El Senado hizo muy bien al aprobar un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohíbe que los funcionarios de las entidades binacionales ganen más que el Presidente de la República, y que quienes sean promovidos cobren un salario mayor que el de su jefe inmediato. La plausible norma propuesta por el senador Sergio Godoy (ANR), que tuvo 41 votos a favor y en contra los de sus correligionarios Juan Carlos Galaverna, Silvio Ovelar y Juan Darío Monges, ataca una de las expresiones visibles de que las dos usinas hidroeléctricas operan en gran medida como si fueran Estados independientes. Las exorbitantes remuneraciones allí abonadas no condicen en absoluto con las de los demás que prestan servicios en la función pública ni, mucho menos, con las percibidas en el sector privado.
Un claro ejemplo de dicha distorsión es que el Jefe de Estado tiene este año un salario mensual de 33 millones de guaraníes, a los que se suman 4.908.800 en concepto de “gastos de representación”, en tanto que Magnolia Mendoza, directora jurídica de Itaipú Binacional y esposa del senador Ovelar, se lleva a casa nada menos que ¡105 millones de guaraníes al mes! Esta señora ejerce una función pública en el Paraguay, cuya Carta Magna le obliga a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, pero gana como si viviera en un país riquísimo y sus responsabilidades fueran mucho mayores que quien tiene a su cargo la administración general de la República. Desde luego, es comprensible que su marido se haya opuesto, ¡quién no!, a la cláusula referida, mal que le pese al líder de su sector partidario. En efecto, el presidente Abdo Benítez había anunciado, el 1 de abril, que recurriría a las instancias judiciales si se incumpliera su directiva de que ningún “servidor” público gane más que el jefe del Poder Ejecutivo, al tiempo de manifestar su “profunda decepción” con quienes se niegan a acatarla, como los sindicalistas de Itaipú Binacional. Es de suponer que esa decepción se extenderá ahora a los tres mosqueteros del privilegio. El senador Galaverna, por ahora “abdista”, llegó incluso a hablar de una “conspiración”, antes de insultar a su colega Godoy. Habrá que concluir, pues, que el Presidente de la República conspira contra sí mismo, ya que lo aprobado coincide con la orden que él mismo impartió.
El disparate del legislador es atribuible a que su hijo Juan José gana 21 millones de guaraníes mensuales en la usina hidroeléctrica compartida con el Brasil, donde ingresó en junio de 2018 a “pedido de la Presidencia”. Es decir, no participó en ningún concurso público de oposición. Juan Manuel Monges –hijo del senador “cartista”– percibe allí, cada mes, 15 millones de guaraníes. Su padre es un enemigo íntimo del ypacaraiense, pero coincidió con él en una cuestión mucho más relevante para ellos –el amor a la familia– que aquellas en las que suelen discrepar con tanta vehemencia. Por cierto, Monges está mejor representado en la Entidad Binacional Yacyretá, donde “trabajan” sus hermanos Ulpiano y Carlos, así como su cuñado Óscar Zárate, para ganar entre 13 y 19 millones de guaraníes mensuales. El senador Ovelar también tiene instalados allí a su cuñada Violeta y a su suegro Armando Mendoza, con un sueldo de 16 millones de guaraníes al mes, cada uno.
Aparte del caso del hijo del senador Galaverna, que ingresó mediante un presunto “dedazo”, se ignora si los otros agraciados participaron en un concurso público de oposición antes de gozar de sus envidiables ingresos, dado que las entidades binacionales se niegan a informar al respecto, aunque tengan que hacerlo según la Ley Nº 5282/14. Es presumible que no tuvieron necesidad alguna de demostrar sus méritos y aptitudes, como tampoco la habrá tenido en su momento el exministro de Agricultura Antonio Ibáñez para recibir una prebenda en Itaipú Binacional, bajo el actual Gobierno, como recompensa por el hecho de que su hijo José María, “abdista”, se vio obligado a renunciar a su banca de diputado tras el escándalo de los caseros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También se nota que ningún “abrazo republicano” es tan estrecho como para ahogar la repartija de cargos bien dotados, en favor de parientes cercanos y, desde luego, de los respectivos “operadores políticos”. La “Operación Cicatriz” halla sus límites allí donde está en juego el bienestar familiar... de quienes están en la pomada.
A propósito, a la ciudadanía le gustaría saber si el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien venía apareciendo como cabeza de la reforma del Estado anunciada por el Poder Ejecutivo, está en verdad de acuerdo con los “recortes”, dado que tiene once parientes bien ubicados en la administración pública y en las entidades binacionales. Es presumible que le costó anunciarla el 30 de marzo, con el ministro de Hacienda, Benigno López. En cambio, al senador Galaverna le resultó fácil coincidir con su colega Monges y a este discrepar con el senador Godoy, más allá de todo internismo y, sobre todo, ignorando el interés general de que las usinas hidroeléctricas dejen de ser un rico botín al alcance de ávidos bucaneros de la politiquería.
Fue una agradable sorpresa que en el Senado haya habido una mayoría tan abrumadora –con la excepción de los ya mencionados legisladores– en favor de una norma que se ha hecho esperar durante tanto tiempo. Es de esperar que en la Cámara de Diputados aflore por una vez un poco de patriotismo para ratificar lo resuelto en la Cámara Alta, y poner fin a la desigualdad tan irritante que consagra la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en nuestro país.