En repudiable actitud de soberbia corporativa y de desprecio por la suerte de millones de prójimos compatriotas que hoy están sometidos a la lacerante pandemia del coronavirus, ante el anuncio del Gobierno de que iba a proceder a un recorte de los salarios de los funcionarios del Estado paraguayo por el lapso de tres meses –de 10 por ciento a los que ganan más de cinco salarios mínimos y de 20 por ciento a los que perciben más de diez salarios mínimos–, los privilegiados sindicatos de la administración paraguaya de Itaipú han pegado el grito al cielo manifestando frontal oposición a la medida anunciada por el Gobierno, con la criminal amenaza de “paralizar” la usina hidroeléctrica si se les tocaban sus estratosféricas remuneraciones.
Llamativamente, el maleable director general paraguayo, Ernst Bergen, en vez de hacer valer la autoridad de que está investido, optó por la actitud del bíblico Pilatos de lavarse las manos, no tomando postura inmediata ni a favor ni en contra de la insolente manifestación pública de los gremios de funcionarios a su cargo. La posibilidad de “paralizar” la central hidroeléctrica era una amenaza grave y ameritaba al menos una denuncia ante las instancias correspondientes. En cambio, en ambigua actitud, optó por “agradecer” a aquellos funcionarios dispuestos a acatar la disposición administrativa anunciada por el Gobierno “con un alto espíritu de patriotismo y solidaridad”. A los remolones alzados en rebeldía contra la intención gubernamental no les alcanzó ninguna sanción. ¿Seguirá arando Bergen con esos bueyes, que si se enojan pueden dejar sin energía eléctrica a la gente y al aparato productivo nacional?
Lo menos a que su autoridad y responsabilidad en el cargo le obligaban era reafirmar su indeclinable decisión de hacer todo lo que está a su alcance para que se cumpla la decisión del Jefe de Estado, considerando que las entidades binacionales son parte del Estado paraguayo y no enclaves supranacionales como lo pretenden quienes allí medran. En el final, el único atisbo de ética de la responsabilidad inherente a su cargo de que el señor Bergen dio muestra fue indicarles a sus insolentes funcionarios subalternos agavillados –como si no lo supieran– que el 50 por ciento de la usina hidroeléctrica binacional no era de ellos, sino de los 7 millones de paraguayos.
Por lo demás, ante el airado e ilegal rechazo de los sindicatos de Itaipú de la decisión del Gobierno de recortar temporalmente parte de sus abultados salarios para allegar fondos de emergencia a fin de combatir el flagelo de la pandemia que está matando a las personas y que amenaza expandirse con consecuencias sociales y económicas catastróficas, el ministro de Hacienda, Benigno López, declaró acertadamente con relación a la repudiable actitud sindical: “Yo no creo que sea más que una amenaza, no creo que la irresponsabilidad llegue a tanto. Tampoco me sorprende, ellos normalmente hacen ese tipo de juego cuando hay alguna posibilidad de que sus contratos se revisen. Vamos a estar preparados para accionar. Vemos que la Fiscalía ya se expidió al respecto de la amenaza. Ellos no pueden apropiarse de la binacional para amenazar y para gestionar situaciones diferentes a la que vive todo el Paraguay” (las negritas son nuestras). En otras palabras, estos sindicatos vienen utilizando sus cargos para chantajear a las autoridades de la entidad binacional y al propio Gobierno para defender sus privilegios.
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El presidente Abdo Benítez debe entender que la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo entero no da margen a ningún Gobierno a subestimar la situación priorizando connotaciones políticas o sociales. Podemos afirmar que en estos momentos –al igual que otros países del mundo–, el Paraguay está en guerra contra un enemigo singular y muy poderoso: la pandemia del coronavirus. Y tratándose de una guerra, el Gobierno está obligado a agotar los recursos a su alcance para frenar la plaga, y el pueblo a jugarse por entero en ese esfuerzo existencial destinado a salvar la vida de los paraguayos y paraguayas sin distinción de clases ni de ideologías.
Estamos en el peor momento de la crisis humanitaria. Ningún otro interés debe prevalecer sobre el que en estos momentos impulsa el Gobierno con la finalidad de arbitrar recursos económicos para cuidados sanitarios, así como para paliar la crisis de subsistencia que por partida doble golpea a los estratos más vulnerables de la sociedad paraguaya, en las ciudades y en el campo. El país está en estado de desastre epidemiológico y de severa contracción económica. Por tanto, el Gobierno tiene legal y justo derecho y obligación de disponer la reprogramación del gasto público, así como de recortar, más no sea temporalmente, el sueldo de los funcionarios en un porcentaje primordial, como tiene programado hacerlo en los próximos tres meses, mal les pese a los sindicalistas de Itaipú y a los funcionarios de las demás reparticiones públicas cuyos sueldos son pagados por los contribuyentes.
Los funcionarios que rechazan la medida de emergencia del Gobierno tienen el derecho de renunciar a sus puestos en señal de disconformidad, pero no a negarse a acatar disposiciones como esta, motivada por la emergencia declarada por ley. Y los que recurran a la violencia para desobedecerla deben ser reprimidos con todo el rigor legal, pues los funcionarios son “servidores públicos” y no patrones del pueblo soberano al que el Estado está obligado a proteger con todos los medios a su alcance.