Si las legisladoras María Eugenia Bajac de Penner (PLRA, llanista) y Del Pilar Medina de Paredes (ANR, cartista) tuvieran una pizca de decencia, ya tendrían que haber renunciado a sus respectivas investiduras. Al violar la cuarentena en vigor, días después de haber asistido en Lima (Perú) a un congreso “Provida y profamilia”, han puesto en riesgo –justamente– la vida de numerosas personas. Ambas tendrán que asumir también las responsabilidades penal y civil derivadas de su imperdonable necedad. Si las hoy imputadas no pensaron que podrían contagiar a los demás, habrán creído que los efectos de su ilícita e insensata conducta serían insignificantes, en el peor de los casos. De hecho, resulta aún más grave la actuación de la senadora Bajac, pues habría asistido a una sesión de la Cámara Alta y visitado otros lugares, como una peluquería, pese a haber sido advertida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DVS) de la necesidad de permanecer en su casa, hasta tanto se tengan los resultados de los análisis a los que había sido sometida el 31 de marzo. Ayer la senadora presentó un resultado laboratorial que la declaraba libre del mal. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ratificó en un comunicado que un primer análisis a la misma dio positivo al coronavirus, y aún más, que varias personas que contactaron con ella también dieron resultado positivo. El propio ministro Julio Mazzoleni ya había dicho en su momento que la senadora presentaba síntomas de la enfermedad. Aclara también el comunicado –opinión compartida por el laboratorio privado cuyo resultado exhibió Bajac–, que “pruebas posteriores pueden arrojar resultados negativos por dificultades técnicas o por hallarse ya al final del proceso infeccioso”. La citada legisladora así va embarrando más su caso.
Por de pronto y más allá de lo que disponga la legislación penal, resulta evidente que no está en condiciones de seguir ocupando un escaño. El art. 190 de la Constitución dice que cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá remover a un miembro “por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia”. Puede presumirse que solo alguien que no está en sus cabales puede actuar como lo hizo la susodicha. Según el presidente del Congreso, Blas Llano (PLRA), la senadora tenía previsto asistir con dinero público a un encuentro en Guatemala. Al respecto se publicó un afiche promocional de tal reunión, cuyo tema era la “Transformación sobrenatural de las naciones en la era de Ciro” (¡¡¡!!!). La legisladora debería explicar qué beneficios podría allegar a nuestro país un tema como el mencionado, que raya lo esotérico, para que el viaje sea financiado por el contribuyente paraguayo. En consecuencia, le haría un gran favor a la ciudadanía si tuviera el decoro de dimitir, tal como le exigieron el titular del Congreso como el del PLRA, Efraín Alegre.
Entretanto, ya perdió toda autoridad moral para seguir legislando en un país en el que hay más de mil imputados por haber violado las restricciones dispuestas en defensa de la salud pública. Si se demuestra su culpabilidad, tienen que ser punidos, aunque la enorme mayoría de ellos, si no todos, estén libres del coronavirus. En otras palabras, no ignoraron las prohibiciones sabiendo que habían sido afectados, a diferencia de las legisladoras que debían esperar los resultados de las pruebas para retornar a la vida cotidiana. Las mismas podrían ser imputadas inclusive por homicidio culposo, si su deleznable comportamiento tuviera alguna consecuencia fatal.
Aparte de insensata, la senadora Bajac también sería mentirosa, pues, tras haberse revelado la dramática situación, afirmó que nunca tuvo ningún síntoma, pese a que ella misma había reportado lo contrario a la DVS. Que no es muy apegada a la verdad se desprende también de que, a petición suya, el presidente del Senado le había asignado un viático de más de doce millones de guaraníes para asistir en Guatemala, entre el 16 y el 20 de marzo, a un congreso de la “Coalición Latina para Israel”, que “promueve la participación de la comunidad latina con el mayor movimiento hispano a favor de Israel”. En realidad, el magno evento, que tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia, se iba a ocupar más bien de la “transformación sobrenatural” antes referida, un tema que no parece estar vinculado a la tarea legislativa, sino más bien a la religión o la parapsicología. La senadora regresó, pues, el 16 de marzo y devolvió 11.108.213 guaraníes el 2 de abril, o sea, tras haber estallado el escándalo.
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El caso recuerda el del diputado Carlos Portillo (PLRA), que cobró viático pero no asistió a ningún evento, de modo que no resulta insólito. Lo novedoso aquí es que esta vez se ha puesto en peligro la vida ajena, desoyendo olímpicamente a la DVS y violando las normas sanitarias. A la población se le está exigiendo, como corresponde, que acate el “aislamiento preventivo general”, aunque ello implique notables sacrificios. Está en juego el bien común, pero ocurre que dos legisladoras han actuado como si la salud pública no les importara en absoluto. Ellas pueden despreciar la suya, si así lo desean, pero no tienen ningún derecho a poner en riesgo la de los demás, de modo que la indignación ciudadana está plenamente justificada. Han dado una muestra cabal de que, en este país, las normas no rigen para los gobernantes que las dictan y las aplican. Creen que pueden legislar en la certidumbre de que no serán alcanzados por ellas, es decir, que pueden violarlas cuando se les antoje.
La senadora Bajac y la diputada Medina no han traficado influencias, pero han cometido algo aún más repudiable, que es atentar contra la sanidad. No deben seguir integrando unas Cámaras que se llaman “honorables”, sino renunciar de una vez por todas. Mal pueden representar a un pueblo angustiado por una pandemia, habiendo contribuido a la amenaza con semejante inconducta. Sería arriesgado suponer que, en verdad, tengan algún sentimiento de culpa, pero no así afirmar que el repudio de sus compatriotas debe inducirles a quedarse en el futuro en sus casas y dejar libres sus bancas, sin necesidad de cuarentena alguna. Constituyen un peligro para el país.