En el informe de la auditoría externa independiente sobre los estados financieros de Petropar, al 31 de diciembre de 2018, se lee que su administración, a cargo de Patricia Samudio desde el 28 de agosto de ese año, “no nos ha proporcionado las composiciones de varias cuentas contables activas”, razón por la cual fue imposible comprobar la existencia y la razonabilidad de los saldos expuestos en el balance general, por un total de 16.290.901.852 guaraníes. También se mencionan allí “varios juicios con probables resultados desfavorables para la entidad” y que implicarían pasivos contingentes, así como “debilidades importantes de control interno”, sobre todo en el sector de informática, que podrían causar una “contingencia en contra del patrimonio de Petropar”.
Desde luego, los males de esta empresa pública no empezaron bajo su actual dirección, sino que se remontan a su creación en 1985. El problema es que no parece que sus notorios vicios, que pueden resumirse en la falta de transparencia, estén en vías de ser eliminados. ¿Por qué la administración se negó a entregar los documentos pedidos por los auditores, sin dar explicaciones? O no los tenía o no habrían podido servir para justificar unos gastos que resultaban considerables. En todo caso, se advierte que no cooperó para transparentar sus actuaciones, lo que inevitablemente sugiere que hubo corruptelas o, en el mejor de los casos, graves negligencias.
Esa actitud renuente a poner las cartas sobre la mesa también se evidenció en octubre de este año, cuando Petropar anunció que ya había invertido 4,8 millones de dólares para reactivar la planta alcoholera de Mauricio José Troche, quedando pendientes de ejecución 2,8 millones, de un fondo gestionado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El sitio web de esta organización, a la que se suele recurrir para dejar de lado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, informó que se había licitado por un valor total de solo 3,3 millones de dólares. Se ignora en qué se gastó la diferencia de 1,5 millones que existe entre los montos revelados por la empresa pública y por el PNUD, así como el contenido de los contratos suscritos. Entre estas entidades rige un convenio de “confidencialidad” que, como es obvio, puede servir para ocultar muchas cosas. Por cierto, la planta alcoholera sigue operando con suma lentitud, en perjuicio tanto de Petropar como de los cañeros.
El hecho de que la empresa pública corra el riesgo de perder unos pleitos judiciales y de que, por tanto, vea aumentar su pasivo, muestra que allí se actúa con bastante irresponsabilidad en materia contractual. Al fin y al cabo, el dinero que deba pagar por orden judicial, incluyendo las costas, no saldrá del bolsillo de quien la presidió o la preside.
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En cuanto al control interno, la Contraloría General de la República otorgó hace poco a Petropar un puntaje de 1,9 en una escala de 0 a 5, o sea, lo aplazó, incluso tras haber aportado documentos fuera de plazo. La referida auditoría externa ya había mencionado “debilidades importantes” en esta cuestión muy ligada a la transparencia, según el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip). Inquieta saber que precisamente en el área de informática haya habido, al menos hasta fines de 2018, serios problemas que podrían afectar el patrimonio de la empresa pública. No sería raro que hayan sido provocados para facilitar malversaciones o manejos dolosos en connivencia con proveedores.
Petropar tiene la mala fama bien ganada de ser una de las más relevantes fuentes de corrupción en el aparato estatal, de modo que no es raro que su expresidente Sergio Escobar, condenado a tres años de prisión por un delito ambiental cometido en 2012, esté procesado por uno de lesión de confianza, que habría causado a Petropar un perjuicio de 12.000 millones de guaraníes. Cuesta creer que sea el único que allí habría tenido un comportamiento indebido, por así decirlo. Se recuerda el caso de la planeada compra de garrafas tailandesas a un sobreprecio de 5 millones de dólares, frustrada en 2016 debido a que el negociado salió a la luz pública: todo acabó con la destitución del presidente Rómulo Campos Krauer.
Por lo demás, las complejas operaciones en cuanto a importación de combustibles se prestan a fechorías relacionadas con los fletes y los precios. La última resulta bastante sospechosa: Petropar adjudicó dos contratos directos a una empresa desconocida, que presentó las ofertas más altas, por un valor total de 29,6 millones de dólares, que incluso supera en un 20% su propia estimación, alegando que las cuatro ofertas más bajas no tenían los documentos requeridos. Se tiene derecho a sospechar, dados los antecedentes y la tradicional falta de transparencia de la empresa pública, que continúa bajo la conducción de Patricia Samudio. Administra mucho dinero y tiene el deber de rendir cuentas no solo a la Contraloría sino también a la población, poniéndola al tanto de sus operaciones.
Además de ser honesto, hay que parecerlo, pero Petropar se empeña en manejarse en la oscuridad. Aquella fiesta por el Día del Niño en la planta alcoholera, con personajes de la farándula pagados con dinero público, fue solo una pequeña muestra de lo mal que se estarían manejando las cosas.
Son ya demasiados los casos que salpican a Patricia Samudio, que, para su bien y el del propio ente petrolero, deben ser aclarados definitivamente, para que ella pueda permanecer fortalecida en el cargo o rendir cuentas ante la Justicia.