotación por 30 años a un consorcio liderado por Sacyr.

Se trata de la misma empresa cuyos antecedentes de incumplimiento paralizaron la evaluación de las ofertas para la APP del aeropuerto.

La ley que regula los procesos de contratación por alianza público-privada impide ser oferente a cualquier empresa que por sí misma, o a través de filiales, sucursales y otras empresas en las que tengan acciones, posea antecedentes de trámites judiciales. Sacyr tiene demandas en España, en Panamá, en Colombia y más recientes en Chile. En el país andino tiene una veintena de demandas por el desborde del río Mapocho que produjo el incumplimiento de un contrato con el Ministerio de Obras Públicas local. Entre los demandantes está, por ejemplo, el banco BBVA.

En su declaración jurada de integridad para la APP del aeropuerto, Sacyr le mintió al Estado al negar sus antecedentes, según el documento a cuya copia tuvimos acceso y publicamos días atrás.

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