El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, dijo que su cartera está comprando más bolsas mortuorias porque, “naturalmente, vamos a tener muchas bajas”. Al tiempo de emitir su alarmante pronóstico, se mostró muy preocupado por la “relajación” de la gente en cuanto al cumplimiento de la cuarentena, vigente desde el 11 de marzo hasta, por de pronto, el 12 de abril. De la gravedad de la situación también dan cuenta los infectólogos Antonio Arbo y Tomás Mateo Balmelli, de modo que es imperioso que las restricciones a las libertades de reunión y de tránsito sean acatadas por todas las personas no exceptuadas del “aislamiento preventivo general”. Entretanto, ya son más de un millar las que han sido imputadas por el Ministerio Público por haberlas ignorado, poniendo en peligro su propia vida y la de los demás. Así las cosas, se emitió un decreto que, al ordenar nuevas medidas restrictivas de la circulación, obliga a todos los habitantes a “permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentren”, y les permite realizar solo “desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza”.
Si a todo ello se suma que el ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció que el control policial sería “más inflexible”, resulta que las autoridades están advirtiendo que las medidas preventivas dispuestas no tienen suficiente eficacia y que, por tanto, han decidido actuar con mayor rigor. Desde luego, ellas tienen el deber de hacerlas cumplir, ya que no se trata de meros consejos. Por lo demás, las sanciones aplicadas pueden tener un efecto disuasivo sobre quienes podrían caer en la tentación de comportarse ilícitamente en una crisis sanitaria de envergadura, provocada por una infección para la cual aún no existen vacunas. El problema radica en que ni la fuerza pública ni los agentes fiscales podrían estar en todas partes a la vez para perseguir a los infractores. En consecuencia, toda la responsabilidad es personal, y no debería esperarse que venga la fuerza pública a obligarnos a cumplir disposiciones dictadas en nuestro propio beneficio.
El suicidio no es un delito, de modo que uno podría salir a la calle con el propósito de contraer la enfermedad, si no fuera porque antes de fallecer podría contagiar a otros que sí quieren seguir viviendo. Es preciso que la población esté convencida de que nadie tiene derecho a amenazar la vida ajena con una conducta suicida o irresponsable. Por tanto, debe comprender que el distanciamiento social, según opinión unánime de los entendidos, es imprescindible para combatir la pandemia. Se diría que ese convencimiento no está lo bastante extendido y muchos son los que, con un pretexto u otro, vulneran unas disposiciones sanitarias recomendadas con énfasis en todo el mundo. Claro que es incómodo quedarse en casa por tanto tiempo, alejado de parientes y amigos y de las actividades recreativas habituales, porque así lo manda un decreto, pero todo sería más llevadero si se tuviera plena consciencia del sentido del encierro.
El ejercicio de la libertad presupone la vida, que es precisamente la que está en juego en estas dramáticas circunstancias. El “distanciamiento social” ordenado no es incompatible con la solidaridad. Al contrario, acatarlo implica respetar al prójimo, razón por la que el ministro Mazzoleni sugirió que cada uno se comporte como si tuviera el virus. Es decir, hay que actuar de tal manera que se reduzca al mínimo posible el riesgo de infectar, más aún atendiendo que hay casos asintomáticos en los que el afectado puede ignorar su situación.
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Nos esperan días muy difíciles, en los que la disciplina social será puesta a prueba. Sin ella, será un “desastre” enfrentarse “cuerpo a cuerpo” con el virus, como dijo el doctor Mateo Balmelli, al aconsejar que se prolongue la cuarentena y se evite visitar el interior del país durante la Semana Santa. El Ministerio de Salud Pública está siguiendo la evolución de la crisis, siendo presumible que en breve tome una decisión al respecto. Si de acuerdo a los datos disponibles es preciso que el “aislamiento preventivo general” se extienda en el tiempo, habrá que disponerlo así, confiando no solo en que la fuerza pública habrá de velar por el cumplimiento de la medida, sino también –y sobre todo– en que los sujetos obligados la respetarán, no tanto por temor a un castigo, sino por estar persuadidos de su absoluta necesidad. En defensa de la vida, todo sacrificio es poco.
Vencer a la pandemia exige el compromiso individual y colectivo de preservar la salud pública, obedeciendo las normativas en vigor, aunque no haya ningún agente policial o fiscal a la vista. La conciencia propia debería bastar para contribuir a que el país se sobreponga a tan tremenda adversidad. En realidad, aquí nos jugamos todos, de modo que el Paraguay “espera que cada uno cumpla con su deber”.