El pésimo intendente Mario Ferreiro y los irresponsables concejales se aprestan a beneficiar a los 1.315 funcionarios de la Junta Municipal de Asunción con un aumento salarial que costará a los contribuyentes casi 1.000 millones de guaraníes en lo que resta del año. Envuelto en una ampliación presupuestaria, el generoso obsequio responde a una iniciativa de la administración municipal y será aprobado hoy por el “órgano normativo, de control y deliberante”, tras un dictamen favorable de su Comisión de Hacienda. Es obvio que no conllevará un aumento de la calidad de vida de la población capitalina, sino un mayor endeudamiento municipal, según la funesta práctica de pedir créditos bancarios para abonar sueldos.
No hay dinero suficiente para bachear calles y avenidas, recoger basuras acumuladas, mejorar el tránsito, concluir el edificio levantado en el Mercado Nº 4 o reparar la Terminal de Ómnibus, pero sí lo habrá para que la Junta Municipal mime a su exuberante plantel de operadores políticos y de paniaguados, algunos de los cuales fungen de cocineros o pintores. Desde luego, si todos ellos concurrieran a su lugar de “trabajo”, no tendrían cabida en el edificio que ocupa el legislativo municipal, de modo que resulta entendible que abunden los planilleros. Su actual presidente, Óscar Rodríguez (ANR), cree que ese cuerpo colegiado podría funcionar con 700 personas, cantidad que también resulta desmedida. Como hay nada menos que 45 funcionarios por edil, cabe preguntarse si asistir a quienes sesionan de ordinario una vez por semana, durante un par de horas, supone la realización de múltiples tareas. Por eso también resulta tan inexplicable que, no teniendo lugar para tantos planilleros, en la Municipalidad abunden los “comisionados” provenientes de la Administración Pública –algunos ocupando altos cargos–, que para recalar allí debieron de lograr algún pedido de las autoridades comunales. Habría que revisar las razones que se esgrimieron para tales solicitudes.
Por supuesto, la enorme mayoría de quienes calientan las sillas en el Palacio Municipal está de más y cobra sin hacer absolutamente nada.
Aunque esos enchufados en el presupuesto municipal quisieran trabajar, no podrían hacerlo por la simple razón de que en la Junta Municipal no hay mucho que hacer. Son un pesado lastre para los contribuyentes, pero figuran en la planilla de sueldos porque los concejales creen justo y necesario retribuir con dinero ajeno algún servicio que hayan recibido o vayan a recibir de ellos, sobre todo en tiempos electorales. Si alegaran que muchos de ellos prestan servicios en otras dependencias municipales, como si fueran “comisionados”, se podría responder que, en tal caso, deben integrar formalmente el personal de la Intendencia. Por donde se lo mire, la irregularidad es flagrante y revela una connivencia de larga data entre los ediles y los intendentes, en perjuicio de la población asuncena. Claro que no todo empezó en diciembre de 2015, cuando quienes hoy ejercen el Gobierno municipal asumieron sus respectivos cargos, pero se había esperado que las cosas cambiaran para bien.
A estas alturas, Mario Ferreiro ya se ha acreditado como el intendente más inútil que ha tenido nuestra ciudad capital, en tanto que la generalidad de los concejales, incluidos muchos de los nuevos, se comportan como los elegidos en periodos anteriores, es decir, ignorando las necesidades de la gente. Desde luego, no se olvidan de las suyas, como se desprende de que la ampliación presupuestaria prevería 265 millones de guaraníes en concepto de viáticos reclamados por excursionistas de la Junta Municipal que no rindieron sus gastos. Más aún, en la Comisión de Hacienda se dijo que se ignoraban sus nombres y su lugar de destino, es decir, una joda total, pero el intendente no tuvo escrúpulos para solicitar la mencionada suma ni la mayoría de los miembros de la comisión para concederla.
Sin duda alguna, el intendente y los concejales aplican a rajatabla aquello de que la caridad empieza por casa, y lo demás –prestar mejores servicios o atender la infraestructura urbana– es secundario. En materia de despilfarros o de corrupción pura y dura apenas hay distinciones político-partidarias. En otros términos, en la Junta Municipal no hay “oficialistas” y “opositores”, sino un comportamiento “transversal”, o un contubernio, en el que las diferencias ideológicas o programáticas no juegan ningún papel. Salvo excepciones, allí existe un amplio consenso en cuanto a la conveniencia de valerse del dinero público para, sobre todo, retribuir favores mediante designaciones y aumentos salariales. Además, parece que allí continúa firme esa política municipal de darle un buen mordisco a las licitaciones públicas, es decir, quedarse con el “vuelto”, como alguna vez apuntó el exconcejal Yamil Esgaib.
En verdad, resulta curiosa la gran armonía que existe en el Gobierno municipal. Allí no surgen conflictos o, en todo caso, son resueltos con prontitud y discreción. Parece que allí rige aquello de que “entre bueyes no hay cornadas”. Lo cierto es que la estrecha cooperación entre la Intendencia y la Junta Municipal se ha logrado a costa del bienestar de los asuncenos. Este “ajuste” salarial, por así llamarlo, victimiza a quienes pagan impuestos, tasas y contribuciones, esperando en vano una contraprestación adecuada a su esfuerzo financiero. Por tal motivo, los asuncenos deben organizarse también para escrachar a quienes, desde los cargos municipales, están metiendo sin parar las manos en sus bolsillos.