En julio de 2019, el senador Sergio Godoy (ANR) presentó un impresionante “proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, limita el nombramiento y la contratación de parientes, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece medidas de racionalización del gasto público”. Esta feliz iniciativa –ahora aparecieron otras, impulsadas por la coyuntura– nunca fue tratada, por la simple razón de que cuidar el dinero de los contribuyentes no es una de las prioridades de los legisladores. Siempre les ha interesado mucho más dar el gusto a sus respectivas clientelas instaladas en el Presupuesto, aunque ello implique privar de recursos a la buena atención de las necesidades públicas.
Y bien, la cruel pandemia parece haber obrado el milagro de que, de pronto, en el Poder Legislativo –y también en el Ejecutivo– hayan advertido que es hora de poner coto, al menos temporalmente, al sempiterno derroche. De hecho, la ley que declara el estado de emergencia, en vigor desde el 26 de marzo, ya prohibió para este año la contratación de servicios de catering, con ciertas excepciones, así como unos desembolsos que implican sobresueldos para los privilegiados “servidores públicos”, como los subsidios por casamiento y la ayuda tanto vacacional como alimenticia. Son mencionadas como “medidas de racionalización”, lo que supone que existían y siguen existiendo gastos irracionales, considerando el interés general. Dada la crisis económica derivada de la sanitaria, el Senado resolvió ir más allá por la senda de la austeridad recién descubierta y desempolvar el proyecto de ley antes referido. Empezó a tratarlo en su última sesión presencial, aunque el debate tuvo que ser interrumpido por falta de quorum, lo que bien pudo interpretarse como un desinterés persistente, al menos por parte de los senadores Javier Zacarías Irún (ANR), Lilian Samaniego (ANR), Fernando Lugo (FG), Fulgencio Rodríguez (FG) y Esperanza Martínez (FG), entre otros, que abandonaron la sala.
Según se dice, existe un acuerdo para dar un “mensaje” a la ciudadanía con miras a la reforma del gasto público, obviamente ligada a la del Estado, promovida por el Palacio de López. Habría unas quince iniciativas en tal sentido y, en especial, en el de reducir los más altos ingresos en la función pública, aunque solo durante el estado de emergencia. Si la eliminación de ciertos gastos innecesarios tuviera un carácter permanente, la opinión pública podría aplaudir el “mensaje”, pero sin perder de vista que más tarde puede ser fácilmente ignorado por sus propios remitentes. En efecto, nada impide que los gastos superfluos sean nuevamente incluidos en el próximo Presupuesto, ya que los legisladores son afectos a abolir con los hechos las normativas aprobadas por ellos mismos, si no tienen rango constitucional. Por ejemplo, hay una Ley Orgánica Municipal que fija los requisitos que deben llenarse para crear nuevos municipios, pero se dictan leyes de creación que los ignoran olímpicamente. Hay otra que regula los casos en que se puede otorgar una pensión graciable, pero se les otorga –por ley– a quienquiera que esté relacionado con algún legislador. Para no ir más lejos, el proyecto de ley del senador Godoy “limita el nombramiento y la contratación de parientes”, pero ya rige una ley que prohíbe y sanciona el nepotismo, que nadie respeta. Ocurre lo que con la Constitución: urge más cumplirla y hacerla cumplir que reformarla.
En otras palabras, no es que falten leyes para impedir el despilfarro, entre otras lacras de la administración pública, sino la firme voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no necesita ninguna ley que prohíba el malgasto para excluirlo del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, pudiendo –y debiendo– hacer caso omiso de los que incluyen los organismos estatales en sus anteproyectos de Presupuesto. Tampoco la necesita el Congreso para desechar todo dispendio, pues basta con que cada año estime necesario no estirar hasta lo indecible recaudaciones ficticias para dar satisfacción a la clientela. Con todo, es saludable que en estos aciagos días se hable no solo de la corrupción de siempre, sino también del dinero público que se desperdicia con autorización legal. Dada nuestra triste experiencia de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, si se aprobaran nuevas leyes que combatan el derroche, deberían contemplarse claras disposiciones que impidan los atajos administrativos para violarlas, y establecer severas penas a quienes recurran a ellos. De lo contrario, el Presupuesto del próximo año estará nuevamente plagado de las consabidas trampas para engordar el elefante estatal.
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La anunciada reforma del Estado tendrá que servir para atacar ese tremendo derroche que supone la abundancia de organismos, funcionarios y contratados innecesarios, siempre que, cabe reiterar, lo resuelto no sea socavado, una y otra vez, por la ley presupuestaria o, lisa y llanamente, por alguna que saque de la galera un nuevo Ministerio. Como en el Brasil llegó a haber uno de Desburocratización, es de esperar que en nuestro país a nadie se le antoje crear aunque más no sea una Secretaría, con el mismo laudable objetivo. El Paraguay habría estado hoy en condiciones mucho mejores para enfrentar el coronavirus, no solo si se hubiera robado menos, sino también si los Poderes Legislativo y Ejecutivo hubieran invertido mejor. Se conoce dónde están los gastos superfluos, lo que falta es voluntad política para eliminarlos.