En nuestro editorial de ayer nos referimos al Indert, donde se destapó un escandaloso caso de coima, como una verdadera cueva de Alí Babá. Entre otras cosas, mencionamos que sus principales dirigentes de los últimos años están procesados, lo cual, sin embargo, no sirvió para desalentar nuevos casos de presunta corrupción. Este mal permea todas las entidades públicas, desde hace largas décadas, cualquiera sea el poder de turno.
Y bien, si se pudiera establecer al respecto un ignominioso ranking, varias instituciones competirían cabeza a cabeza. El Instituto de Previsión Social (IPS) exigiría para sí uno de los primeros lugares, según enseña la indignante experiencia colectiva. Es otra verdadera cueva de Alí Babá. Como muestran las numerosas denuncias difundidas desde hace varios años, allí se acostumbra robar y, por ende, se pone en serio riesgo la salud de los asegurados debido a la falta de medicamentos, de insumos o de infraestructura adecuada. En el latrocinio también intervienen, desde luego, los “empresarios” habituales que proveen al ente bienes o servicios. Como se sabe, uno de ellos es Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro, de cuyo vergonzoso historial ya es innecesario acordarse.
Por si aún hacía falta, la Contraloría General de la República acaba de echar luz sobre su última fechoría, frustrada en buena hora y no precisamente por obra de las máximas autoridades del IPS. Al contrario, el dictamen técnico emitido sugiere que ellas hicieron todo lo posible para darle el gusto, no solo aprobando un pliego de bases y condiciones que favorecía a sus empresas Bullers SA y Security Service Technology SA, sino también fijando un precio referencial que coincidía con el de las ofertas entregadas por dichas firmas: “Puede concluirse que tanto el precio de referencia como el de las ofertas presentadas, provinieron de una misma fuente”, sostiene el órgano contralor. O sea que hubo una clara connivencia que implicaba, por cierto, que el convocante de la licitación pública iría a pagar un total de 140.000 millones de guaraníes, incluido el sobreprecio.
Es repugnante que el IPS se haya puesto de acuerdo con el viejo amigo de la casa, que en los últimos nueve años le cobró más de 362.000 millones de guaraníes, perjudicando a los asegurados y a los eventuales oferentes. Chamorro jugó con las cartas marcadas, porque el precio de referencia no debe ser conocido por los oferentes, de acuerdo al art. 13 del Decreto N° 21.909/03: “Las estimaciones de costos que se realicen para cada operación tendrán carácter reservado y no serán publicadas ni difundidas hasta tanto no se haya efectuado la adjudicación correspondiente”.
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El amaño se extendió al pliego de bases y condiciones, elaborado a la medida del interesado en seguir lucrando a costa de los aportantes del IPS y en burlar el principio de igualdad y libre competencia. En las rotundas palabras del dictamen técnico de la Contraloría: “...evidentemente, la licitación se realizó de manera direccionada hacia una determinada firma que se encontraba prestando servicio en la entidad previsional”. Se trató, pues, de una licitación fraudulenta, perpetrada gracias a la negligencia, el consentimiento o la iniciativa del Consejo de Administración, presidido por Armando Rodríguez e integrado por los representantes del sector público Edsel González y Julio César Velázquez, así como por los del sector privado Miguel Ángel Doldán, Juan Torales y Roberto Brítez. Habría otras perlas, como que la firma Bullers SA haya ofertado sola para un lote, y consorciada con Security Service Technology SA para otro, y que el IPS haya pedido sin justificación alguna la cobertura de 804 guardias de seguridad, es decir, 500 más que solo dos años antes.
La espantosa corruptela no fue ejecutada debido a las revelaciones periodísticas ahora confirmadas por la Contraloría y a la intervención del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que convocó al Palacio de López a Rodríguez para impartirle una orden perentoria. Además, encargó a Carlos Arregui –su asesor en Transparencia e Integridad– “investigar todo el proceso licitatorio” e instó al Ministerio Público a hacer lo mismo. El 27 de mayo, el primero dijo que “se encontraron elementos” a ser profundizados y que estarían “en trabajo” con la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Agregó que las conclusiones de esta se conocerían “en los meses venideros”, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Es de esperar que, para concluir su pesquisa, le resulten útiles los “elementos” aportados ahora por la Contraloría, que está obligada, por el art. 9° de su ley orgánica, a denunciar a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable, por omisión o desviaciones, con los órganos sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia”.
A propósito, el síndico Nelson Eduardo Caballero, asignado para controlar y fiscalizar el IPS, asistiendo a las sesiones del Consejo de Administración y requiriendo datos si fueran necesarios, no se enteró de las graves ilicitudes cometidas ante sus narices. Es de recordar que el art. 38 de la ley citada dice que debe responder “ilimitada y solidariamente con los responsables de la repartición pública (...) por los actos y documentos que verifiquen y autoricen”. El 6 de junio, la Contraloría tuvo que pedir informes al IPS porque nada sabía de lo acontecido, con lo que se plantea la pregunta del papel que sus síndicos juegan, por acción u omisión, en las fechorías que se cometen en los órganos que deben auditar y fiscalizar.
Es hora de que los asegurados despierten y se movilicen por doquier en defensa de sus intereses. El Ministerio Público debe acelerar la investigación, e imputar a los responsables, sean ellos funcionarios, empresarios cortesanos o contralores que no cumplieron con su obligación. Es hora de limpiar esta institución podrida hasta los tuétanos.