Responsables de fracasada fusión hospitalaria en Ayolas deben rendir cuentas

El 16 de setiembre de 2016, el Hospital Regional del IPS y del Centro de Salud de Ayolas integraron sus respectivos servicios, porque las instalaciones de este último habrían estado en “situación de vulnerabilidad”. La verdad es que estaban en óptimas condiciones. La irregular medida –formalizada el 11 de abril de 2017 por el ministro Antonio Barrios y el titular del IPS Benigno López– solo respondió a la comodidad de ciertos médicos que atendían en ambos sitios y que lograron persuadir de su conveniencia a algunos politicastros colorados. Con el absurdo acuerdo salieron ganando sus promotores, pero no así los ayolenses en general. En fin, lo que habría sido una solución de emergencia, se ha convertido en un problema permanente que pone en entredicho a las autoridades de antes y de ahora de ambas entidades involucradas, al tiempo de privar de la correcta atención médica a la que tienen derecho los pobladores de la zona. Los organismos competentes deben exigir rendición de cuentas a los responsables del fracasado acuerdo.

El 16 de septiembre de 2016, el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Centro de Salud de Ayolas integraron sus respectivos servicios, porque las instalaciones de este último habrían estado en “situación de vulnerabilidad”, según informó la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La verdad es que estaban en óptimas condiciones. La irregular medida –formalizada el 11 de abril de 2017 por el ministro Antonio Barrios y por el presidente del Consejo del Administración del IPS Benigno López– solo respondió a la comodidad de ciertos médicos que atendían en ambos sitios y que lograron persuadir de su conveniencia a algunos politicastros colorados. Como siguen atendiendo solo en el Hospital Regional, situado a kilómetros del casco urbano de Ayolas, lo provisorio se ha vuelto permanente. Es evidente que la integración, que conllevó el robo de los equipos del centro de salud, se fundó en una mentira, salvo que se pretenda hacer creer que los arreglos que requería su infraestructura aún no han concluido debido a su gran magnitud. Con el absurdo acuerdo salieron ganando sus promotores, pero no así los ayolenses en general –que desde un principio se han manifestado contra tamaño despropósito– ni los asegurados del IPS en particular.

En su momento, el presidente de la Comisión Reapertura del Centro de Salud de Ayolas, Carlos Pérez, denunció la falta de atención y de camas, entre otras cosas. El asegurado Jorge Duarte acaba de afirmar, justificadamente, que los aportantes de la entidad previsional no pueden obtener remedios básicos ni, mucho menos, una cama para la internación. Resulta así la indignante circunstancia de que el Estado sigue violando el derecho constitucional a la salud al ignorar su deber de prevenir o tratar enfermedades, porque ciertos aprovechados lograron que se les dé el gusto a algunos médicos que cobran un salario del Ministerio y otro del IPS. Los habitantes de Ayolas perdieron un centro de salud que fue reemplazado solo por una Unidad de Salud Familiar, que carece de los recursos humanos y materiales suficientes para atender casos de cierta complejidad. Por su parte, los aportantes del IPS se ven privados de las prestaciones que les corresponden legítimamente.

“Lo peor de todo, desde luego, es que la irracional ‘fusión’ implicó de hecho un gravísimo atentado contra un derecho fundamental de los ayolenses”, decía nuestro diario en un editorial publicado el 6 de abril de 2018. Mencionábamos que nueve de los doce miembros de la Junta Municipal de Ayolas, dominada por colorados, apoyaron “la descabellada medida, traicionando a los vecinos, demostrando así que se sienten más obligados a los intereses de los capitostes de la politiquería local y departamental de su partido antes que a los más de 10.000 pobladores de la zona...”. Recordábamos como responsables de la medida a autoridades de la época, el director del Centro de Salud, Emilio Ruiz; el director de la Octava Región Sanitaria, Pedro Pérez; el intendente de Ayolas, Carlos Duarte, el exgobernador y hoy diputado Derlis Maidana; el presidente de seccional Édgar Caballero y el concejal departamental Esteban Ruiz.

Dicho y hecho. El dudoso convenio de cooperación se convirtió en un reverendo fracaso. Pero aunque todos los pacientes –asegurados o no– hubieran podido ser bien atendidos en el Hospital Regional, se plantearía la pregunta formulada por el ya mencionado asegurado Jorge Duarte: “¿Por qué esa persona que no aporta al IPS tiene que ser beneficiada por el IPS?”. El Ministerio de Salud y la entidad previsional son dos entidades de naturaleza distinta.

PUBLICIDAD

En efecto, siendo diferentes sus fuentes de financiamiento, la fusión de hecho, con carácter cuasi permanente, no está amparada por la Ley Nº 1332/98, que crea el Sistema Nacional de Salud.

El convenio antes referido prevé que el Ministerio compense cada año a la entidad previsional por la atención brindada a los pacientes no asegurados, en servicios y/o medicamentos y/o insumos, tras la conciliación, asentándose las prestaciones mensuales. O sea que el IPS cobrará, al fin y al cabo, aunque con alguna demora. El problema es que el documento también dice que la compensación se realizará “siempre y cuando el Ministerio cuente con la partida presupuestaria correspondiente para su cumplimiento”, de modo que si no la tiene, el IPS no recibirá un centavo. Así, el aportante, a más de recibir pésimo servicio, deberá apechugar la pérdida.

El convenio tenía un año de validez, siendo prorrogable automáticamente por el mismo lapso, salvo que una de las partes pida su rescisión. Dado que sigue vigente, es de suponer que ambas partes están satisfechas con lo actuado hasta ahora. En cambio, se tiene la certeza de que esa opinión no es compartida ni por los pobladores de Ayolas ni por los asegurados del IPS, los principales afectados por una decisión absurda. ¿Qué está haciendo el Ministerio para que el Centro de Salud de Ayolas vuelva a atender, entre otros, a los centenares de habitantes de las islas cercanas? ¿Y para recuperar los equipos médicos y los aparatos de aire acondicionado sustraídos con la mayor ruindad?

En fin, lo que habría sido una solución de emergencia, se ha convertido en un problema permanente que pone en entredicho a las autoridades de antes y de ahora del Ministerio y de la entidad previsional, al tiempo de privar de la correcta atención médica a la que tienen derecho los pobladores de la zona. Los organismos competentes deben exigir rendición de cuentas a los responsables del fracasado acuerdo. Pero como quienes consumaron el tremendo despropósito, con toda seguridad, no recibirán castigo alguno, no debe descartarse que la salud pública siga siendo manipulada por políticos desalmados y populistas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD