La Justicia se tranca en el caso del senador Zacarías Irún

En su homilía del 8 de diciembre, el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, demandó el saneamiento de la administración de Justicia, para que se gane el respeto ciudadano del que hoy carece. Enfatizó que es preciso que sea incorruptible, competente y eficaz para que haya paz y se pueda acudir a ella. Insistió en la necesidad de que haya “igualdad ante las leyes” y la “igualdad para el acceso a la Justicia”, como manda la Constitución, pero ocurre que ellas brillan por su ausencia porque los jueces, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia se someten, por regla general, a los dictados de los poderes político y económico. En un Estado que se dice de Derecho, como el nuestro, las normas vigentes deben regir de verdad no solo para los gobernados, sino también para los gobernantes, entre ellos los legis- ladores. Y bien, el caso del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) revela con nitidez que, salvo excepciones, la administración de Justicia tiende a estar al servicio de los que mandan.

En su homilía del 8 de diciembre, el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, demandó el saneamiento de la administración de Justicia, para que se gane el respeto ciudadano del que hoy carece. Enfatizó que es preciso que sea incorruptible, competente y eficaz, para que haya paz y se pueda acudir a ella. De no ser así, “¿volveremos a hacernos justicia por manos propias?”, preguntó. En su opinión, se necesita “el imperio de la Justicia insobornable, de la igualdad ante la ley justa”. Sin duda, el prelado reflejó en sus palabras tanto el desastroso estado de la judicatura como la consecuente indignación popular. La Carta Magna garantiza a todos los habitantes del país la “igualdad ante las leyes” y la “igualdad para el acceso a la justicia”, pero ocurre que ellas brillan por su ausencia, porque los jueces, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia se someten, por regla general, a los dictados de los poderes político y económico. La odiosa venalidad o la simple cobardía se reflejan en el prevaricato y en la morosidad, que absuelven a los que mandan y condenan a quienes no tienen el dinero suficiente ni los vínculos adecuados para influir en los juzgadores. En un Estado que se dice de Derecho, como el nuestro, las normas vigentes deben regir de verdad no solo para los gobernados, sino también para los gobernantes, entre los que figuran los legisladores.

Y bien, el caso del senador Javier Zacarías Irún (ANR, “cartista”) revela con nitidez que, salvo excepciones, la administración de Justicia, que debe aplicar por igual también las leyes penales, tiende a estar al servicio de los que mandan, aunque victimicen a la población entera. El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público imputó al jefe del ominoso clan esteño como instigador del delito de lesión de confianza que habrían cometido los exintendentes Alberto Rodríguez y Sandra McLeod, y pidió su prisión preventiva porque podría obstruir las investigaciones. Su abogado recurrió a la chicana habitual, pidiendo la nulidad del acta y de su admisión, que fue resuelta por la jueza Cynthia Garcete, pues su colega Teresita Cazal se inhibió por ser amiga del defensor. Pasaron nueve meses y la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este aún no se ha expedido sobre el incidente dilatorio, de modo que el senador permanece en libertad y en condiciones de entorpecer las pesquisas.

El 16 de octubre, dos de los miembros del Tribunal de alzada –Mirian Meza e Isidro González– fueron suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras liberar a un expolicía condenado por abuso sexual. Esta es la hora en que la Cámara aún no ha sido plenamente integrada para entender en la chicana interpuesta por Zacarías Irún, sin que la Corte Suprema de Justicia se inmute. Tuvo mucho tiempo para ocuparse de ella cuando los susodichos ejercían el cargo junto con Stella Maris Zárate, y si no lo hizo puede pensarse que fue para proteger al poderoso personaje, que durante casi dos décadas manejó a su antojo la Municipalidad esteña, directa o indirectamente. Son muchos los que allí le deben favores, de modo que no debería sorprender que sus beneficiarios estén bien representados en la Sexta Circunscripción Judicial del Alto Paraná, cuya superintendente es hoy la ministra Gladys Bareiro de Módica. En una palabra, el senador está “jugando en cancha propia” en una cuestión relativa al financiamiento con dinero público de campañas electorales del clan que encabeza y de los candidatos “cartistas” en los últimos comicios municipales y en los internos de la ANR de 2017, así como de un programa televisivo de Enrique Zacarías McLeod. El daño infligido a las arcas municipales ascendería a nada menos que 2.174 millones de guaraníes.

Hay personas que son recluidas por haber cometido un robo insignificante, que el Código Penal llama “bagatelario”, pero en este país se pueden desviar fondos impunemente, gracias a que la judicatura es muy benevolente con los potentados que evaden el pago del impuesto a la renta personal, más aún cuando gozan de una investidura que les confiere cierto poder político. Ellos están por encima de las leyes porque la Justicia responde a sus órdenes, en tanto que los demás –los ciudadanos de a pie– se hallan expuestos a la arbitrariedad togada.

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Mons. Valenzuela habló de la necesidad de que la gente crea en la Justicia, porque sería la “máxima aspiración” humana. Puede agregarse que el lema del escudo nacional reza “paz y justicia”, en tanto que el Himno habla de “unión e igualdad”, pero resulta que, como dio a entender el prelado, no puede haber una paz “estable” mientras el país tenga una judicatura como la actual y que la “igualdad” ante ella y ante las leyes es, de hecho, una mera expresión constitucional de deseos que están muy lejos de ser realizada.

Es preciso confiar en que los jueces cumplan con su deber de “dar a cada uno lo suyo” y también en que los agentes fiscales persigan a los presuntos delincuentes, sin discriminación alguna. La Carta Magna no pretende asegurar que todos los habitantes de la República sean iguales en cuanto a sus ingresos, sino que tengan la oportunidad de participar en los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Esa igualdad de oportunidades depende de que ellos sean iguales ante la ley y ante quienes la aplican, de modo que nadie sea perjudicado ni favorecido según su patrimonio, sus opiniones o su identidad étnica. Todos los habitantes de la República son “iguales en dignidad y derechos”, de modo que es inadmisible que unos sean amparados por la Justicia, a cambio de dinero o por temor a alguna sanción política o de otra índole.

El saneamiento de la judicatura, reclamado por el obispo de Caacupé, es una aspiración legítima que apunta a la paz y a la seguridad jurídica, también indispensables para superar la pobreza. El cajoneo en provecho del senador Zacarías Irún es solo un baldón más que se suma a los acumulados en las últimas décadas; así que, hay mucho que hacer para “limpiar el establo”, como bien se dijo en la enjundiosa homilía del domingo.

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