La operación “Cicatriz”, dirigida por el impresentable José Alberto Alderete para sanar las heridas provocadas en la ANR por la disputa abdo-cartista, no se dejó distraer por la crisis sanitaria que agobia al país y al mundo. Al contrario, aprovechó la penosa ocasión para que sus protagonistas –el presidente Mario Abdo Benítez y su antecesor Horacio Cartes– llegaran en la noche del último sábado a un acuerdo de cara a las elecciones internas y municipales de este año.
La reunión en la residencia presidencial fue muy discreta, como corresponde en una componenda extraña al interés general. Si su debilidad política le indujo al Jefe de Estado a consumarla, solo días después de haber anunciado una serie de medidas “drásticas” para mitigar el avance del coronavirus, la orden de captura en suspenso que Horacio Cartes soporta en el Brasil porque habría colaborado en la fuga de su “hermano del alma” Darío Messer no fue obstáculo para hacer las paces con alguien sobre quien alguna vez tuiteó que no se iba a “abrazar con los antivalores que debilitan la democracia”, agregando, por si hacía falta, que no iba a “negociar impunidad con nadie”.
Como no hubo fotógrafos en Mburuvicha Róga, se ignora si el Presidente de la República se abrazó con el “antivalor” visitante, pero sí se sabe que en ese lugar se unieron el hambre y las ganas de comer: el uno, cuya gestión gubernativa está lejos de ser brillante, necesita el apoyo cartista en el Congreso, en tanto que al otro, con problemas judiciales en el Brasil y que podrían extenderse a nuestro país tras el reciente decomiso de cigarrillos fronterizos, no le vendría nada mal refugiarse en los brazos del poder político. En contrapartida, el líder del movimiento Honor Colorado podría aportar, además del voto de sus legisladores, que ya habían salvado a su reemplazante de un inminente juicio político, un considerable apoyo financiero a las candidaturas coloradas venideras, como ya están haciendo creer sus seguidores.
No debería extrañar, por tanto, que también las “bases” abdistas –léase los seccionaleros– hayan estado muy interesadas en la concreción del pacto de marras. Si el poderoso empresario llegó al extremo de dar dinero hasta a dirigentes de otros partidos, al parecer incluyendo a un conocido dirigente de la izquierda, procesado desde hace diez años, sería lógico que también colabore –y en mucha mayor medida– con los postulantes abdistas a las Intendencias y a las concejalías. El “poderoso caballero” es capaz de eliminar rencores con la misma facilidad con que se vulneran las normas del Código Electoral sobre el financiamiento político. Por lo demás, los seccionaleros cartistas hoy marginados del poder se estarán frotando las manos ante la posibilidad de que el contubernio en cuestión les permita reconquistar espacios en el Presupuesto nacional.
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Claro que de lo antedicho no se habló en la conferencia de prensa ofrecida por Alderete y por el diputado Pedro Alliana, presidente de la ANR, en cuyo beneficio se adaptará el estatuto para que continúe al frente del partido. Se dijo sí que el acuerdo busca dar estabilidad política al Primer Mandatario –vulgo: sin Cartes el Gobierno de Marito va a tambalear– o, en otros términos, que se trata de una renovación, ante una eventualidad similar, del salvataje promovido en 2019 por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Aquí nada importan las políticas públicas, sino la permanencia en el cargo a cambio de concesiones que bien pueden calificarse, desde ya, de inmorales. La obscenidad al respecto también se evidencia desde el lado del cartismo: puede esperarse que garantizará la “estabilidad política” aunque el Jefe de Estado vuelva a incurrir en alguna causal de juicio político. La Constitución sería lo de menos: lo que importaría es mantener el acuerdo a toda costa, siempre que la otra parte cumpla con lo pactado. Por supuesto, como nada sale gratis en la politiquería nacional, probablemente Mario Abdo Benítez pague la “gobernabilidad” no solo con cargos, sino también –y sobre todo– con la impunidad, pese a aquello de “caiga quien caiga”, que tanto recuerda lo de “cortar la mano a los corruptos”.
En esta cuestión estaría muy interesado no solo el gran jefe del movimiento Honor Colorado. En efecto, hay varios personajes, de uno y otro sector de la ANR, que hoy tienen que vérselas con la Justicia y que saludarían alborozados que el contubernio llegue para ellos en buena hora. Allí están los legisladores Javier Zacarías Irún (cartista), Ulises Quintana (abdista), Miguel Cuevas (abdista) y Tomás Rivas (cartista), así como el exsenador Óscar González Daher (cartista) y el expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas (cartista), que pueden confiar en que, dado el tradicional sometimiento de la judicatura al poder político, tienen el marco propicio para la ansiada impunidad. Más aún, habrá otros legisladores o funcionarios que podrían interpretar lo acontecido como una suerte de luz verde para negociados varios, que no serían perseguidos porque pueden pensar que los dos grandes líderes se confabularon de hecho contra el imperio de la ley.
Los arreglos que se cocinen dentro de la ANR solo atañen, en principio, a sus afiliados. Empero, cuando ellos suponen atentar contra la moralidad y el Estado de derecho, conciernen a toda la ciudadanía. El “abrazo republicano” puede ahogarla en favor de los corruptos, de modo que es preciso que los paraguayos todos presten mucha atención al desarrollo político y judicial de lo recién concertado. El senador Enrique Riera, excartista, ya había advertido que la operación “Cicatriz” se basaría, en definitiva, en que unos cuantos peces gordos queden sin el condigno castigo de la ley por sus fechorías.
En suma, mientras la población se ve obligada a someterse a ciertas comprensibles restricciones, que en buena medida paralizan sus actividades normales, Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes acordaron unirse, para que el uno continúe en el Palacio de López y el otro pueda influir en libertad sobre el Gobierno. Lo pactado entre gallos y medianoche no presagia nada bueno para el país.