Camilo y Guachiré continúan recurriendo a vergonzosas chicanas

El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de esa entidad Alfredo Guachiré, acusados desde hace diez años por un delito de lesión de confianza –sobrefacturación de alimentos, el famoso caso de los “coquitos de oro”– que en 2009 le costó al erario más de mil millones de guaraníes, ya no se limitan a interponer múltiples y asquerosas chicanas. En efecto, el segundo ha llegado a tratar de “payaso” a un miembro del Tribunal de Sentencia; es más, amenazó a todos con acciones penales por no interrumpir el juicio al que, por fin, pudieron ser sometidos, alegando que podría terminar contagiando a su madre enferma, debido a la pandemia del coronavirus. O sea que estos caraduras, con tal de no rendir cuentas de sus actos ante la Justicia, están incidentando las actuaciones en el literal sentido de la palabra. Por tanto, la Cámara de Apelaciones hizo bien hace pocos días no solo en rechazar una recusación contra sus miembros, sino también en remitir los antecedentes del proceso al Consejo de Superintentes de la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de una década de trabas reiteradas, es indudable que Soares y Guachiré vienen abusando del derecho a la defensa y que seguirán en lo mismo mientras sus canalladas procesales no sean punidas.

El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de esa entidad Alfredo Guachiré, acusados desde hace diez años por un delito de lesión de confianza –sobrefacturación de alimentos, el famoso caso de los “coquitos de oro”– que en 2009 le costó al erario más de mil millones de guaraníes, ya no se limitan a interponer múltiples y asquerosas chicanas. En efecto, el segundo ha llegado a tratar de “payaso” a un miembro del Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga; es más, amenazó a todos con acciones penales por no interrumpir el juicio al que, por fin, pudieron ser sometidos, alegando que podría terminar contagiando a su madre enferma, debido a la pandemia del coronavirus.

O sea que estos caraduras, con tal de no rendir cuentas de sus actos ante la Justicia, están incidentando las actuaciones en el literal sentido de la palabra. Por tanto, la Cámara de Apelaciones, compuesta por José Agustín Fernández, Gustavo Auadre y Delio Vera Navarro, hizo bien hace pocos días no solo en rechazar una recusación contra sus colegas antes nombrados, sino también en remitir los antecedentes del proceso al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y en pedirle que al mismo asista un funcionario de la Auditoría de Gestión Judicial para que informe sobre las chicanas que se vayan presentando, como era previsible y habría de ocurrir. Dado que el requerido brilló por su ausencia al reanudarse el juicio, no pudo dar cuenta de que los defensores de los encausados, Víctor Mujica y Juan Sosa, recusaron por cuarta vez –sí, por cuarta vez– a los miembros del Tribunal de Sentencia. El primero alegó “odio y resentimiento” así como “falta de confianza” en los magistrados, argumentos a los que solo se puede recurrir cuando no se hacen cumplir las normas del Código Procesal Penal y del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial, que obligan a los jueces a velar por la buena fe en los litigios y sancionar con hasta cien días de multa los casos graves y reiterados de mala fe o temeridad procesal.

Al cabo de una década de trabas reiteradas, es indudable que Soares y Guachiré vienen abusando del derecho a la defensa y que seguirán en lo mismo mientras sus canalladas procesales no sean punidas. El citado reglamento califica de falta grave que un magistrado incurra en negligencia en el cumplimiento de sus deberes, y sanciona con una multa de hasta treinta jornales mínimos o con suspensión de hasta un mes, sin goce de sueldo, el hecho de que un juez no castigue semejante inconducta, pero hasta hoy ninguno de los que han intervenido en este caso ha sido tan siquiera llamado al orden por no imponer disciplina. Se entiende así que este par de notorios litigantes de mala fe continúe burlándose de la Justicia y, por extensión, de toda la ciudadanía, no solo para obstruir el procedimiento, sino también para tratar de que sean juzgados por un tribunal conformado a su gusto y paladar. El abogado Mujica planteó su última chicana “por derecho propio”, pero es obvio que lo hizo siguiendo instrucciones de sus defendidos o con su consentimiento. Uno y otro se han venido turnando para promover incidentes dilatorios, recusando, por las razones más disparatadas, a jueces, camaristas y agentes fiscales, pero tienen la desfachatez de afirmar que sus derechos procesales son violados. Ellos sí que han venido pisoteando el código, el reglamento disciplinario y la moral para tratar de eludir la pena que deben soportar, según todos los indicios. En la historia judicial del país habrá muy pocos procesos penales en materia de corrupción, si es que hay alguno, que se hayan extendido tanto, debido a las sucias maniobras de los acusados. Es probable que Soares y Guachiré tengan un récord en la materia, nada envidiable para la gente honesta.

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Como ya se ha dicho en varios casos similares, quienes chicanean se saben culpables, de modo que a estas alturas ya habrá una opinión pública bastante firme con respecto a lo que ambos habrían perpetrado en la SEN. Está visto que, en materia de mala fe procesal, no caben las distinciones doctrinarias: los “izquierdistas” Soares y Guachiré son tanto o más chicaneros que los “derechistas” Víctor Bogado y Miguel Cuevas. Y por el mismo evidente motivo. A la presunta sobrefacturación de “coquitos” sumaron en los últimos tiempos unos supuestos oscuros manejos en materia de financiamiento político, terminando por vengarse, según parece, del exintendente Mario Ferreiro, en un ajuste de cuentas también ajeno a disquisiciones ideológicas. En todo caso, se diría que en el Paraguay, aparte de la “izquierda caviar”, también hay una que puede calificarse de piraña, que debe caer en las redes de la Justicia si se demuestra que su voracidad le ha llevado a dar un mordisco al erario.

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