La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, no pudo haber sorprendido a nadie al afirmar que “es categórico que hubo corrupción” en el caso de la fuga masiva de la cárcel de Pedro Juan Caballero. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, incurrió en una perogrullada similar al sostener, hablando del escandaloso episodio, que el “crimen organizado ha permeado todas las instituciones” y que “hay políticos, policías y periodistas” a su servicio. Ya en 2014, el entonces titular de la Cámara de Diputados y actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, advertía de lo mismo. Si bien el Gobierno cita datos estadísticos, como el aumento del decomiso de drogas, también es una realidad que, aparte del narcotráfico, la criminalidad violenta se ha apoderado del país, con un aumento notorio de ajustes de cuentas, sicariatos y enfrentamientos entre bandas, en cualquier parte.
En lo referente al sistema penitenciario, cabe preguntar qué ha hecho el Gobierno para erradicar la corrupción de larga data que impera en él. Si todo el mundo sabía que las bandas se han apoderado de las cárceles –incluso hubo una advertencia real de la ministra Pérez de que algo se preparaba en esta última ocasión–, ¿qué hicieron las autoridades para impedir la fuga masiva de reclusos y los sangrientos motines y otros crímenes que han ocurrido en ellas? Esa es la pregunta que corresponde formular, y no repetir la consabida frase de que “el crimen organizado permea todas las instituciones”.
Aunque no tenga mucho más que hacer que ocuparse de 18 cárceles y de ocho “centros educativos” para menores, el Ministerio de Justicia es incapaz de impedir que en esos recintos se soborne, se robe, se mate, se vendan drogas o se planeen delitos a ser cometidos fuera de ellos. A propósito, si en 2011-2012 el “mercado negro” del penal de Tacumbú movía 1.500 millones de guaraníes mensuales, según la exdirectora de Institutos Penales Olga Blanco, es de suponer que a estas alturas el volumen de negocios será mucho mayor. Si en el de San Pedro no hubiera ocurrido una masacre el año pasado, el entonces ministro Julio Javier Ríos jamás se habría enterado de que su director, Wilfrido Quintana, recomendado por políticos de la zona, había vendido una buena estadía en una “granja” aledaña a cuatro condenados por narcotráfico. O sea que el Ministerio no sabe o no quiere saber lo que ocurre en las prisiones, aunque es presumible que tenga inspectores que las visiten para ver cómo andan las cosas. El último diciembre, se enteró de que estaba en marcha un escape financiado por el PCC, pero el dato no le sirvió de mucho.
Una de las funciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) es poner a disposición del jefe del Poder Ejecutivo y de los órganos que este indique “conocimiento útil” para “detectar, neutralizar y contrarrestar” las acciones de “organizaciones criminales internacionales”. ¿Tienen idea el ministro Esteban Aquino o el director general de Inteligencia Policial, Crio. Gral. Saturnino Villalba, de cuanto se trama en las prisiones y, en particular, de las complicidades que haya entre los mafiosos recluidos y el personal del sistema penitenciario? El primero de ellos dijo el año pasado, tras la matanza en la cárcel sampedrana, que había estado al tanto de que el PCC reclutaba “soldados” en las penitenciarías y que planeaba motines, pero se lavó las manos indicando que la seguridad en ellas competía al Ministerio de Justicia. Como siempre ocurre, “se pasan la pelota” y así se diluyen las responsabilidades. Abundan las instituciones con nombres pomposos, pero solo sirven para llevarse un buen toco del Presupuesto.
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Y bien, la crisis carcelaria, también causada por los motines de Concepción, Coronel Oviedo y Cambyretá, hizo que el 7 de setiembre del año pasado se promulgara una ley que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y amplía el Presupuesto general para el ejercicio fiscal 2019, encargando al Poder Ejecutivo la elaboración de un “plan de seguridad con el concurso de las Fuerzas Públicas en la seguridad y Vigilancia” de todas las prisiones. ¿Qué resultados puede exhibir a la fecha si, como se ve, persisten las mismas calamidades?
El cuento se repite una y otra vez. De una u otra manera, siempre se termina concluyendo que, en última instancia, la “emergencia” penitenciaria tiene que ver con la mafia corruptora. La constatación, compartida por el Jefe de Estado, torna inocua cualquier disposición legislativa o presupuestaria que apunte a impedir los motines o las fugas mientras persista ese flagelo que castiga a todo el aparato estatal.
Mientras haya altos funcionarios, guardiacárceles, jueces, policías, agentes fiscales o militares venales, los muros de una prisión no servirán para readaptar a los condenados ni para proteger a la sociedad. El sistema penitenciario está saturado y, salvo quienes pueden sobornar a su personal, los reclusos se hallan en condiciones deplorables. Urge mejorar y ampliar su infraestructura, pero el crimen organizado seguirá imperando en los presidios mientras la corrupción siga infectando las instituciones. Como el Presidente de la República estaría de acuerdo con esta conclusión y además señaló que hay políticos al servicio del crimen organizado, tendría que explicar a sus conciudadanos no solo por qué no ha hecho mucho más para limpiar al menos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, sino también por qué, por ejemplo, tolera en su movimiento político al diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR), denunciado en 2014 por sus lazos con el narcotráfico, siendo el vocero de la comisión senatorial denunciante el hoy ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio.
Así, parece que todo es puro blablá, como se dice. Se repiten las mismas consignas, las mismas palabras. El Jefe de Estado debe saber que su imagen no va a mejorar mediante ridículos homenajes de sus corifeos en actos públicos, ya que solo generan burlas en la prensa y las redes sociales. Su figura se fortalecerá cuando haga que las instituciones y los funcionarios cumplan efectivamente con sus obligaciones y obtengan resultados evidentes, sin eludir sus responsabilidades con rebuscados argumentos. La inseguridad ya está creando inquietud y enervando el ánimo de la ciudadanía, que espera logros concretos y no repetidas frases huecas.