En vez de asumir su deber y atribución constitucional de representar al Estado paraguayo y manejar las relaciones exteriores de la República como está establecido en el Art. 238 de nuestra Carta Magna, pareciera que, por alguna secreta razón, el presidente Mario Abdo Benítez no tiene la intención de cumplir con esta obligación básica que le corresponde como Primer Mandatario de cara a la negociación con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado y la concomitante modificación del mismo. En vez de designar como negociadores a ciudadanos expectables e idóneos en cuestiones diplomáticas, técnicas, económicas y jurídicas, el presidente emitió el anodino Decreto N° 3173/19 que, en vez de establecer lineamientos básicos partiendo de la premisa fundamental de que Paraguay es dueño de la mitad de Itaipú y de que, en consecuencia, tiene iguales derechos que Brasil para decidir acerca de cómo debe ser administrada la usina hidroeléctrica binacional una vez saldada su deuda, se ha centrado en señalar apenas lo obvio, encargando la designación de los futuros negociadores a niveles subalternos de la administración pública, como si la calificación moral y la idoneidad de los mismos fueran una cuestión accesoria.
Es más, como el decreto de referencia no establece plazos, responsabilidad personal ni mecanismos que garanticen la efectiva participación de ciudadanos de la más alta relevancia en el proceso de negociación, el equipo negociador será de nivel absolutamente subalterno. Y aunque tenga que desempeñarse bajo la batuta del ministro de Relaciones Exteriores, estaría lejos de investir la representación de la soberanía y los intereses en juego de la República en tan crucial instancia de negociación con un socio de reconocida astucia diplomática y con músculo geopolítico continental.
La desconfianza acerca de la verdadera intención del Presidente de la República se centra en que, a pesar del fiasco del Acta Bilateral del 24 de mayo de 2019, el mismo no habría renunciado a su secreta intención de rifar el estratégico capital que tiene el Paraguay en Itaipú, presumiblemente a cambio de beneficios personales y de grupos de interés trasnacionales proyectados a largo plazo. El “affaire Joselo” es apenas la punta del iceberg oculto bajo las aguas del embalse de Itaipú que, con sus 19.000 millones de metros cúbicos, representa un rentable filón mercantil para el capital transnacional.
La ciudadanía ya tuvo su sobresalto con la fallida Acta Bilateral que, no obstante, fue reeditada casi a plenitud por el Presidente de la República con el acuerdo recientemente firmado por el presidente de la ANDE, ingeniero Luis Villordo, con su par de Eletrobras para la contratación de potencia de Itaipú, con gran perjuicio económico para nuestro país. Paraguay renunció así a la “limosna pírrica” que había obtenido en el 2007 a cambio de aprobar para exclusivo beneficio de Brasil la instalación de dos turbinas adicionales a las 18 ya existentes entonces.
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La secreta intención que tendría el presidente Mario Abdo Benítez de esconder la carambola en la mesa de billar de Itaipú, embebida en su Decreto N° 3173/19, va quedando al descubierto con los dos primeros nombramientos de quienes hemos llamado “los cuatro jinetes del Apocalipsis”, que tendrán la tremenda responsabilidad de negociar con sus pares brasileños el futuro manejo de la hidroeléctrica binacional. Uno de ellos, el ingeniero Héctor Richer –nombrado por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor–, aparece más como alguien funcional a los intereses brasileños que como un defensor de los de nuestro país. En efecto, como consejero de Itaipú, avaló en 1997 la aceptación por el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy de la deuda espuria de más de US$ 4.000 millones, generada por decisión exclusiva del Gobierno brasileño. Es más, reivindicando su actitud entreguista, defendió con vehemencia el Acta Bilateral cuando esta fue denunciada a la opinión pública por el expresidente de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira, aunque ahora lo niegue a rajatabla. Pero su opinión del momento quedó grabada en blanco y negro en la prensa. Al negar haberla emitido, Richer no hizo más que elevar de punto la crítica ciudadana, lo que, en actitud de tardía dignidad, lo hubiera llevado a renunciar motu proprio, por más fuerte que sea la apuesta del Presidente de la República en su flexible espinazo.
El segundo metafórico jinete autodesignado como negociador es el titular de la ANDE, Luis Villordo, de quien se sabe que también tuvo intervenciones en favor del cuestionado documento bilateral. Lo que resta por ver es la actitud que asuma como negociador.
En relación con los otros dos integrantes de la comisión negociadora, que falta escoger, ¿se autodesignarán los propios titulares de las carteras respectivas –la Cancillería y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones–, o designarán a otros? ¿Quiénes, en tal caso?
Ya pronto lo sabremos. Ojalá que el Presidente de la República –y los ministros responsables, si fuera el caso– tomen nota de la feroz metida de pata en cuanto a la ofensa inferida a la confianza pública con la designación del ingeniero Héctor Richer y opten por ciudadanos honorables, moralmente íntegros e idóneos para la delicada misión que tendrán entre manos, sin caer en la bajeza de traicionar los intereses de la nación, como lo han hecho numerosos representantes paraguayos en las entidades binacionales.
El presidente Abdo Benítez tiene que sincerarse con el pueblo que lo eligió y asumir la responsabilidad que le corresponde, liderando con firmeza la negociación con Brasil sobre el futuro de Itaipú, que es lo mismo que decir el futuro del Paraguay, tras un álgido medio siglo de hacer de mendigo sentado sobre un cofre lleno de oro.