Operativo Ñemoperõ Paraguay

Los mandos medios y bajos involucrados en la escandalosa contratación de insumos para combatir el covid-19 por el Ministerio de Salud Pública han prendido el ventilador, empezaron a hablar y nos dejan mudos ante el volumen de excremento que están despidiendo a cada hora que pasa. Se ha iniciado el popular “sálvese quien pueda”. Con cada revelación, son varias las autoridades que se van hundiendo en un mar de contradicciones, fechas, datos, montos y cifras varias; se va armando un rompecabezas que despide un hedor nauseabundo y certezas irrebatibles. Todo lo que está saliendo a la luz desdibuja el relato oficial y va apuntando a los más altos mandos del ministerio y a la cúpula del mismísimo Gobierno de Mario Abdo Benítez. El Ministerio Público, en caso de no tener las manos atadas por algún motivo, debe caer sin contemplación sobre todos los cómplices y encubridores de este escándalo que no tiene precedentes, no por el monto del dinero en juego sino porque aprovecharon una pandemia, el endeudamiento, el hambre, la carestía económica, la enfermedad y la muerte para asaltar el dinero público.

Los mandos medios y bajos involucrados en la escandalosa contratación de insumos para combatir el covid-19 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) han prendido el ventilador, empezaron a hablar y nos dejan mudos ante el volumen de excremento que están despidiendo a cada hora que pasa.

Se ha iniciado el popular “sálvese quien pueda”.

Con cada revelación, son varias las autoridades que se van hundiendo en un mar de contradicciones, fechas, datos, montos y cifras varias; se va armando un rompecabezas que despide un hedor nauseabundo y certezas irrebatibles. Todo lo que está saliendo a la luz desdibuja el relato oficial y va apuntando a los más altos mandos del ministerio y a la cúpula del mismísimo Gobierno de Mario Abdo Benítez.

El Presidente de la República y el ministro Julio Mazzoleni tienen que explicar qué hacían altos funcionarios y empleados de las Entidades Binacionales, cercanos al Jefe de Estado, actuando como intermediarios de negocios en el Ministerio de Salud, cuando sus atribuciones NADA tenían que ver con el ámbito sanitario. Uno de los que ayer rompió el silencio, el exdirector financiero del MSPyBS Alcides Velázquez reveló que el procesado Édgar “Beto” Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), era uno de ellos. Melgarejo participaba de reuniones en el mismo ministerio, y una testigo confirmó a nuestro diario que es quien aparecía repetidamente por las oficinas con muestras de insumos para comprar. Melgarejo, en estos momentos imputado por la compra de “mascarillas de oro” para la entidad que presidía, ¿qué hacía también detrás de esta multimillonaria licitación?

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Otro de los nombres revelados por Velázquez apunta a Raúl Silva Busto, abogado, amigo del presidente Abdo Benítez, exsíndico de quiebras y actual secretario del Comité Ejecutivo de Yacyretá. ¿Qué tenía que hacer intermediando negocios en Salud Pública? Se puede ver la gran influencia de ambos personajes mirando una foto en la que aparecen entregando una donación de insumos a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñónez. No hace falta ser adivino para dibujar el peso y mando que ambos tenían cuando se iniciaba el “Aislamiento General Preventivo” establecido por el Gobierno. Para ser lo más elegantes posible, se puede decir que “estaban en todas”.

El primero que prendió el ventilador fue el abogado Pedro Santander, a quien le cupo estar en la Comisión de Evaluación. El asustado funcionario público reveló que en menos de 24 horas tuvieron que firmar una evaluación que nunca hicieron, que tuvieron que avalar la compra “porque ya estaba todo listo”. En la carpeta que les llevaron estaban dos dictámenes: uno de la Unidad Operativa de Contrataciones y otro de la Dirección General de Asesoría Jurídica. También habían agregado la resolución de adjudicación, los contratos firmados y hasta una planilla de transparencia para el pago de los anticipos en dos cheques.

Al atardecer del 6 de abril, les entregaron todo consumado al Comité de Evaluación, y al día siguiente, a las 9:00, aproximadamente, se terminó de rematar. El abogado Santander citó a varios testigos y dijo que el director de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano, les dijo a sus miembros que debían apurarse con los procedimientos porque los insumos ya estaban en el aeropuerto Silvio Pettirossi, y ¡¡¡llevaban varios días en depósitos de Dinac!!!

