A toda costa, el Ejecutivo quiere abrir la canilla

En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo dio los primeros pasos para conformar una comisión interinstitucional público-privada para avanzar en planes concretos para la racionalización del gasto público. A un año de aquel pomposo anuncio y pese a las promesas reiteradas de nuestras autoridades, hasta ahora se desconoce una hoja de ruta en esta materia. Por el contrario, ante la crisis económica que azota al país, el Gobierno ha optado por la salida más fácil, es decir, pedir al Congreso autorización para elevar el tope actual de endeudamiento fiscal, de 1,5% del PIB al 2,5%, con lo cual el resultado negativo podría pasar de US$ 600 millones a US$ 1.000 millones para la Administración Central. La Cámara de Anunciantes del Paraguay cree correcto el mayor endeudamiento solicitado si se va a canalizar a inversiones. Pero, se puede dar por seguro que, una vez que se apruebe el incremento del déficit fiscal, los malgastadores ya encontrarán los atajos para asignar el dinero disponible a los despilfarros de siempre que vienen conduciendo al país al despeñadero.

En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo dio los primeros pasos para conformar una comisión interinstitucional público-privada con la intención de avanzar en planes concretos para la racionalización del gasto público. A un año de aquel pomposo anuncio y pese a las promesas reiteradas de nuestras autoridades, hasta ahora se desconoce una hoja de ruta en esta materia. Por el contrario, ante la crisis económica que azota al país, que ha aminorado las recaudaciones tributarias, la administración de Mario Abdo Benítez ha optado por pedir al Congreso autorización para romper el tope al déficit que dispone la Ley de Adecuación Fiscal. De esta manera se busca la salida más fácil, bajo el argumento de la necesidad de impulsar las inversiones públicas, cuando en realidad corresponde dar un golpe de timón y cortar de raíz los gastos superfluos del presupuesto.

El ministro de Hacienda y hermano del presidente, Benigno López, confirmó días atrás el envío al Parlamento de un proyecto que pretende modificar la Ley N° 5098/13 de Responsabilidad Fiscal. Actualmente, la norma establece un límite del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento), medida que fue aplaudida en su momento por todos los economistas, así como por referentes políticos y de la sociedad toda. Representaba una alentadora disposición para frenar cualquier afán politiquero desmedido en el manejo de la cosa pública y otorga razonabilidad al endeudamiento de la República en el mediano y largo plazo.

La intención del Ejecutivo es elevar este tope al 2,5% del PIB, con lo cual el resultado negativo podría pasar de US$ 600 millones al año a US$ 1.000 millones para la Administración Central. La normativa vigente cita algunas condiciones previas, como que se registre una emergencia nacional, una crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía local o una caída de la actividad económica interna. En ningún caso el déficit debe exceder el 3% del PIB. En principio, la tercera condición es la que más se acerca a lo que estamos viviendo, por lo cual está dado el condicionante disparador de este pedido, tomando en cuenta la ralentización que viene registrando nuestra economía con posibilidades incluso de que el ejercicio cierre en una recesión.

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Las autoridades admiten que fruto de esta situación las recaudaciones impositivas soportarán una merma de aproximadamente US$ 300 millones acumulados para el término del año. Ante la baja de estos ingresos y la necesidad de coadyuvar con la recuperación económica, el discurso oficial ha instalado la necesidad de incrementar las inversiones del sector público. Esto último, conforme a la mecánica contable presupuestaria, desembocará irremediablemente en un déficit mucho mayor al previsto inicialmente. Sin embargo, vale decir que este no es el único camino en pro del equilibrio presupuestario.

La otra salida de la que dispone la administración de Abdo Benítez es escuchar a la ciudadanía que viene reclamando mayor austeridad en el Estado. Estamos observando atónitos en los últimos meses cómo oficialistas y opositores del Legislativo están blanqueando el inmundo manejo que dejó Miguel Cuevas a su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados. Además, no cesan las denuncias de designaciones de amigos, compueblanos, amantes o correligionarios con jugosos salarios en cargos públicos, a veces incluso sin concurso de oposición. El Estado financia 350.000 funcionarios, entre permanentes y contratados, y presta un pésimo servicio a la ciudadanía. Tampoco se ha visto un denodado esfuerzo por ahorrar en gastos superfluos ni en recortar algunos privilegios insultantes para todos los paraguayos de bien. Para colmo, en las últimas horas, los legisladores han triplicado los rubros destinados a los partidos políticos en el proyecto de Presupuesto 2020.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a través de su presidente, Carlos Jorge Biedermann, advirtió que el malgasto público está llevando al país a una delicada situación y que de ninguna manera se justifica elevar el tope del déficit fiscal, si con ello se financiarán más salarios o se elevarán gastos innecesarios. Reconociendo cierto esfuerzo del Ejecutivo, considera aceptable romper el techo fiscal si el dinero será canalizado exclusivamente a inversiones. Aunque, en principio, la postura es correcta, el sector empresarial debería insistir más en que el Gobierno ponga fin al despilfarro, origen de todo el desequilibrio. Además, se puede dar por seguro que, una vez que se apruebe un incremento del déficit fiscal, los malgastadores ya encontrarán los atajos para asignar el dinero disponible a los derroches de siempre que vienen conduciendo al país al despeñadero.

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A un año de la conformación del grupo interinstitucional para la racionalización del gasto y ante la delicada situación que atraviesa el país, lo correcto es que las autoridades del Poder Ejecutivo se pongan los pantalones largos y empiecen a cortar la grasa del Estado. En honor a los millones de paraguayos que deben trabajar de sol a sol para ganarse el pan de cada día y a la necesidad de dar un destino justo al dinero que minuto a minuto se le escamotea de los bolsillos, también las autoridades, los legisladores y los políticos deben ajustarse los cinturones, como están obligando a hacerlo a toda la población.

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