El país enfrenta la pandemia con un paupérrimo equipamiento sanitario, pero el Instituto de Previsión Social (IPS) se dispone a gastar 39.886 millones de guaraníes en la compra de un sistema operativo (software) para su hospital regional del Alto Paraná y los centros asistenciales que tiene en este departamento. Y, cuándo no, una licitación pública de la entidad previsional vuelve a cubrirse con el manto de la sospecha. Así, la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) denunció que la suma mencionada supera “de manera exagerada” el costo de adquisiciones similares y que los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones –varias veces reajustados– “son consistentes con el direccionamiento de una licitación a una empresa en particular y no a necesidades propias del contratante”.
Puede que el hospital regional de Ciudad del Este requiera un nuevo software para gestionar las consultas de los asegurados, aunque carezca hoy de suficientes camas de terapia intensiva, pero lo que resulta a todas luces inadmisible es que se disponga a pagar mucho más de lo debido al cabo de un proceso licitatorio amañado, en el cual solo intervino la firma Green SA, representada por Hugo Wilson Armoa. Lo denunció una entidad que conoce el mercado y también, con toda certeza, los tejemanejes habituales entre la Unidad Operativa de Contratación o la máxima autoridad de un órgano convocante y quienes están dispuestos a “agradecer” la confianza depositada en ellos, destinando una parte del sobreprecio a sus benefactores: en casos como estos, en última instancia, la coima no sale del bolsillo de los contratistas, sino de las arcas públicas.
Es sabido que el IPS tiene una larga experiencia en fechorías similares, cualquiera sea el Gobierno de turno. Para no ir más lejos, se recordará que el presidente Mario Abdo Benítez intervino el año pasado para impedir que se consumara un gran negociado con las firmas Security Service SA y Bullers SA, vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, un viejo “amigo” de la casa. Tras reunirse con él en el Palacio de López, el entonces presidente del Consejo de Administración del IPS, Armando Rodríguez, dijo: “La intención del Presidente de la República es que no estemos bajo sospechas en ninguna circunstancia, bajo ningún proceso turbio que pueda existir. Por ello, ordenó que se reinicie el proceso. Vamos a llamar a una nueva licitación para que las empresas se presenten con todas las garantías”. Rodríguez fue reemplazado, al igual que los consejeros Julio César Velázquez y Edsel González.
Y bien, en vista de las evidencias que están saltando a la luz, ¿no cree, por acaso, el jefe del Poder Ejecutivo que ahora pueden estar bajo “sospechas”, porque habrían actuado en un “proceso turbio”, el actual presidente del Consejo, Andrés Gubetich, y los miembros Vicente Bataglia, Ludia Silvera, Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez? Lo decimos una vez más: las organizaciones de los empleadores, de los trabajadores y de los jubilados, ¿no deberían preguntar a sus respectivos representantes –los tres últimos citados– si no vieron nada “turbio” en el procedimiento de contratación? La misma pregunta debería formular la Contraloría General de la República al síndico Marcos Aquino, nombrado por ella, en reemplazo del removido Carlos Fuchs, que nada percibió mientras se gestaba el acuerdo entre el IPS y Chamorro Lafarja. Varias veces hemos dicho que los representantes de los diferentes sectores se comportan como empleados del IPS antes que como defensores de sus representados.
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Como en la ocasión antes referida, el Jefe de Estado tendría que tomar cartas en este asunto, porque huele muy mal. Los últimos escándalos deberían inducirle a interesarse mucho más en las grandes compras de bienes y servicios, también porque el fraude perpetrado en esas operaciones afecta severamente a su Gobierno. Es preciso que la Secretaría Nacional Anticorrupción, a cargo del abogado René Fernández, que depende directamente de la Presidencia de la República, tenga un ojo avizor, incluso cuando, como en el caso comentado, no se recurre a la contratación directa, sino a la licitación pública. Por supuesto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cuyo frente está el abogado Pablo Seitz, tendría que alarmarse cuando se modifica una y otra vez el pliego de bases y condiciones, acaso para que haya un solo oferente. La DNCP cuestionó, en diciembre de 2019, que el Ministerio de Salud Pública no haya difundido lo bastante la segunda etapa de un proceso licitatorio para la compra –justamente– de un software a ser destinado al Hospital Nacional de Itauguá. ¿No tiene nada que objetar en este caso?
Por de pronto, ya antes de convocar al Palacio de Gobierno al presidente del Consejo de Administración del IPS, el presidente Abdo Benítez tendría que ejercer la facultad que le otorga el art. 4º, inc. g), de la Ley Nº 64 y, por tanto, suspender pagos, con independencia de las fuentes de financiamiento, para asumir los gastos generados por la pandemia. Los 39.886 millones de guaraníes del IPS –entidad directamente afectada a la atención de la emergencia sanitaria– podrían tener mejor destino, más aún considerando que, como también afirma la Cisoft, “los diferentes hospitales y servicios del mismo IPS no deberían tener sistemas diversos, adquiridos y pagados en forma individual. Se trata de una institución con un solo marco normativo y técnico”. El gasto, pues, sería irracional, aunque el proceso licitatorio fuera impecable y no generara ninguna sospecha.
El Jefe de Estado tiene así motivos suficientes para volver a intervenir en favor de la transparencia y de la optimización de los recursos, más aún en este estado de emergencia. Por su parte, los consejeros deben poner mucho mayor celo en defensa de sus representados, y no dejar que sus excelentes dietas les nublen la vista. No puede permitirse que este nuevo escándalo llegue a feliz término para sus protagonistas.