En uno de los fallos judiciales más trascendentes de los últimos años, el Tribunal de Apelación en lo Penal, de Feria, integrado por Bibiana Benítez Faría, Cristóbal Sánchez y Delio Vera Navarro, ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) dar cuenta de los empleadores que están en mora con la obligación legal de depositar allí, junto con sus propios aportes, las cuotas mensuales descontadas de las remuneraciones de los trabajadores. Se trata de una información de carácter público, que la ciudadanía tiene derecho a conocer, en homenaje a la transparencia.
La confidencialidad, invocada por la entidad previsional al negarse a brindar esos datos solicitados por un estudiante, contribuye a que hoy, según el presidente de su Consejo de Administración, Andrés Gubetich, haya nada menos que unas diez mil firmas que están en cuantiosas deudas con el IPS. Lo están en perjuicio directo de sus propios trabajadores, que no podrán ser atendidos por la negligencia o hasta por la conducta dolosa que implica descontar salarios sin efectuar los aportes, tal como lo hizo durante al menos 16 años la fallida Azucarera Iturbe SA, según lo denunció en 2014 el exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa. La lista de morosos ya había sido requerida por el Senado en 2018, y el IPS se tomó un buen tiempo para enviarla en junio de 2019. Es probable que ahora apele el encomiable fallo, alegando siempre el secretismo. Por cierto, el art. 22 de la Ley N° 5282/14 dice que “la información pública reservada es aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley”; la Carta Orgánica del IPS no lo ha hecho.
Y bien, resulta que no solo la ciudadanía en general y los trabajadores en particular tienen derecho a saber quiénes cumplen o no con el deber que les impone el art. 18 de la Carta Orgánica del IPS, sino también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). De acuerdo al art. 40, inc. k), de la Ley N° 2051/03, no pueden presentar propuestas en los procedimientos de contratación ni contratar con las entidades públicas “las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social”. Y bien, el art. 75 dice que la DNCP debe habilitar, dentro de su sistema de información, un registro de las personas físicas y jurídicas impedidas de contratar con las entidades públicas, las que habrán de brindarle las informaciones necesarias que, como es obvio, aparecerán en el sitio web de esa entidad. Si esta tiene que saber quiénes son las personas que adeudan a la seguridad social y dar a conocer sus nombres, resulta absurdo que el IPS pretenda ocultar a la sociedad esa misma información.
Mientras la entidad previsional aún se abstiene de proporcionar la lista de empresas morosas, la misma fue divulgada por la ONG Instituto de Derecho y Economía Ambiental, correspondiente a 2017, la que fue enviada al Senado. En ella aparecen varias empresas que han contratado con el Estado, pese a que sus deudas eran multimillonarias.
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No se ha desmentido hasta ahora que, por ejemplo, la Exportadora Paraguaya de Carnes SRL arrastraba hasta entonces, desde hacía nada menos que 239 meses, una deuda que ya ascendía a 12.850.400.685 guaraníes. ¿Cómo es posible que un empleador esté en mora durante casi dos decenios y que a las máximas instancias del IPS no se les haya ocurrido, durante todos esos años, impulsar el cobro judicial de la enorme suma acumulada? Solo es posible porque allí reinan la corrupción, la ineptitud y la negligencia. Ante el silencio de sus respectivos gremios, ni siquiera a los consejeros que representan a los patrones y a los trabajadores les ha importado mucho la continua y masiva violación de la Carta Orgánica del IPS.
El propio Estado es un reverendo moroso, ya que nunca aportó el 1,5% del monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores. Hoy debe la friolera de 560 millones de dólares, pero el IPS estaría “trabajando” con el Ministerio de Hacienda para buscar alguna solución al grave problema. En este caso, es improbable que el acreedor se atreva a demandar al deudor, de modo que tendrá que esperar hasta las calendas griegas.
Entretanto, convendría que la DNCP se ocupe de instar al IPS a que siempre le proporcione una lista actualizada de las personas físicas o jurídicas morosas, velando por la observancia de la Ley N° 2051/03. Cuando hace unos años se habló de aumentar el aporte obrero-patronal, estando al frente de la entidad previsional el hoy ministro de Hacienda Benigno López, este sostuvo que “antes de hablar de aumentos en nada, lo que tenemos que hacer es trabajar en resolver los problemas internos y ser más eficientes”. De eso se trata, precisamente. Primero habría que adecentar y capacitar a los funcionarios del IPS y luego efectuar un control cruzado permanente con otras instituciones estatales, como el Ministerio hoy dirigido por Carla Bacigalupo. También el síndico que allí tiene la Contraloría General de la República debería ocuparse de averiguar cómo está operando la Dirección de Aporte Obrero-Patronal: sus hallazgos podrían ser muy interesantes para la ciudadanía y, en especial, para los asegurados.
Como se ve, las deudas impagas al IPS trascienden a otras instancias, causando graves violaciones a la ley. En vez de ocultar a quienes no cumplen con los aportes obrero-patronales, la mayoría de ellos deudores consuetudinarios, se debe revelar sus nombres para que los ciudadanos y las ciudadanas les exijan que cumplan con sus obligaciones.