El bochornoso caso de las facturas “clonadas” del PLRA, que implica la comisión de al menos dos hechos punibles, es un testimonio más de la profunda crisis que afecta al partido de Cecilio Báez, Manuel Gondra, Eligio y Eusebio Ayala, entre otras figuras que honraron al país por sus dotes morales e intelectuales. Su evidente degradación debe alarmar a quienes creen que la calidad del sistema democrático requiere que el elector pueda optar entre organizaciones políticas que, de acuerdo a sus respectivos idearios, presenten un plan gubernativo a ser ejecutado por personas honorables y capaces. Para que la minoría de hoy pueda convertirse en la mayoría de mañana es preciso que demuestre con su conducta y con sus propuestas que es una alternativa confiable. El PLRA está muy lejos de serlo. ¿Acaso hay marcadas diferencias en la gestión de los gobernadores, intendentes y legisladores colorados y liberales? No vale la pena ocuparse de las orientaciones doctrinarias de unos y otros, por la simple razón de que no las tienen. Sería interesante averiguar qué tanto saben los dirigentes liberales de su documento doctrinario, que data de 1965, sin que desde entonces se haya creído oportuno adaptarlo a los nuevos tiempos. Se diría que nuestros dos partidos tradicionales se distinguen más bien por el color y la polca antes que por su ideario y el desempeño de sus afiliados en la función pública.
El principal partido opositor necesita esforzarse mucho más que el oficialista para desmentir el dicho conservador de que “más vale diablo conocido que santo por conocer”. Y, sin embargo, así como está, no da muestras de querer demostrar que gobernaría mejor que la ANR y ni siquiera de intentar librarse de numerosos personajes procesados o condenados en los últimos años. Ninguno de ellos ha sido hasta ahora expulsado, como si sus presuntas fechorías no dañaran la credibilidad del PLRA: solo el exintendente limpeño Ángel Gómez Verlangieri, imputado por acoso sexual, fue suspendido por un año. Para mayor “gloria” del partido, siguen en sus filas, aparte de otros supuestos corruptos que han dirigido entidades públicas, el exintendente condenado Nelson Carreras (Puerto Pinasco), así como los procesados Mario Castillo (Hernandarias), Eusebio Bareiro (J. Augusto Saldívar), Saturnino Bogado (Carmelo Peralta), Ramón Vega (Curuguaty), Luis Giménez (Pirayú), Digno Acosta (Puerto Pinasco), César Balbuena (Santa Elena), Wilma Meza (Curuguaty) y José Martínez (Villa Ygatimí).
También están indiciados por el Ministerio Público los exparlasurianos Emmanuel Friedmann y Alberto Aquino, la exsenadora Mirtha Vergara de Franco, el exgobernador Ricardo Sánchez (Amambay) y el exconcejal departamental César Quevedo (Amambay). Entre quienes siguen ejerciendo cargos electivos, están encausados los intendentes Armando Gómez (Lambaré) y Daniel Báez (J. Augusto Saldívar), y los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré, así como los diputados Teófilo Espínola y Carlos Portillo.
El nada ilustre nombre del diputado Portillo, procesado por los delitos de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal y cohecho pasivo, ha salido a la luz con motivo de la “clonación” de facturas, pero el presidente del PLRA, Efraín Alegre, la atribuye a dos administradores de la campaña electoral de 2018 en el Alto Paraná. Aquel fantoche, que se las dio de políglota, que invocó títulos académicos inexistentes y que cobró un viático para un viaje no realizado a Las Vegas, es un hazmerreír para sus conciudadanos y un baldón para su partido. Empero, no da la impresión de que sus antecedentes inquieten al Directorio, quizá porque hay muchos otros de igual o peor ralea que aún no han sido investigados por el Ministerio Público. Tampoco le incomoda que el exsenador Dionisio Amarilla, quien fue privado de su investidura, permanezca en el padrón de afiliados.
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El art. 78, inc. d), del estatuto del PLRA, prevé la expulsión de quien “incurra en faltas o delitos graves que comprometan el prestigio del partido”. Sin embargo, ninguno de los susodichos ha sufrido hasta hoy dicha sanción política. Esto significa que a sus autoridades les tiene sin cuidado que ese prestigio sea menoscabado o que estiman que los hechos de corrupción no lo afectan, porque habría suficientes votos cautivos para seguir ocupando, al menos, el segundo puesto. Si es así, confían en exceso en el peso de la tradición familiar, socavada por la inexorable expansión del horizonte político. Los dos partidos tradicionales colombianos, el Liberal y el Conservador, han perdido protagonismo, al igual que los relativamente antiguos partidos venezolanos Copei y Acción Democrática. Si a ello se suma que ya hace mucho desapareció el viejo bipartidismo uruguayo, resulta que las estructuras partidarias se tornan cada vez más fluidas y que la antigüedad de una organización política ya no garantiza, por sí sola, que siga siendo una razonable opción de poder.
Urge que el PLRA se renueve, también en su propio interés, para no ser desplazado por otras fuerzas con figuras intachables que hablen con solvencia de lo que a la gente le preocupa. Al elector le importa un bledo el internismo feroz, propio de dirigentes que dedican sus mejores energías a combatir a los adversarios de su propio partido, porque no tienen idea de lo que se debe hacer desde el Estado para el país y solo aspiran a conquistar o retener un cargo para vivir o continuar viviendo a costa de los contribuyentes.
Nuestro diario siempre ha sostenido la necesidad de que en nuestro país exista una oposición fuerte, para hacer de contrapeso al poder de turno. Por eso, es lamentable ver la triste imagen que viene proyectando el PLRA, sin ofrecer absolutamente nada que lo convierta en una alternativa para quienes aspiran a un país mejor. No ofrece figuras atractivas ni proyectos interesantes. Necesita una refundación, la que está en manos de sus propios afiliados, “Por el bien del Paraguay”, al decir de su polca. Es necesario que estos se movilicen para que su partido esté a la altura de su larga y respetable historia, ignorando los “ismos” personalizados que lo están llevando a la ruina.