Cuenta la historia que los egipcios de los tiempos faraónicos tenían el hábito de comer en la calle, a diferencia de la costumbre humana posterior, arguyendo que “solo las cosas malas se hacen a escondidas”. Esta referencia anecdótica viene a cuento del infame acuerdo bilateral firmado en total secreto por el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez con el Brasil, por el que nuestro país renuncia alegremente al único beneficio hasta ahora logrado en casi medio siglo de vigencia de la vergonzosa explotación colonialista de que el Paraguay es víctima en la usina hidroeléctrica binacional: el Acuerdo de Compromiso entre ANDE, Eletrobras e Itaipú, firmado el 31 de enero de 2007 en Río de Janeiro, por el cual nuestro país otorgó su conformidad para aumentar la cantidad de unidades generadoras de las 16 existentes hasta esa fecha a 18, obviamente para beneficio exclusivo de Brasil, y asumiendo la mitad del costo que el aumento de la capacidad de la usina implicaba, aunque recibiendo en compensación un magro beneficio, consistente en que la ANDE quedaba autorizada a adquirir la energía excedente a la contratada. Pero el Brasil se apropió –con anuencia del Gobierno paraguayo– de la mayor parte de esa energía “excedente”, al arrogarse un porcentaje similar al de la energía contratada que venía utilizando, dejando una migaja para nuestro país, en vez de la mitad que debería corresponderle.
Pues bien, hasta ese magro beneficio económico obtenido a cambio de uno enorme concedido al Brasil es el que el veleidoso presidente Mario Abdo Benítez acaba de tirar por la borda a cambio de nada, excepto el halago de que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, le dispense el trato familiar de “Marito”. Una total estupidez que, de conformidad con expertos en la materia, le va a costar al consumidor paraguayo de electricidad más de 300 millones de dólares por cuatro años.
Recién con el destape de esta pestilente olla podrida cocinada entre gallos y medianoche en Brasilia entre el acomodaticio embajador paraguayo Hugo Saguier Caballero y un funcionario de tercera categoría de Itamaraty, Pedro Miguel da Costa e Silva, el pasado 24 de mayo, la opinión pública tuvo conocimiento del entuerto. Puede pensarse que se trata de una traición al interés nacional que fue deliberadamente ocultada del conocimiento público, la que de no haber sido por la renuncia del hasta hace unos días titular de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira, el Gobierno lo hubiera seguido ocultando al pueblo, para lo cual nombró en reemplazo del renunciante al ingeniero Alcides Jiménez, un personaje que, fungiendo como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), convalidó las lesivas notas reversales de enero de 1992, por las que el Gobierno del general Andrés Rodríguez entregó la entidad binacional para que el Gobierno argentino la administrara como una repartición propia, con desastrosos resultados para los intereses de nuestro país. Para mayor ignominia, esa concesión fue legalizada por el Gobierno de Horacio Cartes a través del Acuerdo Cartes-Macri, e increíblemente convalidada por su sucesor, Mario Abdo Benítez, quien lo había repudiado durante su campaña electoral.
Retrotrayendo a la memoria de la ciudadanía el trágico hermetismo con que el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner negoció a espaldas del pueblo paraguayo el leonino Tratado de Itaipú, se impone que la ciudadanía reaccione a tiempo –como tiene derecho a hacerlo–, exigiendo al Congreso que invalide con su rechazo este infame acuerdo que perjudica económicamente al país, pues, así como está redactado, imposibilita que el Paraguay pueda atraer inversión extranjera directa para la instalación de una industria centrada en alto consumo de electricidad, como la nueva planta papelera que se instalará en Uruguay con una inversión de US$ 3.000 millones. Y que, a más de representar un campo minado a transitar hacia la recuperación del derecho de igualdad efectiva en Itaipú a partir de 2023, constituye una gratuita sanción económica en perjuicio de nuestro país.
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Esta podría ser la última oportunidad que tiene el pueblo paraguayo para evitar que el Gobierno de “Marito” malogre la histórica ocasión de asegurar la posesión y administración de la mitad de la usina de Itaipú que nos corresponde, tras medio siglo de vil explotación a causa de la falta de patriotismo y de integridad moral de nuestros gobernantes, así como lo hizo impunemente con Yacyretá el Gobierno de Cartes.
Parece que el Presidente y sus asesores no han notado aún que la dictadura ya terminó en el Paraguay, que la ciudadanía está hoy más informada y que ya no está dispuesta a aceptar los desmanes y las entregas de nuestros intereses en oscuras negociaciones, que solo permiten pensar lo peor de nuestros gobernantes y negociadores.