Cuarenta y nueve diputados demostraron que tienen mucho que ocultar en materia patrimonial al exigir que una orden judicial preceda a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. Ya en abril de este año, la Cámara Baja había reproducido en el texto aprobado la norma de la Ley N° 5033/13, según la cual el declarante debe permitir a la Contraloría General de la República, “a través de los órganos jurisdiccionales”, que revele los datos por él entregados. Por si acaso, también dispuso que dicho órgano los publique en su sitio web solo “una vez obtenida la autorización judicial respectiva”. Se vuelve a notar así que una amplia mayoría de los diputados se opone a que los ciudadanos, que pagan sus dietas, conozcan el caudal que tuvieron al ocupar y al abandonar sus bancas.
Lo nuevo esta vez fue que no se invocó el derecho a la intimidad, sino la inseguridad a la que estarían expuestos los declarantes. La diputada Celeste Amarilla (PLRA) fue muy clara al sostener que la transparencia permitiría que “cualquiera” acceda a sus datos personales y patrimoniales, así como a los de sus familiares. Consideró “comprometedor” dar a conocer los datos de miles de paraguayos en un país donde “no se le puede ganar a la inseguridad”. Por si se aprobara la transparencia, agregó que ella no debería ser aplicada a los actuales legisladores, por el principio de irretroactividad de las leyes. En verdad, la diputada ya había dado un indicio de su fortuna al contar, por propia iniciativa, que su escaño le costó nada menos que 200.000 dólares. Al revelar el monto de su inversión, quizá muy rentable, a la exproveedora de la Gobernación del Departamento Central no le preocupó en absoluto la inseguridad reinante.
Con el mismo énfasis, su colega Édgar Ortiz (PLRA) señaló que, si no se exigiera una orden judicial previa, un secuestrador o asaltante conocería a través de internet el patrimonio de una persona. Aparte de que solo podría conocer el de aquella que ejerce una función pública, su excusa y la de su correligionaria pondrían al juez interviniente ante un grave dilema: ¿debería o no autorizar la difusión de los datos de los susodichos, por ejemplo, sabiendo que así podrían ser asaltados o secuestrados, aunque cada uno de ellos esté hoy custodiado al menos por dos policías? En efecto, los legisladores tienen guardaespaldas uniformados que cuestan a los contribuyentes 2.100 millones de guaraníes al año, de modo que su temor a la delincuencia parece infundado.
Cabe recordar que este ridículo “argumento” también fue invocado por los bien pagados sindicalistas de las entidades binacionales opuestos a la Ley N° 5282/14, que obliga a divulgar los salarios, así como los viáticos y las remuneraciones adicionales de quienes cumplen una función pública. Es que su seguridad, según dijeron, habría estado en serio riesgo si todo el mundo supiera cuánto ganan.
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Pero hay algo más en el marcado interés de los diputados en que nada se sepa de sus respectivos patrimonios. Ocurre que si sus declaraciones juradas salieran a la luz, más de un ciudadano podría denunciarlos por haber omitido consignar algún bien, con lo que incurrirían en la falsedad por la que está procesado el senador Javier Zacarías Irún (ANR). El cotejo entre las presentaciones que deben hacerse ante la Contraloría –al ocupar y al dejar un cargo– sirve para detectar un eventual enriquecimiento ilícito, siempre que lo manifestado sea cierto. O sea que, por si las moscas, no les conviene que la ciudadanía meta sus narices en una cuestión que podría tener derivaciones penales. Por el referido hecho punible, el Ministerio Público imputó al diputado Ulises Quintana (ANR) e investiga al senador esteño y a su hermano, el diputado Justo Zacarías Irún (ANR), así como a Miguel Cuevas (ANR), expresidente de la Cámara Baja.
Es muy tentador lucrar desde el Poder Legislativo, vendiendo votos o traficando influencias, entre otras fechorías. El mejor modo de ayudar a los legisladores a resistir esa tentación es publicar el estado patrimonial que declararon para que quienes los conocen puedan, en caso necesario, indicar algún olvido. Pero más allá de la colaboración que un ciudadano ofrezca a la Contraloría o al Ministerio Público, es de subrayar que tiene derecho a conocer las cuentas de quienes están a su servicio a cambio de su dinero. No lo tiene para conocer los bienes y las rentas de los demás particulares, por la simple razón de que no les paga un sueldo.
Quienes son solventados con dinero público están sometidos a regulaciones especiales sobre sus declaraciones en materia patrimonial. En tal sentido, la intergubernamental Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que “los intereses y bienes de las autoridades electas, como los legisladores, deberían estar sujetos a declaraciones de bienes separadas y disponibles para todo público”. Así se piensa en la gran mayoría de los 176 países evaluados en 2012 por el Banco Mundial: el 78% de ellos tenía sistemas de publicación de declaraciones juradas de servidores públicos, de los cuales el 91% incluía las de los parlamentarios. Pero aquí se quiere que el Paraguay siga integrando la minoría de países temerosos de la transparencia, por motivos comprensibles pero inaceptables para quienes creen que la corrupción debe ser prevenida y no solo castigada.
El asunto aquí comentado ya fue resuelto en dos instancias judiciales en favor de la transparencia, siendo de esperar la confirmación de la Corte Suprema de Justicia. Ella debe ser mayor cuanto más importante sea la responsabilidad pública, como bien sostuvo el magistrado Pedro Mayor Martínez. La vileza de la Cámara Baja sugiere que sus miembros y sus allegados tienen cadáveres en el armario, que no quieren abrir al escrutinio público. Se impone, pues, que el Poder Ejecutivo vete los artículos del proyecto de ley que atentan contra el derecho de nuestros compatriotas a conocer, sin previa orden judicial, el patrimonio de sus representantes, mal que les pese a quienes no podrían justificar el origen de sus fortunas.