Tras no avenirse a ningún acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en las instancias locales previstas en el mecanismo de solución de controversias establecido en el contrato suscrito con ese Ministerio para la construcción del fallido proyecto Metrobús, la constructora portuguesa Mota Engil ha decidido llevar el caso a un tribunal internacional de la materia para dirimir el conflicto legal. La cuestión se centra en que ahora, a más del reclamo inicial de US$ 18 millones por supuestos perjuicios que le ocasionaran los retrasos en la liberación de la franja de dominio de las obras, exige una compensación adicional de US$ 7 millones, por la demora del MOPC en atender su reclamo inicial. Cabe señalar que la contratista ya cobró US$ 30,2 millones, con lo que a estar por el monto adicional que ahora reclama, el total que pretende llevarse asciende a US$ 55,2 millones, cuando ni siquiera llegó a completar 3 kilómetros de los 11 previstos en el contrato.
Últimamente, el MOPC, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se había ratificado en el rechazo de los reclamos substanciados por la empresa portuguesa ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), instancia previa a la final prevista en el contrato para la solución de controversias. Llamativamente, el argumento básico invocado ahora por el MOPC como fundamento de su rechazo a los reclamos de la empresa portuguesa es que la responsable de la denegación de acceso a espacios públicos de la ciudad para la implantación de los trabajos del Metrobús en que fundamenta su reclamo Mota Engil es la Municipalidad de Asunción, y no ese Ministerio. Mota Engil centra su reclamo en el hecho de que, pese a las gestiones realizadas por el MOPC ante la Municipalidad de Asunción, el inicio de la ejecución de las obras del Metrobús en el tramo 2 del proyecto no fue posible debido a que la Municipalidad no le otorgó los permisos correspondientes para proceder a la implementación de los trabajos de construcción en los espacios públicos.
Más allá de cómo se dirima finalmente la controversia suscitada, lo que despierta la curiosidad pública es que, pese a que la presentación del descargo del MOPC ante la CNUDMI tuvo lugar el 23 de diciembre del año pasado, recién ahora, tras la renuncia de Mario Ferreiro a la Intendencia Municipal, la PGR da cuenta de ello a la ciudadanía. Con toda razón, mucha gente se sentirá tentada a pensar en la conocida frase de “hacer leña del árbol caído”, o buscar un “chivo expiatorio”, de que se vale el ministro Arnoldo Wiens –con la intermediación del procurador Sergio Coscia– para culpar del embrollo al exintendente de Asunción, transmitiendo la sensación de un aparente pacto de encubrimiento con su antecesor en el cargo, el exministro Ramón Jiménez Gaona, de hecho, el verdadero responsable de la desprolija administración del desastroso proyecto de transporte urbano de pasajeros.
A propósito, en declaraciones a la prensa, el propio Jiménez Gaona asumió parte de la culpa, junto con quienes diseñaron el proyecto y quienes no permitieron que se trabajara frente a sus propiedades. Mencionó inclusive una ley de la época de la dictadura sobre el que se basaron algunos reclamos de indemnizaciones, que dificultaban hacerlas frente. Por eso, cabe preguntar de dónde sale ahora la táctica de tirar el fardo sobre el exintendente de Asunción, quien estaba en su derecho de otorgar o no el permiso para el inicio de la obra según se ajustase a las exigencias. En consecuencia, quien dio la orden para el inicio de los trabajos lo hizo a sabiendas de que se produciría el atraso de marras.
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Sin duda, la peor herencia que le dejó al ministro Wiens su antecesor en el cargo fue el fallido proyecto del Metrobús. Tratándose de un escándalo de inoperancia de gestión y presunta corrupción, la crisis hubiese merecido su más prioritaria atención a fin de investigar exhaustivamente lo ocurrido en la administración del malhadado emprendimiento, a fin de deslindar responsabilidades institucionales básicas de gestión, empezando con la de su antecesor en el cargo y rematando con el ingeniero “supervisor del MOPC”, máximo responsable del control de los trabajos en los sitios de intervención de la empresa constructora a lo largo de los tramos 3 y 2 del proyecto.
Es de lamentar, sin embargo, que el actual titular del MOPC no haya mostrado hasta el momento voluntad política para hacerlo. Tardó más de un año para completar una auditoría de gestión, técnica, administrativa y jurídica, la que constató un cúmulo de flagrantes irregularidades, pero sin individualizar a los responsables. Lógicamente, tan llamativa laxitud de investigación institucional llevó a sospechar que la misma estaba enderezada más a encubrir a los responsables de las desprolijidades técnicas, administrativas y financieras que empañaron el gerenciamiento del proyecto antes que a individualizar a los mismos.
El daño patrimonial causado al Estado y a miles de comerciantes afincados a lo largo de los tramos convertidos por Mota Engil en verdaderos campos minados y hasta hoy no reparados por el MOPC, pese a recurrentes promesas en tal sentido, es demasiado grande como para que quede en el oparei. Habiendo su antecesor en el cargo asumido su cuota de responsabilidad institucional y poniéndose así, tácitamente, a disposición de las instancias jurisdiccionales, lo menos que el ministro Wiens debiera hacer es impulsar la demanda, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía para que esta instancia realice la investigación correspondiente. Las impunidades que con frecuencia se producen en las obras públicas truncadas o mal hechas forman parte del cúmulo de circunstancias que continúan haciendo figurar al Paraguay en los primeros lugares entre los países más corruptos del mundo, lo que parece no preocupar mucho a la actual administración del MOPC.