Decepcionante actuación de la Fiscalía en el caso Messer-Cartes

Al asumir su cargo el 8 de marzo de 2018, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que no perdonaría ningún acto de corrupción y que el Ministerio Público recuperaría su credibilidad. De hecho, la institución ha ganado el aplauso ciudadano con relación a casos de algunos influyentes personajes. Esos signos alentadores y la habitual sucesión de escándalos sumieron en el olvido la culpable inacción del Ministerio Público en un caso muy grave que acaba de reclamar de nuevo la atención pública. Se trata del protagonizado por el expresidente de la República Horacio Cartes y por su “hermano del alma” Darío Messer, buscado este último por su país natal desde mayo de 2018. El hoy recluido en el Brasil fue reclamado por el juez federal Marcelo Bretas, el mismo que acaba de ordenar la prisión preventiva de su presunto protector, el mencionado expresidente paraguayo. Al asumir sus funciones, Sandra Quiñónez aseguró que no defraudaría a la ciudadanía y agregó: “Si lo hago, recuérdenmelo”. Pues se lo estamos recordando ahora.

Al asumir su cargo el 8 de marzo de 2018, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que no perdonaría ningún acto de corrupción y que el Ministerio Público recuperaría su credibilidad. De hecho, no se conoce que desde entonces haya amparado a algún malversador y la institución que dirige se ha ganado el aplauso ciudadano por sus actuaciones en los casos del exsenador Óscar González Daher, del diputado Ulises Quintana (ANR, abdista) y del expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas, entre otros influyentes personajes. En efecto, se tuvo la impresión de que los agentes fiscales se disponían a obrar según el principio de igualdad ante las leyes y que, por tanto, ni el poder político ni el económico asegurarían la impunidad.

Esos signos alentadores y la habitual sucesión de escándalos sumieron en el olvido la culpable inacción del Ministerio Público en un caso muy grave que acaba de reclamar de nuevo la atención pública. Se trata, claro, del protagonizado por el expresidente de la República Horacio Cartes y por su “hermano del alma” Darío Messer, buscado este último por la Justicia de su país natal desde mayo de 2018. El hoy recluido en el Brasil, que obtuvo la nacionalidad paraguaya y hasta llegó a acompañar al exjefe de Estado en una visita oficial a Israel, fue reclamado por el juez federal Marcelo da Costa Bretas, el mismo que acaba de ordenar la prisión preventiva de su presunto protector, el mencionado expresidente paraguayo. Y junto a él también la medida afecta a Roque Fabiano Silveira, Lucas Mereles, el conocido empresario pedrojuanino Felipe Cogorno, Édgar Aranda y José Alberto Ojeda, además de tres integrantes de la familia Da Motta, residente en nuestro país. Aquella vez, el juez Bretas apuntó que “Messer, pese a estar respondiendo a un proceso criminal, no parece haber cesado en sus actividades”, esto es, habría seguido delinquiendo desde el Paraguay. Las autoridades nacionales no quisieron hacer efectiva la orden de captura internacional.

Con todo, el Congreso instaló una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre delitos atribuidos a Messer y a sus asociados, que emitió su informe final el último 2 de abril, ocasión en que su relator, el senador Jorge Querey (FG), señaló que “Messer tiene protección en Paraguay: la tuvo y la tiene”. El escrito de 572 páginas describe sus lazos políticos y empresariales en el Paraguay, citando a unas veinte personas, entre ellas al exgerente de la sucursal de Ciudad del Este del Banco Nacional de Fomento (BNF) Jorge Levand, al exministro de Hacienda Santiago Peña, al exministro de la Seprelad Óscar Boidanich, a la exministra de la Senabico Karina Gómez y a la exjueza penal de garantías María Gricelda Caballero. Esta última habría favorecido la fuga de Messer al no firmar de inmediato la orden de su detención, pedida por la Fiscalía con carácter “urgente”. En cuanto al lavado de activos, es de señalar que la Seprelad “cartista” nada hizo luego de que el BNF le haya reportado en 2015 las operaciones sospechosas del “brasiguayo” y que recién en abril de 2018 entregó al Ministerio Público unos informes de inteligencia sobre Messer, sin que hasta hoy se tengan noticias acerca de alguna pesquisa realizada por este organismo. Valga el dato de que la CBI señaló “conflictos de intereses” en la gestión de la exministra Gómez, pues su marido era asistente del senador Sergio Godoy (ANR, cartista), “quien justamente fue el abogado inicialmente de Messer en el país”.

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También mencionó bancos y casas de cambio que deberían ser investigados, como “Cambios Yrendague”, cuyo dueño Lucas Mereles “sería un viejo asociado de Messer, que ya operaba, por lo menos desde 2010 (...), con los colaboradores, habiendo comprado hasta el año 2017, aproximadamente US$ 17.225.000, y suministrado reales en especie al Brasil”. Esto lo escribió el juez brasileño al disponer el martes su prisión preventiva, sin que de nuevo se sepa qué hizo la institución dirigida por Sandra Quiñónez con respecto a ese indiciado por la CBI. Esta comisión también sugirió que se investiguen los dichos del cambista Lúcio Funaro (“el hombre bomba de Lava Jato”) ante el Ministerio Público Federal brasileño, en mayo de 2018: el mismo habría vinculado “directamente al expresidente Horacio Cartes” con el objeto de esa amplia operación, que reveló enormes corruptelas y no solo en el país vecino.

Con tantos elementos para investigar, ¿hizo algo el Ministerio Público en torno a esas declaraciones? ¿Investigó al involucrado, que se negó a comparecer ante la CBI y fue denunciado por desacato? Por cierto, el agente fiscal Édgar Sánchez pidió que la denuncia sea desestimada, propuesta sobre la cual el juez Yoan Paul López pidió ahora un dictamen de la Fiscalía General del Estado. Lo único que el órgano que representa a la sociedad ante la Justicia realizó en este fétido asunto, que muestra cuán podridas están nuestras instituciones, fue un allanamiento, con resultados desconocidos, de la escribanía de Salto del Guairá a la que había concurrido Messer para otorgar un poder a la abogada Leticia Bóbeda. Demasiado poco, más aún atendiendo las expectativas que la fiscala general del Estado había generado al prestar juramento ante el Congreso.

Fue de pública notoriedad que, desde un principio, Sandra Quiñónez tuvo el respaldo de Horacio Cartes para ocupar el alto cargo que hoy ejerce, pero es inadmisible que su gratitud le haya hecho olvidar que el art. 5° de la Ley N° 1562/00 dice que “la persecución penal de los hechos punibles de acción pública será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión...”. El Ministerio Público supo de los hechos referidos por la CBI a más tardar en abril de 2018, cuando recibió los informes de la Seprelad sobre las operaciones bancarias sospechosas de Messer, pero se cruzó de brazos y nada hizo para detectar la trama montada en nuestro país, que se conoció gracias al Ministerio Público Federal y a un juez brasileños. Es más, desde el 17 de mayo de este año, tiene las conclusiones de la CBI, remitidas por el presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR), sin que hasta la fecha haya tomado alguna medida.

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Al asumir sus funciones, Sandra Quiñónez aseguró también que no defraudará a la ciudadanía y agregó: “Si lo hago, recuérdenmelo”. Pues se lo estamos recordando ahora.

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