Santander dice además que le llamó la atención que se firmaran cheques para pagar en lugar de las habituales transferencias a cuentas bancarias. Dado el nivel de podredumbre no sería fantasioso desconfiar que un cheque es una condición que facilita enormemente ocultar la trazabilidad del dinero para repartirlo entre quienes van a cobrar.

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Si hasta aquí ya el proceso licitatorio venía a los tumbos, la aparición de un documento firmado por el director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Gustavo Irala, pone el sello de ilegitimidad a todo el proceso y confirma lo dicho por Contraloría: hubo irregularidades en TODAS las etapas del mismo. El aludido documento tiene fecha del 3 de abril, y en el mismo el citado asesor jurídico le confirmó al ministro Julio Mazzoleni que estaban reunidos los requisitos y que ya podía firmar la “resolución por la cual se acredita el supuesto de excepción, se ratifica lo actuado por el comité de evaluación y se adjudica la contratación de referencia”.

El abogado Irala fue un verdadero adivino. En su aludido informe del 3 de abril dijo que el 1 de abril ya se había hecho la evaluación que recomendaba la adjudicación de insumos médicos a Eurotec. Sin embargo, según el abogado Pedro Santander, miembro del comité de Evaluación, recién el 6 de abril les pusieron a consideración, y lo firmaron recién al día siguiente. Una de las evidencias quedó estampada en un whatsapp del 1 de abril; en él, la Comisión de Evaluación pedía a la Unidad Operativa de Contrataciones las pruebas para hacer su informe; entre otras cosas, solicitaban catálogos de productos, folletos, datos sobre la empresa, certificados sanitarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y muestras de los insumos.

Si algo más faltaba entre las acusaciones que están saltando, el exdirector financiero de Salud Pública, Alcides Velázquez, dijo ayer a ABC Cardinal que él entendía que se pretende satanizar a toda el área administrativa del Ministerio de Salud, ignorando la responsabilidad de otros sectores que no están saliendo a contar la verdad. Apuntó al corazón de la estructura del Ministerio de Salud, desde Julio Mazzoleni por arriba, siguiendo por todos los estamentos inferiores. Agravó más sus dichos denunciando que hay injerencia política en toda esta hedionda operación.

Es tan fétido y miserable lo que está saliendo a la luz que al Gobierno y a la justicia debería darles vergüenza mirar al rostro de 7 millones de paraguayos. El día que el presidente Mario Abdo Benítez anunció el “Aislamiento Preventivo General”, pidió a todo el país sacrificio y tolerancia. La población se sometió al pedido, cumplió estrictas medidas, y hasta hubo más de 3.000 compatriotas imputados por casarse, hacer una peña, festejar un cumpleaños o ir en moto a intentar trabajar. Mientras hervían las ollas populares y el abrazo solidario se agrandaba, los corruptos maquinaban para robar a una población atemorizada a la que se le decía que no habían insumos, hospitales ni protección para defendernos de la enfermedad y la muerte. Mientras los pobres ayudaban a los pobres, una red de delincuentes atracaba las arcas públicas usando la carencia como excusa para lucrar.

El Ministerio Público, en caso de no tener las manos atadas por algún motivo, debe caer sin contemplación sobre todos los cómplices y encubridores de este escándalo que no tiene precedentes, no por el monto del dinero en juego sino porque aprovecharon una pandemia, el endeudamiento, el hambre, la carestía económica, la enfermedad y la muerte para asaltar el dinero público. Hoy no tenemos ni el adelanto que se desembolsó ni los insumos.

Mientras la gente humilde se peleaba en Ñangareko por una bolsa de fideos, arroz, aceite, azúcar y jabón, los ladrones de guantes blancos fabricaban excusas para delinquir a niveles monumentales. Mientras los obreros e informales trataban de cobrar el Pytyvõ y los fondos de IPS, los asaltantes urdían planes y firmaban cheques para repartir. A esta hora ya tenemos derecho de presumir los peores escenarios, inclusive, que hubo un operativo que no se viralizó como el Ñangareko y el Pytyvõ: el operativo Ñemoperõ Paraguay.

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