Hasta anoche, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) constató nueve casos de coronavirus, cifra que parece ínfima frente a los 181.121 registrados en un total de 150 países, con 7.113 fallecidos. Con todo, el dato no deja de ser alarmante, pues el Paraguay tiene solo 7,2 millones de habitantes y no hay signos de que la pandemia esté siendo mitigada en grado significativo, salvo en China y en Corea del Sur, según datos oficiales. Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, el país europeo más afectado hasta hoy por la crisis sanitaria mundial, hizo una saludable autocrítica al señalar -seguramente movido por la trágica experiencia de su país- la necesidad de que en los diversos Estados se tomen rápidas medidas preventivas. En tal sentido, el Gobierno nacional hizo bien al disponer la suspensión de las clases y de los eventos de asistencia masiva hasta el 25 de marzo, así como al instar a la población a quedarse en sus casas y lavarse las manos con frecuencia.
Ahora dispuso el cierre parcial de las fronteras para el tráfico de personas, así como la suspensión de vuelos desde zonas muy afectadas, como los provenientes de Europa, dada la difusión y la gravedad del fenómeno, facilitadas por la intensidad de las comunicaciones aéreas, terrestres y fluviales contemporáneas. También ordenó restringir la circulación de personas entre las 20:00 y 04:00 de la madrugada. Se entiende así que el control debe ser más estricto que de costumbre. La pandemia aconseja limitar excepcionalmente el libre tránsito, empezando por el ámbito regional, de modo que resulta plausible que también la Argentina haya cerrado al fin sus fronteras. Se aguarda que el Gobierno brasileño disponga lo mismo, porque, irresponsablemente su presidente, Jair Bolsonaro, continúa minimizando la grave situación, incluso participando él mismo en un acto masivo de apoyo a su Gobierno. Este mal solo podrá ser eficazmente enfrentado mediante una estrecha cooperación internacional, la que, como es obvio, debe ser acompañada por una coordinación similar entre los órganos estatales de cada país, incluyendo los gobiernos locales, y, no por último, por un comportamiento responsable de las potenciales víctimas, es decir, de toda la población.
La ciudadanía tiene derecho a que las entidades públicas, sobre todo el MSPBS, brinden información constante y veraz sobre la evolución de la crisis, sin imitar el secretismo inicial de la dictadura china. Mientras la crisis no sea conjurada, la gente debe estar al tanto de las amenazas para que los consejos sean comprendidos y aplicados. La falta de transparencia, con la difusión de informes engañosos o tergiversados, como ya comienza a sospecharse, no hará otra cosa que alimentar la desconfianza y ocasionar reacciones inapropiadas de la población.
Entre tanto, aunque los datos fueran alentadores, no se debería bajar la guardia. En otros términos, se requiere una actitud racional, tanto de los gobernantes como de los gobernados. Mientras la alarma no sea desactivada, con base en constataciones fiables, corroboradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las entidades públicas competentes deben vigilar el cumplimiento de las normas en vigor y la población seguir las recomendaciones difundidas.
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En estas graves circunstancias, la salud pública depende, más que nunca, de la conducta de cada uno. Quien viole las disposiciones vigentes, organizando eventos en los que se aglomeren personas, o ignorando las medidas de higiene que deben existir en centros comerciales o en el transporte público, deben ser denunciados, porque atentan contra la salud de todos. En verdad, las medidas higiénicas deberían ser implementadas en todo tiempo, pero como ello no ocurre, se espera que se cumplan y se hagan cumplir al menos en la actual situación, que podría tornarse dramática, exigiendo un gran esfuerzo del personal sanitario, que está desarrollando una plausible labor pese a la pobreza en materia de infraestructura, equipamiento e insumos. También sería útil poner en evidencia a los inescrupulosos que se valen de la crisis para aumentar artificialmente los precios de ciertos productos, pero más aún que los gremios empresariales se ocupen también de su buena imagen, instando a sus socios que supediten a la salud pública el afán de lucro desmesurado.
Pero no solo los comerciantes voraces pueden aprovecharse del coronavirus, sino también los politicastros de siempre, como ya lo están haciendo, sin ningún pudor, los precandidatos colorados a intendente Hugo Ramírez (Asunción), Rolando Segovia (Ciudad del Este) y Maggi Torales (Repatración), quienes distribuyen, a cambio del voto esperado en las elecciones internas de agosto, agua o frascos de alcohol en gel con sus respectivas calcomanías publicitarias, en los dos últimos casos. Un recurso muy bajo y cruel. Explotan la necesidad ajena, tal como lo suelen hacer quienes surten de chapas a las víctimas asuncenas de las inundaciones para ser retribuidos luego con una jugosa dieta de concejal. Si en verdad les interesara la sanidad y fueran generosos deberían hacer donaciones anónimas. Es de esperar que sea sincera y no un mero afán de populismo la decisión tomada por los diputados Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR) y el citado Hugo Ramírez, así como por ciertos ministros y el director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, de donar un mes de sus sueldos al MSPBS para la lucha contra el coronavirus. Muy fácil es para los políticos promocionarse a costa de la desdicha ajena. El senador Stephan Rasmussen (PPQ) fue algo más realista al proponer una “cumbre de Poderes” para recortar gastos superfluos, como los destinados a viáticos y combustibles, para destinarlos esta vez al programa de lucha contra la pandemia.
Es de esperar, en fin, que la población esté a la altura del reto planteado a la salud pública, cumpliendo con las sugerencias del MSPBS, coincidentes con las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y exigiendo a las autoridades sanitarias que controlen con rigor que las medidas contempladas en la Resolución SG Nº 90, del 10 de marzo de 2020, sean observadas por todos los sujetos obligados. Y que el peso de la ley caiga sobre los infractores.