Diputados de varios partidos políticos, entre los que no se incluye el Colorado, formularon una denuncia penal porque, debido a la emergencia sanitaria, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Patricia Samudio, firmó el 19 de marzo un contrato para comprar de la firma Solumedic 3.000 mascarillas N95, 15 termómetros y 5.000 unidades de agua tónica envasada, por un valor total de 359.700.000 guaraníes. Diez días antes, el Poder Ejecutivo había dictado un decreto ordenando que todos sus organismos colaboren con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para ejecutar el plan nacional de respuesta y exhortando a las demás entidades públicas a hacer lo mismo. El documento no se refirió explícitamente a las empresas públicas, entre las que figura Petropar, ni autorizó a las instituciones obligadas a colaborar a que reprogramen a tal efecto sus respectivos Presupuestos. La ley que declaró el estado de emergencia, promulgada recién el 26 de marzo, incluyó sí a Petropar entre las entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria y permitió a “todos los organismos y entidades del Estado (…) reasignar las partidas presupuestarias, conforme a lo que disponga el Poder Ejecutivo, en carácter de excepción” a las normas de la ley que aprueba el Presupuesto nacional de este año.
Lo antedicho significa que Patricia Samudio actuó por sí y ante sí al efectuar unas reasignaciones antes de que entre en vigor la Ley Nº 6524/20, esto es, habría incurrido en una clara malversación, salvo que el Presupuesto de la empresa, que tan mal dirige, ya hubiera previsto la adquisición de los bienes mencionados. La operación también fue en contra del espíritu de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, que plantea tener más de una oferta para comparar precios y que compitan entre sí, aun en los casos de contrataciones directas. Como Petropar invitó solo a uno, debería explicar muy bien por qué tuvo que hacerlo así. Incluso en tal caso debía “asegurar al Estado las mejores condiciones”, según ordena la ley citada, pero no parece que lo haya hecho, atendiendo que el 13 de marzo –antes de que se consumara lo que parece ser un negociado– el propio MSPyBS fijó el precio máximo referencial de 25.000 guaraníes para una mascarilla N95, en tanto que Petropar aceptó pagar por ella 38.000, con lo que el daño patrimonial causado ascendería en este punto a 39.000.000 de guaraníes. La resolución ministerial no se ocupó de regular el precio del agua tónica, acaso porque la necesidad de emplearla para mitigar la pandemia no resultaba evidente. Por lo visto, la abogada Patricia Samudio sabía mejor que el médico Julio Mazzoleni qué es lo que también hacía falta comprar para enfrentar la crisis sanitaria, así que contribuyó con 25.000.000 de guaraníes de Petropar a saciar la sed de la gente con un refresco saborizado con quinina, quizá porque ella tiene propiedades digestivas y analgésicas, entre otras cosas. El acto administrativo sanitario citado tampoco se ocupó del valor de los termómetros, pero la empresa pública estuvo dispuesta a pagar entre 600.000 y 1.700.000 guaraníes por unidad.
Aunque no sea presumible que quienes elaboraron el pliego de bases conozcan el mercado sanitario tan bien como el de combustibles, se les puede conceder aquí el beneficio de la duda. Lo que resulta indudable, en cambio, es que la presidenta comprometió fondos de Petropar que no estaban asignados para el objeto del contrato. La Ley Nº 2051/03 prohíbe comprometer pago alguno que no esté expresamente previsto en el Presupuesto nacional o en una ley posterior. Dice también que solo podrán contratarse adquisiciones cuando haya saldo disponible en la correspondiente partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda, en cuyo caso el pliego de bases deberá señalar que la validez de la contratación dependerá de la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Nada de esto ocurrió y se firmó un contrato con dudoso sustento legal, siendo por tanto un acto anulable.
La gravísima irregularidad no puede ser subsanada por un acto administrativo posterior, aunque provenga del Presidente de la República. No cabría esperar que haya autorizado –ilícitamente– a Patricia Samudio a cometer semejante despropósito, de modo que la responsabilidad exclusiva debería atribuirse a quien ya ha dado suficientes pruebas de su escaso apego al sentido común y a las normas que deben regir su desempeño. Su penúltima infeliz actuación, acaecida en diciembre de 2019, tuvo que ver con el fiasco de que las naves de una empresa desconocida en el sector, contratada sin previa licitación, hayan vuelto del Río de la Plata, donde debían recoger gasoíl, con las bodegas vacías.
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En el editorial del 8 de enero de este año, sostuvimos que Patricia Samudio no era “ninguna garantía al frente de Petropar” y que si el Jefe de Estado deseaba evitar mayores daños al país, debía “admitir que se equivocó al nombrarla y prescindir de sus cuestionados servicios, tras la última penosa experiencia”. Es de lamentar que haya una nueva que nos induce, desde luego, a reafirmarnos en lo apuntado. Las dudas que arroja esta clase de actuaciones debilitan enormemente la credibilidad en el manejo de los recursos por parte de las instituciones del Estado, y por tanto, del Gobierno en general.