El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) remitió a la directora de este diario una airada carta, en la que afirma haber sido “víctima de una irresponsable y hasta criminal difamación”. Ella habría sido cometida mediante la noticia publicada por ABC Color el 20 de agosto, bajo el título “Alderete entregó G. 3.000 millones a presidente de UIP que defendió acta”. El remitente sostiene que “la publicación no solamente falta a la verdad, sino que con absoluta falta de rigor intenta perjudicar un programa de aceleración de empresas que ha permitido a decenas de compatriotas impulsar sus emprendimientos”.
Ni una ni otra cosa. El título refleja lo que ocurrió, y nuestro diario ha aludido muy brevemente al programa destinado a microempresarios, a título meramente informativo, sin emitir ningún juicio de valor al respecto, ni mucho menos al resultado del mismo.
La primera parte del furioso reproche del industrial se fundaría en que “de ninguna manera se le entregaron los fondos a Gustavo Volpe, como maliciosamente señala la publicación”. Se advierte que el agraviado no se fijó en la introducción a la nota, en la que se lee en letras cursivas que “Itaipú entregó más de G. 3.000 millones del ítem ‘gastos sociales’ a la Unión Industrial Paraguaya para ‘fortalecer a microemprendedores’”. Y agrega que “fue durante la administración de José A. Alderete en la binacional y con Gustavo Volpe, quien defendió el acta entreguista, como titular del gremio”. Si leyó lo transcrito, pero no pudo interpretarlo correctamente por resultarle muy oscuro, podríamos traducirlo así, para su mayor tranquilidad: Itaipú no le dio plata a Gustavo Volpe, sino al gremio que él preside. Su reacción a la nota fue tan apresurada como la de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) al apoyar, el 27 de julio, la misma entreguista Acta Bilateral que su presidente pasó luego a calificar, el 20 de agosto, de “absolutamente incorrecta”.
Como señalamos, la segunda parte de su enérgica acusación –de que este diario quiere perjudicar un programa de “aceleración de empresas”– es del todo antojadiza. En la nota referida solo se lee que el acuerdo firmado en diciembre último, entre Itaipú Binacional y la UIP, implicó la entrega de G. 3.400 millones “sin licitación alguna”. Allí no se objeta, en absoluto, la ejecución del programa ni se pone en duda la tarea del Departamento de Proyectos de la UIP, como se afirma en la carta comentada. Eso sí, este diario siempre ha criticado que los “gastos sociales” de las entidades binacionales sean utilizados discrecionalmente por sus autoridades y por el presidente de la República, sin ser aprobados por el Congreso ni auditados por la Contraloría General de la República. Se trata de un dinero público que debe integrar el Presupuesto Nacional y su aplicación debe ser controlada por los órganos competentes. Es lo que sostuvimos, por ejemplo, el 5 de marzo de este año, al cuestionar también que la Iglesia Católica haya aceptado que la “ruta de la espiritualidad” sea financiada por el mismo rubro de la Entidad Binacional Yacyretá.
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En consecuencia, acá no se trata de casos puntuales en sí mismos, sino a una cuestión de principios, que mucho tiene que ver con la transparencia, es decir, con el combate a la corrupción, tan criticada también, con justa razón, por la UIP. Lo que se cuestiona es el empleo arbitrario y descontrolado de los “gastos sociales”.
Gustavo Volpe informa que la suma recibida de Itaipú Binacional es depositada en “una cuenta separada de las cuentas de la UIP y auditada permanentemente por la binacional”. Está muy bien que así sea, pero muy mal que las cuentas de “la binacional” escapen a la revisión de la Contraloría. Los emprendimientos podrán ser útiles y estar ejecutados de la mejor manera, pero resulta inadmisible que la selección de las entidades beneficiarias y de los proyectos, así como el examen de las erogaciones, queden en las exclusivas manos de las autoridades de las entidades binacionales y, de hecho, del jefe del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, le explicamos una vez más al titular de la UIP que no nos ponemos en tren de jueces de los resultados de los programas de la entidad, sino que nuestra mira está puesta en el origen de los fondos, una fuente oscura, cuestionada desde antaño.
A propósito, desde septiembre de 2018 está arrumbado en la Cámara Baja un proyecto de ley que prevé incorporar al Presupuesto “los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales”, pues ellos se estarían distribuyendo con “absoluta discrecionalidad, sin contar con presupuestos medibles que permitan cuantificarlos y, por ende, ejercer un control eficiente”. Es una iniciativa sensata, porque, mientras tanto, cualquier repartija de dinero que realizan las entidades binacionales caen bajo el manto de la duda, y puede dar pie a la sospecha de que el financiamiento de proyectos como el de la UIP y la “ruta de la espiritualidad” sirvan justamente como propaganda para encubrir los demás despilfarros que las autoridades de turno realizan con fines clientelísticos.
El señor Volpe cree que esta “es una oportunidad de poner un freno a la serie de ataques que viene recibiendo la UIP por haber sentado una posición sobre un asunto con el que luego guardamos prudencia hasta tener todos los elementos”. O sea que antes fueron imprudentes, tanto como lo es la pretensión de “poner un freno” a este diario, que obviamente no se dejará amedrentar por exabruptos. Habla también de “una abierta difamación no solo a mi persona sino a una institución que tiene 83 años de labor y de prestigio”. Ni por asomo existe tal cosa. En verdad, asusta constatar que el autoritarismo no es privativo de quienes ejercen una función pública, siendo de esperar que los dirigentes de la UIP sean más coherentes cuando sienten posturas en defensa de la libertad de prensa y de la corrupción, entre otras cosas.