Otaño y Lambaré, tristes ejemplos de las calamitosas municipalidades

A las municipalidades no les falta dinero para cumplir al menos con sus funciones básicas. Lo que les falta es contar con buenas autoridades controladas por los propios vecinos mediante los mecanismos legales de participación ciudadana. Es lamentable que sean infrecuentes las movilizaciones de protesta contra la corrupción o en demanda de un mejor desempeño. Como las víctimas suelen callarse, es significativo que los estudiantes de Mayor Otaño hayan denunciado la malversación municipal de unos 3.000 millones de guaraníes del Fonacide, exponiéndose a ser agredidos o amenazados de muerte por los presuntos responsables. También en Lambaré, el intendente Armando Gómez emplea a sus secuaces para amedrentar a vecinos o funcionarios que se atreven a quejarse, o incluso a concejales reunidos para pedir la intervención de la Municipalidad. Estas dos localidades son apenas dos tristes ejemplos que reflejan la situación general de la mayoría de estas instituciones. Por eso, es preciso que los pobladores venzan el temor y se alcen contra la arbitrariedad y la corrupción que tienen a la vista.

Una de las ideas fuerza de la Convención Nacional Constituyente (1992) fue la descentralización, esto es, el traspaso de facultades y recursos desde el Gobierno central a entidades locales dotadas de autonomía política, administrativa y normativa. Los Gobiernos departamentales creados en consecuencia, en reemplazo de las Delegaciones de Gobierno dirigidas por funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, no se han justificado en absoluto. Aparte de la corrupción, la ineficacia o la dejadez allí reinantes, solo han servido para poco más que dotar de cargos públicos rentados a los dirigentes políticos del departamento y a sus respectivas clientelas.

Tampoco las preexistentes municipalidades han respondido a las expectativas y no porque carezcan de competencias y de dinero para ejercerlas. Ocurre que la gran mayoría de los intendentes y ediles que se han sucedido desde 1991 tuvieron y tienen como “cualidades” comunes la ineptitud, la deshonestidad o la pereza. Un signo alentador del propósito de democratizar el país fue el hecho de que los intendentes –antes designados por el Palacio de López– hayan sido elegidos por el pueblo incluso antes de que se aprobara la Carta Magna vigente. Ella ratificó tal modo de elección y confirió a las municipalidades las funciones habituales en materia de urbanismo, ambiente y abasto, entre otras. También se ocupó de fortalecerlas al encargarles el cobro del impuesto inmobiliario y asignarles el 75% de lo ingresado, debiendo transferir el porcentaje restante, por partes iguales, a las de menores recursos y al Gobierno departamental respectivo. Como una suerte de reaseguro financiero, la Constitución prohibió que las entidades públicas se apropien de los ingresos o rentas municipales. Así, pues, el Gobierno local ganó autonomía política y obtuvo mayores recursos a ser recaudados e invertidos en forma autárquica. Ellos aumentaron notablemente cuando la ley ordenó que se les transfieran royalties y dinero del Fonacide. Pero este auspicioso panorama fue bastardeado por sus autoridades en la mayoría de los municipios, que siguen siendo tan pobres y abandonados como antes.

A las municipalidades no les falta dinero para cumplir al menos con sus funciones básicas. Lo que les falta es contar con buenas autoridades, controladas por los propios vecinos mediante los mecanismos legales de participación ciudadana. Es lamentable que sean infrecuentes las movilizaciones de protesta contra la corrupción o en demanda de un mejor desempeño. Como las víctimas suelen callarse, es significativo que los estudiantes de Mayor Otaño hayan denunciado la malversación municipal de unos 3.000 millones de guaraníes del Fonacide, exponiéndose a ser agredidos o amenazados de muerte por los presuntos responsables. En esta pequeña localidad de Itapúa se puede constatar que uno de los principales motivos del silencio de las víctimas es el miedo infundido por los que mandan. El presidente de la seccional colorada, Leonardo Sánchez, extorsionó a la madre de un líder estudiantil con la amenaza de que perdería su puesto de limpiadora en el centro de salud –que depende de un consejo presidido por el intendente– si su hijo no cerraba la boca. Los pobladores ya habrán tomado nota de lo riesgoso que resulta ser pariente cercano de quien denuncia malos manejos, aunque también se habrán dado cuenta de que, si se movilizan unidos, la balanza puede volcarse a su favor.

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Si Mayor Otaño tiene unos 16.000 habitantes y queda lejos de Asunción, Lambaré ronda los 180.000 y está a sus puertas. Por supuesto, también aquí, como en otras ciudades del área metropolitana, la gestión municipal no descuella ni por su honestidad ni por su eficiencia. Y también en Lambaré, como en Mayor Otaño, el intendente Armando Gómez emplea a sus secuaces para amedrentar a vecinos o funcionarios que se atreven a quejarse, o incluso a los concejales reunidos para pedir que la Municipalidad sea intervenida.

La ineficiencia y la inmoralidad reinantes en las municipalidades manejadas hasta ahora como feudos políticos pueden ilustrarse con el porcentaje de mora de los contribuyentes lambareños que llegaría a nada menos que el 60%, lo que induce a preguntarse por qué los munícipes no cumplen con su deber y por qué no se pagan los tributos debidos. Como los ediles ya han solicitado que la Municipalidad de Lambaré sea intervenida, cabe esperar que los diputados decidan con la mayor objetividad posible, considerando solo el interés de los vecinos. La triste experiencia enseña que en casos como este prevalece el interés político-partidario, hasta el punto de que se traman componendas para “salvar” al intendente de otro partido a cambio de que un correligionario también se libre de dicha medida.

Las municipalidades de Mayor Otaño y de Lambaré son apenas dos tristes ejemplos que reflejan la situación general de la mayoría de estas instituciones. Por eso, es preciso que, sobre todo en los pequeños municipios, los pobladores venzan el temor y se alcen contra la arbitrariedad y la corrupción que tienen a la vista. El “saneamiento moral de las nación” bien podría empezar por abajo, allí donde cada día se siente, de manera inmediata, el tremendo daño que los delincuentes de guante blanco causan a las comunidades, con la complicidad de sus respectivas agrupaciones políticas.

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