Las denuncias de polución de ríos y arroyos y la mortandad de peces han sido recurrentes en los últimos años, entre otras tantas degradaciones del medio ambiente, sin que se haya conocido de intervenciones y de sanciones ejemplarizadoras a los infractores. Solo en días recientes, tenemos una descomunal mortandad de peces en el río Montelindo y una reiterada polución en un arroyo de Mariano Roque Alonso.
En este último caso, una nueva denuncia realizaron pobladores de este distrito sobre la calamitosa contaminación que registra el arroyo Cañada del Carmen, que desemboca en el arroyo Itay y este en el río Paraguay, cuya corriente prácticamente atraviesa todo el municipio. Este curso de agua se ha convertido en un desaguadero de mataderos, frigoríficos y viviendas instalados en su ribera. Las zonas más afectadas por la práctica criminal incluyen numerosos barrios de esta localidad, cuyos pobladores han venido reclamando constantemente a las autoridades que pongan fin a este desastre ambiental traducido en aguas negras con espumas, y a veces teñidas con sangre de reses. A esto se suman las toneladas de basuras de todo tipo que, además de taponar y estancar el curso del agua, despiden olores nauseabundos, con riesgos para la salud de los moradores.
Ante el hecho acaecido, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que debe estar a la vanguardia del resguardo de los cursos hídricos del país, tomando cartas en el asunto envió unos “fiscalizadores” a una de las empresas supuestamente contaminante, denominada “El Ciñuelo”, considerada una de las más grandes mataderías apostadas en la margen del mencionado arroyo, con el fin de verificar la realidad de las denuncias. Para sorpresa de los moradores, finalmente el Mades concluyó que los funcionarios comisionados “no constataron nada irregular”, es decir, los interventores, que ni siquiera han sido capaces de percatarse de la pestilencia del lugar, mucho menos pudieron captar las evidencias que generalmente arroja una investigación de esta naturaleza.
Como señalamos, la realidad ambiental que afecta al distrito de Mariano Roque Alonso a causa de la contaminación del arroyo Cañada del Carmen no es un caso aislado en el concierto ambiental de los recursos hídricos del Paraguay. Recordemos nada más las deplorables condiciones ambientales del lago Ypacaraí, que además de ser considerado como la expresión más elocuente del ecocidio paraguayo, supone la máxima manifestación del desprecio por la naturaleza, propiciado por la incompetencia, la ineptitud y la torpeza de autoridades que no fueron capaces de impulsar el saneamiento de un recurso hídrico tan caro al sentimiento cultural y ecológico de los paraguayos. Se sabe que numerosas empresas –a más de los residuos domiciliarios– arrojan sus desperdicios a los arroyos tributarios de este emblemático espejo de agua. En estos días de prolongada inactividad de varias industrias, se ha hablado incluso de que en algunos lugares las aguas del lago han presentado una mayor transparencia que lo habitual. ¿El Mades? No existe para estas empresas contaminantes. Las fiscalías del ambiente tampoco se hacen sentir para combatir la degradación de nuestros recursos naturales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otro caso deplorable, repetido hasta el hartazgo, es el que suele afectar al arroyo Caañabé, en el municipio de Carapeguá, donde ya en varias ocasiones se ha denunciado la mortandad de peces, sin que se conozca que el Mades, y su antecesora la Secretaría del Ambiente (Seam), hayan aplicado alguna vez una sanción que disuada a los contaminadores. Por eso ha de ser que la situación se repite eternamente.
Y hablando de mortandad de peces, en los últimos días se reprodujeron en las redes sociales dramáticos testimonios gráficos de una verdadera catástrofe en el río Montelindo, del Chaco, de alarmantes mareas de peces muertos, incluyendo hasta cocodrilos, bajando por el río. Como siempre ocurre, ya se anunció que el Mades “investiga” el caso. Lo que luego nunca se sabe con certeza es la verdadera causa, y mucho menos si se encontró a alguna empresa o persona responsable de la catástrofe y se le aplicó alguna sanción.
Realidades como estas nos remiten directamente a esa institución ambiental del Gobierno, que es la responsable de monitorear la calidad de los cursos hídricos del país, pero que, ante la falta de respuestas competentes a los casos condenables que se presentan, la ciudadanía tiene derecho a poner en tela de juicio la eficacia del Mades y preguntarse sobre la conveniencia de su mantenimiento, que tiene su buen costo en el Presupuesto nacional.
De acuerdo a su portal institucional, esta entidad estatal tiene la misión de “Lograr que el desarrollo nacional se realice de acuerdo a los parámetros de calidad ambiental optimizando los bienes y servicios ecosistémicos, garantizando la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, a través de la gobernanza ambiental”. Es más, a través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, tiene el deber, según el art. 25 de la Ley 1561/2000, de formular, coordinar y evaluar políticas de mantenimiento y conservación de esos recursos y sus cuencas, asegurando el proceso de renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua, la capacidad de recarga de los acuíferos, el cuidado de los diferentes usos y aprovechamiento de los mismos, preservando el equilibrio económico, todo ello, dentro del marco legal de la Ley 3239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay. ¿Qué parte de estos postulados cumple el Mades? Está demostrado así, una vez más, que el solo cambio de nombre (de Seam a Mades), elevando el rango de Secretaría a Ministerio, solo sirve para crear nuevas dependencias y contratar más personal, pero sin mejorar un ápice su eficiencia.
En efecto, siendo estos los cometidos del Mades, ¿cómo se comprende que la mayoría de los cursos de aguas estén en una situación lamentable? Ante tan irrelevante actuación, esta dependencia va camino a convertirse en la más inoperante del voluminoso aparato estatal.