El berrinche de Marito

En un vehemente discurso político en Itapúa, el presidente Mario Abdo Benítez se mostró colérico e indignado porque empiezan a escucharse voces que exigen la responsabilidad de su ministro Julio Mazzoleni, ordenador de gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y jefe institucional de dicha cartera. El Presidente denunció que “poderes fácticos” quieren hacer fracasar, mediante denuncias sobre la corrupción en la mencionada secretaría de Estado, el éxito que se está alcanzando en la lucha contra el covid-19, que en países vecinos está causando preocupación por su letalidad. Fue indudablemente un lapsus del Presidente, quien enceguecido tal vez por el disgusto, confundió a la Contraloría General de la República, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a su propio encargado de velar por la corrección de las compras para combatir el covid-19, Arnaldo Giuzzio, con los mentados “poderes fácticos”, pues fueron esas tres instancias las que constataron plenamente las prácticas corruptas que campean en plena pandemia en el ministerio que dirige Mazzoleni.

En un vehemente discurso político en Itapúa, el presidente Mario Abdo Benítez se mostró colérico e indignado porque empiezan a escucharse voces que exigen la responsabilidad de su ministro Julio Mazzoleni, ordenador de gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y jefe institucional de dicha cartera.

El Presidente denunció que “poderes fácticos” quieren hacer fracasar, mediante denuncias sobre la corrupción en la mencionada secretaría de Estado, el éxito que se está alcanzando en la lucha contra el covid-19, que en países vecinos está causando preocupación por su letalidad.

Fue indudablemente un lapsus del Presidente, quien enceguecido tal vez por el disgusto, confundió a la Contraloría General de la República, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a su propio encargado de velar por la corrección de las compras para combatir al covid-19, Arnaldo Giuzzio, con los mentados “poderes fácticos”, pues fueron esas tres instancias las que constataron plenamente las prácticas corruptas que campean en plena pandemia en el ministerio que dirige Mazzoleni.

Es posible que un cuarto “poder fáctico” haya estado en la mente presidencial durante su apasionada alocución en Itapúa: la prensa. En medio de tantas confusiones, el Presidente además olvidó el derecho constitucional a la información del que gozan los ciudadanos.

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El Jefe del Poder Ejecutivo alentó a Mazzoleni a no amilanarse ante las denuncias de corrupción, como si los informes de Auditoría del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas y la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 que encabeza Giuzzio fueran puros inventos. Lo deseable hubiera sido que alentara a las mencionadas instituciones a profundizar sus pesquisas. Eso, en el caso de que deseara que se aclare el turbio asunto.

El Presidente no debería temer las denuncias; al contrario, ante la mínima sospecha de corrupción, debería separar a las autoridades comprometidas en actos irregulares, para evitar que durante la lucha contra el covid-19 permanezcan en cargos importantes personas que deben dedicar su atención a disipar las dudas que sus actuaciones generan en el dispositivo de control. La inocencia de estas se presume, pero durante el tiempo pagado por el pueblo no deben dedicarse a otra cosa más que a la campaña sanitaria en vigor.

Sin embargo, el nervioso discurso del Presidente indica que teme las denuncias. Y la pregunta es por qué las teme. Tal vez, porque las denuncias involucran a allegados suyos, que forman parte de su círculo íntimo, como Édgar Melgarejo, expresidente de la Dinac; Mónica Seifart, asesora jurídica de la Presidencia de la República; Raúl Silva, secretario del Comité Ejecutivo de Yacyretá, y hasta el ministro Alejandro Peralta Vierci, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, al que se le contó lo que pasaba. El primer mandatario separó a Melgarejo, pero la actuación de todos ellos en la fallida compra de insumos chinos no puede explicarse sin “licencias para operar” concedidas por el propio Marito.

Es inconcebible cómo se está tratando de minimizar y difuminar la responsabilidad de lo ocurrido en Salud Pública, eje clave y neurálgico para la provisión de insumos ante una pandemia peligrosa y mortífera como el covid-19. Ni Mazzoleni ni Abdo Benítez debieran esperar un minuto más para adoptar medidas más drásticas y desmarcarse de los graves hechos detectados en el ministerio, que no sea que pase lo que acaba de ocurrir en Petropar y termine arrastrando a toda la conducción sanitaria en medio del huracán que se está asomando. Los justos que están trabajando bajo presión desde que comenzó la tormenta no deben ser salpicados por los pecadores.

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Mientras caía la tarde del viernes último, desde la Fiscalía caían también 22 imputaciones por el caso Petropar. Nueve de ellas sobre las cabezas de casi toda la cúpula durante el actual Gobierno; desde Patricia Samudio, extitular del ente estatal hasta el titular de la Dirección Operativa de Contrataciones, la gerenta de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; el asesor jurídico de la Presidencia, el jefe interino de la Sección Recepción y Entrega de Bienes, el jefe interino de la Sección de Egresos, el jefe del Departamento de Tesorería, el director financiero y hasta el auditor interno. La guillotina cae, por el momento, sobre todos ellos por culpa de la adquisición de mascarillas N95 y de agua tónica.

El monto del detrimento negativo en Petropar –que sospecha la Fiscalía– es de unos 134.500.000 guaraníes. Comparativamente, el escándalo en Salud Pública es descomunalmente mayor: solamente el anticipo por mercaderías no proveídas asciende a unos G. 18.000 millones de un total de G. 85.000 millones. ¡La diferencia es exorbitante!

Hasta ahora, en Salud Pública fueron separados otros funcionarios de muy menor rango, o se vieron alentados a renunciar. Todos los demás, desde Melgarejo hasta los que siguen impunes sentados en sus oficinas, pasando por los mencionados funcionarios, están en sus casas a pesar de que las consecuencias de sus actos pueden todavía ser catastróficas para la salud pública, y derribar en pocos días la contención del covid-19, que Marito invoca para pedir que no se hable de la corrupción.

Y mientras ellos gozan de la comodidad de sus residencias, cientos de ciudadanos, cuya inocencia también debe ser presumida, han sido imputados por violar la cuarentena sanitaria, aunque estas inconductas jamás podrían impactar en la lucha contra el covid-19 como lo hace la corrupción en el Poder Ejecutivo, la de guante blanco y “ruido de copas y tenedores”, al decir del ministro del Interior, Euclides Acevedo.

Ese solo dato debería hacer ver a un enceguecido Mario Abdo Benítez que no hay ya lugar ni paciencia para excusas destinadas a mantener a gente que no hace bien el trabajo en sus cargos ni para evitar que se investigue incluso a Julio Mazzoleni.

El pueblo paraguayo, que es en instancia real el que ha detenido el avance de la pandemia con su conducta ejemplar –por lo menos hasta la apertura de la cuarentena inteligente–, no merece que sus autoridades se enriquezcan a costa de generar miserias y, menos, de arriesgar los éxitos contra el covid-19 por la corrupción en el poder.

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