La Junta Municipal de Asunción tiene nada menos que 1.270 funcionarios, lo que equivale a 52,9 por cada uno de los 24 concejales que, entre otras cosas, sancionan ordenanzas, autorizan llamados a licitación pública, aprueban adjudicaciones, sancionan el Presupuesto, controlan su ejecución, autorizan la contratación de créditos y de servicios de auditoría, piden informes a la Intendencia sobre el funcionamiento municipal y designan a los jueces de faltas, así como al secretario del órgano que integran. Es decir, entre las atribuciones que les otorga el art. 36 de la Ley N° 3966/10 no figuran las de cobrar tributos y ejecutar el Presupuesto, que implica dirigir el tránsito, recoger basuras, limpiar plazas, bachear calles, ni administrar el Mercado de Abasto ni la Terminal de Ómnibus. Estas son tareas propias de la Intendencia, para lo cual requiere de personal suficiente, aunque ni de lejos el paquidérmico plantel como el que hoy tiene.
Se preguntará el lector por qué la Junta necesita tantos funcionarios, si no tendrían mucho más que hacer que labrar actas, atender a visitantes, tipear minutas y pedidos de informes o fotocopiar documentos. La obvia respuesta es que los ediles de antes y de ahora siempre han creído necesario retribuir favores políticos a costa de los contribuyentes asuncenos, empezando por su propio entorno. Otra cuestión a plantearse es si el edificio que ocupa la Junta tiene espacio suficiente para albergar al cuantioso personal. Por motivos también evidentes, la respuesta debe ser negativa, lo que conlleva un tercer interrogante: ¿dónde trabajan todos los que integran este ejército de “funcionarios”? La respuesta de hecho es que la enorme mayoría de los funcionarios son “planilleros” comunes y corrientes, como lo fue el hoy imputado taxista que cobraba en la Cámara de Diputados.
El 2 de marzo, y solo tras una observación de la Contraloría General de la República, se eliminó la “marcación diferencial”, que permitía a esos supuestos servidores públicos registrar solo su entrada, so pretexto de que si tenían que acompañar a un concejal a algún sitio, su jornada laboral podría extenderse hasta horas de la noche, lo que demandaría el pago de horas extras, tal como lo señaló el edil Augusto Wagner (PLRA). O sea que la población debe creer que la medida respondió al laudable deseo de ahorrar dinero y no al de liberar a los vagos de la carga de repetir la farsa, presentándose más tarde para marcar su salida, tal como suele ocurrir en la administración pública. El día en que se inauguró el sistema tradicional, por así decirlo, que impide abandonar el lugar de “trabajo”, salvo para almorzar, se constató que fueron numerosos los funcionarios que, entre las 7:00 y las 8:00, marcaron en el reloj biométrico y luego firmaron la panilla de asistencia. El problema es que luego se vio a muy pocos de ellos, tanto en los pasillos como en las oficinas, es decir, los “planilleros” siguieron en lo de siempre, cometiendo el delito de cobro indebido de honorarios, debiendo ser procesados por eso, como el mencionado taxista del Congreso. Porque hay que subrayarlo: quienes cobran sin trabajar roban a los contribuyentes con la notoria complicidad de sus jefes y de los concejales.
En el segundo día de control, marcaron su entrada 1.161 funcionarios, de los cuales 43 lo hicieron en el Centro de Desarrollo Infantil Concejalitos (!) y 205 en sus lugares de comisionamiento en la Intendencia o en oficinas interinstitucionales. Se pudo observar, empero, que los pasillos estaban vacíos y que en las oficinas había muy pocas personas, que dialogaban, hablaban por teléfono móvil o estaban sentados, sin hacer absolutamente nada. Ya se mencionó el grave problema de la falta de espacio para cobijar a todos y el hecho de que, en realidad, no tienen mucho que hacer. ¿Qué harían si asistieran todos a la sede de la Junta Municipal y permanecieran allí, apretujados como sardinas, hasta el fin de la jornada “laboral”? En realidad, aunque quisieran justificar su salario haciendo algo útil, no sabrían cómo hacerlo por la simple razón de que no tienen función alguna que ejercer. Y esto lo sabían los concejales que sancionaron los presupuestos y los intendentes que no objetaron las partidas previstas para instalar a tanto personal superfluo.
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Hace dos años, la Junta Municipal tenía “solo” 1.087 funcionarios y hoy son 183 más, entre los cuales también hay cocineros y pintores, que cobran una bonificación por “trabajo insalubre”. Su expresidente Óscar Rodríguez –hoy intendente– sostuvo que podría operar con 700 personas, cantidad que también resulta desmedida. ¿Qué hacer, pues? Una salida podría ser la de aumentar los comisionamientos a otras dependencias municipales, si no fuera porque también la Intendencia está saturada con personal superfluo. La solución podría venir por el lado del Ministerio Público, que tendría que esforzarse bastante para perseguir a todos los “planilleros”. La Ley de la Función Pública prevé la supresión o fusión de cargos, disponiendo a la vez que el Presupuesto nacional incluya los fondos necesarios para las indemnizaciones. Pero en el sector público rige el principio de que quien haya ingresado sin concurso o sin cumplir cualquier otra exigencia, debe ser cesado sin pago alguno en concepto de despido.
Resulta imperioso encontrar una solución a este escándalo administrativo que afecta el bolsillo de los contribuyentes e incluso la dignidad de quienes en verdad desean trabajar, suponiendo que los haya, pero no pueden hacerlo por carecer de función alguna que cumplir. No hay derecho a seguir alimentando a un ejército de zánganos con el dinero que esforzadamente pagan los asuncenos en concepto de impuestos.