Es sabido que en las situaciones críticas afloran lo mejor y lo peor del ser humano. Si en un conflicto bélico hay muestras de coraje y de cobardía, en una calamidad aparecen los solidarios y los aprovechadores. Es lo que se está observando ahora en nuestra sociedad, enfrentada a vida o muerte con la primera pandemia del siglo. Son numerosas las personas y organizaciones civiles que tratan de dotar a los abnegados trabajadores de la salud de equipos adecuados para frenar la expansión del mal y de proveer alimentos a quienes sufren penurias por haber perdido sus fuentes de ingreso. La otra cara de la moneda la exhiben quienes provocan un extorsivo aumento artificial de precios, o se aprovechan de licitaciones, mientras aparecen también agrupaciones políticas que, con demandas populistas, tratan de sacar rédito de tan grave circunstancia. Tampoco faltan quienes, ejerciendo la función pública, dan muestras de prepotencia, o quienes utilizan su poder e influencia para beneficiar a algún recomendado, amigo o pariente.
Quienes investidos de función pública actúan de manera torcida en estas lamentables circunstancias son repudiables en especial, pues sus actuaciones, que debían ser el cimiento de la credibilidad moral de la actuación de los funcionarios públicos, discurren por la violación de las normas legales. En efecto, los deplorables casos aludidos coinciden en que sus protagonistas creen que para ellos no rige el principio constitucional de igualdad ante la ley; por tanto, no estarían obligados a obedecerla como todos los demás habitantes del país porque tienen cierta investidura, una “lapicera” o una posición muy influyente.
El caso de la actuación totalmente irregular de la fiscala Teresa Sosa con el amparo de la fiscala general, Sandra Quiñónez, para beneficiar a un amigo del poder es un ejemplo didáctico y actual.
La fiscala Sosa se apersonó en el aeropuerto Silvio Pettirossi el pasado miércoles 22 para liberar personalmente del cumplimiento de la normativa legal vigente a Karim Salum, después de que su jefa Sandra Quiñónez haya llamado al ministro Federico González para interiorizarse sobre cómo lograr cuarentenas domiciliarias.
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La fiscala Sosa mintió deliberadamente sobre la edad de su protegido, para situarlo entre los beneficiados por ser mayores de sesenta años, edad (50 años) que constaba tanto en el certificado médico que ella esgrimía para incluir también a su protegido entre los beneficiarios por tener enfermedades de base, como en la lista de pasajeros discriminada por número de asiento, edad y sexo según ella misma relató. Nunca pidió la cédula de identidad a su protegido y dijo que certificó que era mayor de sesenta por “inspección visual”.
También mintió la fiscala Sosa sobre la enfermedad de base. No permitió que los médicos del aeropuerto cumplieran el protocolo obligatorio y el doctor Francisco López hizo saber que la fiscalía nunca antes, y nunca después, apareció y que la fiscala Sosa impidió lisa y llanamente la inspección de su protegido.
Después de la llegada el miércoles 22 del avión procedente de Estados Unidos, ya llegó un vuelo procedente de Europa al que no se presentó nadie del Ministerio Público.
Nada más ruin que aprovecharse de la desgracia colectiva para impulsar privilegios. Como el Ministerio Público está profundamente involucrado en las irregularidades, hasta el escandaloso extremo de que ahora se está investigando a sí mismo, tras las bochornosas actuaciones de Sandra Quiñónez y Teresa Sosa, corresponde a los organismos contralores del Estado proceder: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sobre la fiscala Sosa y la Cámara de Diputados sobre la fiscala Quiñónez.
Enrique Bacchetta (ANR, abdista) informó de mala gana que se le pediría a la agente fiscal “un informe sobre qué fue lo que ocurrió”. Es de señalar que su informe habrá que tomarlo con pinzas, pues la fiscala mintió reiteradamente del modo señalado anteriormente.
Es muy difícil creer que Teresa Sosa se hubiera atrevido a tanta flagrancia sin aquiescencia de su jefa, Sandra Quiñónez.
Esta no ha hecho honor al alto cargo que le confirió el sistema institucional paraguayo. Duermen el más profundo de los sueños todas las investigaciones importantes referidas al contrabando de cigarrillos, al lavado de dinero, a abusos de poder de los poderosos.
En este caso escandaloso no hizo más que confirmar que le gusta encubrir a sus amigos y facilitarles la comisión de conductas irregulares, confirmando que no merece seguir en el cargo.
La intervención de la titular del Ministerio Público constituye mal desempeño de funciones por usar indebidamente su influencia y, si eso no convenciera, por no haber sumariado a Teresa Sosa como se lo exige la ley orgánica del Ministerio Público.
Constituye un síntoma muy llamativo acerca de lo que protege Sandra Quiñónez el hecho de que los diputados de Honor Colorado y sus aliados en Colorado Añetete se hayan abroquelado para impedir su juicio político.
Los paraguayos estamos encerrados hace casi cincuenta días haciendo sacrificios indecibles para cumplir todos los protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud Pública, y el asombroso activismo de Sandra Quiñónez y Teresa Sosa para ayudar a sus protegidos a evadirlos manda al tacho todo el gran trabajo que viene realizando el equipo del Ministerio de Salud.
Los ciudadanos y las ciudadanas están hartos de que continúen tan campantemente la corrupción, la prepotencia y el uso de influencias por parte de quienes están enganchados en altos cargos en favor de allegados, disfrazando sus actos hasta de acción humanitaria. Estos hechos solo pueden llevar a la merma en la confianza en las acciones del Gobierno, por lo que el Ministerio Público, en vez de formar parte de hechos desdorosos, tiene que combatir las irregularidades allí donde se presenten.