Muy pocas veces, en los últimos años, la ciudadanía ha podido aplaudir una decisión legislativa acertada e importante como la que adoptaron el jueves 34 senadores, en favor de la salud moral e institucional de la República. Si bien no es el instrumento ideal esperado, es mejor que el adefesio aprobado por una mayoría de diputados que desean continuar transitando en las sombras en lo que al financiamiento de sus actividades se refiere.
Que una mayoría absoluta de casi dos tercios haya optado por transparentar en buena medida el financiamiento político, recogiendo un extendido clamor ciudadano, es para augurar esperanzas de mejores días del sistema democrático. Es de esperar que la Cámara de Diputados, al estudiar este nuevo proyecto de ley con media sanción, también lo haga suyo mañana, respondiendo, entre otras cosas, al pedido de recapacitar que le hizo la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) el mismo día en que hizo trizas una iniciativa que apuntaba a que quienes aspiren a cargos electivos revelen, cumplidamente, el origen y el monto de los aportes recibidos en la campaña.
Lo aprobado en la Cámara Alta, a propuesta del senador Stephan Rasmussen (PPQ), sigue los lineamientos del proyecto de ley que habían presentado los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA), entre otros, aunque tuvieron que ceder a algunas modificaciones introducidas para lograr la holgada mayoría mencionada. Una de ellas dispone que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tenga una dependencia que se ocupe de los procedimientos para prevenir los riesgos de lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales, según lo reglamentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), respecto a los sujetos obligados, entre los que se incluyen expresamente a organizaciones políticas. A diferencia del proyecto original, que incluía a cada uno de los candidatos, solo estas entidades estarán obligadas en las elecciones internas a abrir una cuenta bancaria con identificador tributario para depositar allí los fondos recaudados, tal como lo dispone hoy el Código Electoral para las elecciones generales. En vez de una declaración jurada de bienes y rentas, los candidatos deberán entregar al movimiento interno partidario, tras oficializarse su postulación, una Declaración de los Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) previstos, así como una de Interés Económico Vinculado: la primera será trasladada a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para que el movimiento interno tenga un identificador tributario, en tanto que la segunda deberá identificar las sociedades en las que participen cada candidato y su cónyuge, pero sin necesidad de indicar la cantidad de acciones ni sus montos. Ambas declaraciones deben entregarse al Tribunal Electoral Partidario (TEP) para que el TSJE las publique en su portal web. Al inicio y al final de cada campaña electoral, el TEP deberá entregarle otra DIGC por cada candidato y movimiento, con el mismo objeto. En las elecciones generales y municipales, y una vez oficializadas las candidaturas, la organización política trasladará las DIGC de sus candidatos a la SET para obtener el identificador tributario. Al principio de la campaña y tras los comicios, la agrupación política entregará al TSJE una DIGC de la campaña por cada candidato, para que lo publique en su portal web. Los gastos propios del día de la elección deben justificarse con comprobantes legales timbrados. Si el TSJE no puede impedir que en los comicios generales o municipales sea electo un candidato que haya ignorado la ley, no podrá anular su elección, en el entendido de que las sanciones personales ya están previstas en el Código Penal y que, en consecuencia, perdería su investidura. Llamativamente, el proyecto aprobado solo prevé castigar a quien haya recibido contribuciones de narcotraficantes, inhabilitándolo para participar como candidato dentro de los diez años siguientes al fallo penal.
El proyecto, no obstante, tiene puntos alentadores que proporcionan elementos para combatir el “arco libre” que tienen hasta ahora los políticos para introducir dinero sucio en sus campañas electorales y así quedar convertidos en lacayos de sus aportantes, entre los que figuran quienes se dedican al sucio negocio de las drogas, como quedó demostrado cuando hace algunos años se difundió un audio que involucró a un político colorado cuando pedía dinero para su campaña a uno de esos delincuentes y le prometía ser un “diputado valé”.
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Como se sabe, el crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado, como lo han reconocido el propio presidente Mario Abdo Benítez cuando era senador, y el vicepresidente Hugo Velázquez cuando era diputado, por lo que cualquier medida para combatir las repudiables prácticas que así lo permitan será poca y, por supuesto, bienvenida. Así, los diputados tendrán mañana la ocasión de embanderarse, al menos una vez, con las aspiraciones ciudadanas por encima de sus siempre tramposas prácticas para llevar agua a su molino sin pensar en sus representados. Es de esperar que les cubra un aura de patriotismo, que sean razonables y aprueben la redacción que, en buena hora, ha producido el Senado.